Con una multitudinaria movilización que unió los tribunales provinciales con la sede local de gobernación, miles de rosarinos participaron de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil este lunes. También se exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Convocada por la Multisectorial contra la violencia institucional de Rosario, que integran familiares de víctimas y organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, la masiva movilización puso en el blanco de las críticas el rol del Poder Judicial y los diferentes gobiernos.
Tras partir a las 18 desde los tribunales provinciales y pasar por la sede de la Justicia Federal, donde tramitan algunos de los casos más emblemáticos de violencia institucional de la ciudad, como los de Franco Casco y Gerardo Pichón Escobar, la movilización llegó alrededor de las 19 a la sede de gobernación.
Frente a la plaza San Martín, circuló la palabra entre familiares de la víctimas de gatillo fácil, organismos de derechos humanos y se leyó un documento elaborado por la Multisectorial. En el texto, se remarcó que la marcha, realizada en sintonía con una movida nacional, se llevó a cabo para “exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de armar causas, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer a nuestros jóvenes”.
“El año 2013 registró un récord de homicidios dolosos y se intensificaron los casos de gatillo fácil. Marchamos en Rosario para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardoso, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero y por tantos otrxs pibes víctimas de violencia institucional”, planteó en uno de sus tramos el texto.
En el documento, se denunció que “cada 25 horas el Estado mata a un pibe o piba” y que “no se trata de casos aislados sino que son prácticas sistemáticas, extendidas en el tiempo y focalizadas hacia los y las jóvenes de sectores populares realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y permitidas, avaladas y/o generadas por los responsables políticos de los diferentes niveles de gobierno”.
Antes de leer el documento –que a continuación se reproduce completo– los organizadores del acto reclamaron desde los micrófonos la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que fue visto con vida por última vez mientras lo detenían agentes de Gendarmería que reprimieron a una comunidad mapuche en Chubut.
Documento de la Multisectorial contra la violencia institucional
Los familiares y las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales, culturales y de Derechos Humanos que conformamos la Multisectorial Contra la Violencia Institucional Rosario nos sumamos a la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Hoy unimos nuestras voces, desde distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de armar causas, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer a nuestrxs jóvenes.
En nuestra ciudad la historia reciente muestra la profundización de estas prácticas. El año 2013 registró un récord de homicidios dolosos y se intensificaron los casos de gatillo fácil. Marchamos en Rosario para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardoso, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero y por tantos otrxs pibes víctimas de violencia institucional.
Cada 25 horas el Estado mata a unx pibx. No se trata de casos aislados sino que son prácticas sistemáticas, extendidas en el tiempo y focalizadas hacia los y las jóvenes de sectores populares realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y permitidas, avaladas y/o generadas por los responsables políticos de los diferentes niveles de gobierno. Al mismo tiempo, son sistemáticamente negadas. Prácticamente ningún área estatal produce información sobre el tema, ni implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, así como para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares. Involucra, entonces, a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local. Las víctimas y sus familiares tienen que realizar un trabajoso proceso político para que sean reconocidas, así como en su momento tuvieron que realizarlo nuestras Madres, nuestras Abuelas y nuestros HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad los familiares de los asesinados en la represión del 19 y 20 de Diciembre del 2001 y los Padres del Dolor. Y como tuvieron que hacer los familiares del Triple Crimen, asesinados con complicidad policial.
El Poder Ejecutivo es responsable por la actuación de la policía, del servicio penitenciario y de las fuerzas de seguridad y sus prácticas abusivas; por la sobrecriminalización, especialmente, de jóvenes de sectores populares. Asimismo, por no contar con políticas adecuadas para su detección, prevención y sanción. El gobierno de Santa Fe es el responsable de la creación de una fuerza de choque como la Policía de Acción Táctica que tuvo su bautismo de fuego con el fusilamiento de Jonatan Herrera junto al Comando Radioeléctrico y que ejecutó dos años después a David Campos y Emanuel Medina. Los sucesivos ministros de seguridad avalaron las versiones policiales, dieron por vivo a Franco Casco, por ejemplo, cuando ya había sido asesinado y arrojado al río Paraná y justificaron el accionar de las fuerzas a su cargo. En este sentido, repudiamos los recientes dichos del Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, respaldando el accionar policial y habilitando, en consecuencia, prácticas policiales abusivas.
El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta tanto por parte de los jueces como de los fiscales en la investigación y sanción de estos graves delitos. En casi todos los casos avalan el relato policial y permiten que la policía involucrada realice las primes actuaciones, posibilitando la alternación del escenario de los hechos, como plantar armas, esconder pruebas y amedrentar testigos, como por ejemplo en la reciente ejecución de David y Emanuel. Y como denuncian los familiares de Alexis Berti. Focalizan sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de a los victimarios. Otras investigaciones directamente no se trabajan, como ha quedado en evidencia con los pedidos de archivo de las causas de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce y Carlos Godoy, impedidos en las calles gracias a la lucha popular. En otras se incumplen las reglas básicas para la adecuada investigación, como en el caso de María de los Ángeles Paris, que no fue investigada como una muerte en custodia. Finalmente, los jueces no sancionan adecuadamente estas graves violaciones a los derechos humanos como hemos visto en la bochornosa sentencia por el fusilamiento de Jonatan Herrera y de Michel Campero.
El Poder Legislativo, por su parte, es responsable por la producción y sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura” y por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura, que pudiese haber evitado, por ejemplo, los maltratos recibidos por las mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria Número 5.
La violencia estatal, que es una de las deudas más importantes de nuestra democracia, se recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. El gobierno de Cambiemos reprime la protesta social, intenta dejar en libertad a los represores de la última dictadura cívico-militar, implementa políticas de seguridad cada vez más punitivas y es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Nos preocupa, asimismo el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima este accionar del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos.
Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y militancia de víctimas, familiares y amigos/as de las víctimas, con el apoyo y trabajo de las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de Derechos Humanos podremos resistir y revertir estas prácticas y crear nuevos acuerdos comunitarios que establezcan límites a lo que permitimos como sociedad y en donde los pibes y las pibas dejen de ser matables.
Exigimos la adecuada investigación y sanción de todos los casos de violencia insitucional
Basta de gatillo fácil
No al 2×1 a los genocidas
No a la baja de edad de imputabilidad
No a la ley 24660
Ni un pibe ni una piba menos
Ni una bala más
El Estado es responsable
Aparición con vida de Santiago Maldonado ya!
