Cada día, cada minuto, es vital. Santiago Maldonado fue desaparecido hace un mes, el 1° de agosto. El reclamo es ya, ahora, y por su aparición con vida. La familia piensa que está vivo. Los organismos de derechos humanos esperan que esté vivo. Por eso es urgente hoy, mañana y pasado demandar su aparición con vida y preguntar dónde está. Y exigir al Estado que ponga todos sus recursos para encontrarlo.
El juez de la causa Guido Otranto caratuló la investigación como “desaparición forzada”, que es una calificación que se utiliza sólo para los casos donde hay participación del Estado en el secuestro y ocultamiento de una persona.
Y lo hizo porque tiene datos de que la Gendarmería lo subió una camioneta el 1 de agosto cuando reprimió a una comunidad mapuche de Chubut y desde ese día no se lo vio nunca más. No es un capricho, como dice el gobierno, hablar de desaparición forzada. Lo dice el magistrado que investiga el hecho.
La situación tiene un contexto político inequívoco y se enmarca en la decisión también política que tomó el gobierno de Mauricio Macri de reprimir la protesta de la comunidad mapuche de Cushamen (Chubut), que pide la libertad de su líder Facundo Jones Huala y demanda tierras –tal cual le promete la Constitución argentina a los pueblos originarios– en las que aseguran haber vivido durante siglos. Las tierras en disputa fueron apropiadas por la multinacional Benetton, que dicho sea de paso, “presta” una de sus estancias para que se asiente un destacamento de Gendarmería.
El tema es político, sí, porque el gobierno resolvió políticamente abordar el conflicto por la vía represiva, con un enorme despliegue de gendarmes y policías. Y porque no hay protesta que no sea política. Ya sea de estudiantes en un colegio, de trabajadores en una fábrica, de desocupados, mapuches o chacareros en una ruta.
Acorralado por la “peligrosa” pregunta sobre ¿Dónde está Santiago Maldonado? –según palabras del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj–, el gobierno nacional ataca a organismos como Madres, Abuelas, APDH o Hijos, y macartea a los docentes cuando proponen hablar el tema en las escuelas, tal cual los habilitan las currículas.
Acompañado por el desproporcionado dispositivo comunicacional que constituyen los medios hegemónicos, y apoyado en ejércitos de trolls, el oficialismo lanza campañas que estigmatizan a las víctimas, manipulan las audiencias y venden gato por liebre. El objetivo es mostrar como insensibles a “otros casos” nada menos que a quienes han puesto su vida al servicio de que no haya ni una desaparición más en nuestro país. Y entonces aquellos que se han ocupado poco o nada de “todos los desaparecidos”, los de ayer y los de hoy, reproducen sin miramientos la estrategia de la Casa Rosada para desviar el eje y diluir la responsabilidad del Estado en el caso Maldonado, poniendo por delante las miles de personas extraviadas que se buscan, como las víctimas de trata u otras situaciones dolorosas, por la cuales no se preocuparon hasta ahora.
Llegan al extremo de blandir el caso de Julio López, desaparecido –en circunstancias diferentes a las de Santiago, aunque no menos dolorosas– por dar testimonio contra los represores de la dictadura, testigo por el que no se ha dejado de reclamar nunca, por el que se han realizado miles movilizaciones, todas organizadas por los organismos de derechos humanos.
Pero como señala una carta de padres y madres presentada en una escuela de Rosario para apoyar la movida de Ctera para que el tema se trabaje en las escuelas, “nadie debería incomodarse ante la pregunta sobre ¿dónde está Santiago Maldonado?, salvo quienes no quieren que aparezca, o aquellos que consideren que está bien que se vuelva a instaurar la desaparición forzada de personas”.
Fuente: El Eslabón
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