Otra empresa industrial al borde del cierre: la petrolera Bravo Energy, en San Lorenzo, bajó las persianas y suspendió sin goce de sueldo a todo su personal. Peligran 35 puestos de trabajo. La misma firma responsabiliza al gobierno nacional.
Se trata de una nueva «picardía» empresaria –parafraseando al presidente Mauricio Macri, a quien cita un dirigente gremial– que, de no revertirse, dejará a otros 35 trabajadores en la calle. Como todos los días, el pasado 18 de agosto, los empleados de la empresa Bravo Energy, en San Lorenzo, fueron a trabajar pero se encontraron con la sorpresa de un candado en el portón y un guardia que les dijo que no se podía ingresar a la planta tratadora de residuos de aceites industriales y petróleos crudos. Recién con el paso de las horas, en pequeños grupos pudieron entrar y retirar sus pertenencias. Durante esa jornada ya empezaron a llegar los primeros telegramas que afectaron a todo el personal y, finalmente, se repartieron en 17 despidos y 18 suspensiones por 30 días sin goce de sueldo. No se salvó nadie, ni siquiera los apoderados que le pusieron el cuerpo a la firma –de socios argentino y estadounidenses– en la frustrante primera audiencia del pasado 22 de agosto en la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo provincial. Y un día después, aseguran, ellos también recibieron lo suyo. El jueves pasado los empleados rechazaron –también mediante telegramas– las notificaciones y, ahora, se encuentran a la espera de la próxima audiencia prevista para el miércoles 30 de agosto al mediodía, para la que exigieron la presencia de representantes de la patronal, al menos del socio argentino Marcelo Falvo, quien también tiene empresas en el Parque Industrial de Burzaco (Buenos Aires).
De acuerdo al contenido de los telegramas, la patronal atribuye al cierre a “las medidas que fueron adoptadas por el gobierno nacional de turno”, que le “ha generado un excesiva onerosidad de gastos por el desarrollo de la misma, generando una grave crisis tanto de producción como financiera”.
En ese sentido, se sabe que pasaron de pagar 25 mil a 125 mil pesos de luz y que deben cien mil dólares de facturas gas; pero lo más grave es que también hay atraso de salarios, los que desde hace rato se venían abonando a destiempo y de manera fraccionada. Además, la compañía tiene una millonaria deuda de aportes patronales con el sindicato y con su obra social, que el gremio siempre trató de poner en segundo plano para que, ante todo, se cobraran los haberes completos.
Según los empleados –cuyas antigüedades oscilan entre el año y medio y los once años–, la fábrica también venía a los tumbos por desavenencias entre sus socios respecto de qué actividades desarrollar dentro del rubro, y desde agosto no producía supuestamente porque había una limpieza general programada a la espera de nuevas maquinarias. De hecho, a principios de mes vinieron los patrones norteamericanos, se expresaron en ese sentido, llegaron a arriesgar fecha del arribo de las máquinas y en ningún momento dejaron entrever que iban a cerrar la fábrica.
También la firma adujo que carecían de materias primas lo que para los trabajadores es un argumento sin sustento, ya que el propio Falvo es titular de empresas que le permiten acceder a los insumos. Incluso, días antes del cierre habían ingresado camiones cargados con 180 metros cúbicos de crudo al que tenían previsto darle un tratamiento a pedido de un cliente.
Lo cierto es que los empleados de Bravo se sienten despedidos, sobre todo porque en la audiencia no hubo señales de que la empresa quisiera retomar la actividad.
“El gerente (Lisandro De Giovanni) no pudo decir nada y, según nos contó, al día siguiente a él y a su hermana (Cecilia, contadora) también los suspendieron. Estamos a la espera de la próxima audiencia, que venga el dueño y diga algo: que va a pagar, que va a reactivar”, señala Leandro Re, delegado de los trabajadores.
La sede sanlorencina del Sindicato de Petróleo, Gas y Combustibles, es el sitio que Leandro Re propuso para referirse a la situación de Bravo Energy y lo hace junto al titular del gremio, Rubén Pérez, y a otros referentes sindicales.
Ni el acompañamiento ni el lugar son meras formalidades, el sindicato ha estado desde el primer momento con los trabajadores de la procesadora de residuos y, sobre todo, ha incidido en la estrategia frente al conflicto con el propósito de recuperar los puestos de empleo. Para ello, decidieron no tomar fábrica –solo se permaneció a las puertas los primeros días– y no se plantean realizar cortes de ruta, lo que presupone una actitud cautelosa ante la siempre amenazante presencia de Gendarmería, que por estos días viene dando sobradas pruebas de su predisposición a reprimir. Como dirán los mismos dirigentes, el temor era que “cagaran a palos a algún muchacho o le hicieran tocar el pianito”.
“La presencia de Gendarmería ha sido permanente. Ellos (el gobierno) no quieren cortes, la tienen clara: el cereal tiene que llegar a puerto y la ruta no debe estar cortada, porque la prioridad no son los ciudadanos sino los camiones que lleven los productos agropecuarios a las terminales. Le están cuidando los garbanzos a los muchachos del campo”, afirma Pérez, quien acompañará a cada intervención con reflexiones acerca del deber ser del sindicalismo y también con críticas a las políticas del gobierno de Macri.
De hecho, más allá de lo específico del conflicto, entiende que el contexto económico ha sido determinante en el cierre; pero se permitirá algunas consideraciones sobre la manera en que Macri entiende las relaciones entre capital y trabajo: “Él dice que los dirigentes sindicales somos mafiosos y que los empresarios solo hacen «picardías»”.
A la espera de la próxima audiencia en el Ministerio –hacia donde se volverán a movilizar los 35 empleados–, Bravo Energy sigue en el estado en que la dejó «la picardía» de sus dueños. Cerrada con candado, materia prima para producir en su interior, un portero que no deja pasar a nadie y los gendarmes rondando. Por las dudas.
Fuente: El Eslabón
