Un fiscal federal de Rosario pidió la indagatoria de 21 policías en la causa por la desaparición forzada de Franco Casco, el joven bonaerense que en octubre de 2014 estuvo 22 días inhallable tras pasar por la comisaría 7ª, ubicada en Cafferata 342, y fue encontrado muerto en el río Paraná, informaron este jueves fuentes judiciales.
La misma medida fue presentada esta mañana por la Defensoría General de la Nación, que representa al padre de la víctima, aunque en su caso solicitó al juzgado federal 3 de Rosario la indagatoria de 28 personas, indicó un comunicado del organismo.
Por su parte, la querella particular de la hermana y el hijo de Franco Casco, sumó en su pedido de indagatoria a una médica policial, tres profesionales del Instituto Médico Legal (IML) y un vecino al que le endilga participación en el encubrimiento del crimen, dijeron los abogados.
Las tres presentaciones apuntan al entramado policial que intentó desviar la investigación por la desaparición del joven albañil, que en un primer momento fue caratulada como búsqueda de paradero y tramitó en la Justicia ordinaria de Rosario.
En octubre de 2014 Franco Casco (20) llegó a Rosario desde Florencio Varela, donde estaba en pareja y tenía un hijo, a visitar a una tía. Según la investigación, el 6 de ese mes se despidió de los familiares para volver en tren a Retiro, estación a la que nunca arribó.
De acuerdo a la causa, el joven estuvo entre la noche del 6 y la madrugada del 7 en la seccional 7ª de Rosario, desde la que le dijeron a su tía que había sido demorado y luego puesto en libertad.
El 30 de octubre su cuerpo apareció flotando en el río Paraná, donde lo encontró Prefectura Naval Argentina.
La autopsia determinó que Casco no había muerto por sumersión sino que ingresó sin vida al agua, ya que no se encontró plancton en los pulmones.
El pedido de indagatoria del fiscal federal Marcelo Degiovanni señala que “los testimonios recolectados durante la instrucción así como los demás elementos de prueba certifican que la víctima estuvo detenida en la comisaría 7ª de Rosario durante la madrugada del 6 de octubre de 2014, en la que se suscitaron los gritos y golpes que pudieron escuchar los internos, por lo que la falsedad de las actuaciones policiales confeccionadas en torno al caso resulta ‘palmaria’”.
También sostiene que “se pudo establecer que la víctima, tras su desaparición, recibió al menos un fuerte golpe en vida que le provocó el desprendimiento de tres dientes”.
El fiscal recuerda en su presentación que la Policía local dijo primero que lo habían detenido por resistencia a la autoridad porque “estaba drogado”, y que luego lo liberaron.
Como posible ingrediente del entramado, apareció un vecino de la zona de la seccional que dijo haberlo visto el 7 de octubre al mediodía y que llamó a la policía por su actitud sospechosa.
Según explicó uno de los abogados querellantes, se probó que el vecino no había llamado ni al 911 ni al fijo de la sede policial –como había dicho– sino al celular del jefe de la comisaría, según le dijo el letrado a la agencia de noticias Télam.
“Incluso se fraguó una causa falsa contra la víctima con el objetivo de legitimar su detención”, señala la presentación de la DGN.
Según la fiscalía, se recogieron 24 testimonios de personas que estuvieron detenidas esos días en la seccional 7ª, quienes coincidieron en “que el personal de esa dependencia realizaba –cotidianamente– sobre los jóvenes allí alojados tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”.
Además de las dos guardias de la seccional presuntamente involucradas en el hecho, las indagatorias solicitadas por las partes incluyen a cinco policías de la División Asuntos Internos, quienes para el fiscal plantaron “pistas falsas” con el fin de encubrir los hechos.
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