Es una grave violación a los derechos humanos. Su práctica sistemática lo convierte en un crimen de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible. Atenta contra la dignidad humana, por lo que constituye, además, una violación flagrante al derecho internacional.

Este delito no se da únicamente en el marco de dictaduras militares, ni en el contexto de planes sistemáticos de exterminio. La desaparición forzada de personas se produce también en democracia, como forma de amedrentar a la oposición, y halla a sus víctimas, muy especialmente, entre militantes, defensores de derechos humanos, movimientos sociales, abogados y testigos en causas contra abusos de las fuerzas de seguridad.

El acoso a las familias de las víctimas suele ser un delito asociado, derivado de la desaparición forzada. Esta práctica perversa también está perfectamente tipificada y analizada entre las más recurrentes violaciones a los derechos humanos del Estado terrorista.

Y paradójicamente, o cínicamente, es la “lucha contra el terrorismo”, advierte la ONU, la excusa preferida del Estado terrorista para cometer estos crímenes de lesa humanidad.

La desaparición forzada de personas tiene una definición clara, concreta, taxativa, indiscutible. Es cosa juzgada. Fuera de discusión para los abogados, juristas y organismos de derechos humanos de todo el mundo. Ya la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció, de una vez y para siempre, de qué se trata ese delito. Lo hizo a través de una Resolución. Lo hizo respondiendo a los reclamos y la preocupación de muchos de los estados miembros. Los países que la ratificaron dieron su consentimiento expreso a esa definición y deben atenerse a la norma. La Argentina, por ejemplo, se encuentra entre ellos.

La ONU define el término, de acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, al momento en que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Estas prácticas son consideradas una grave violación de los derechos humanos, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente desde el 1 de julio de 2002, que además la califica como un crimen contra la humanidad y, por tanto, imprescriptible.

“Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos”, señala también la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

La Convención señala además el reconocimiento de derechos como la personalidad jurídica, la libertad y seguridad de la persona, su identidad, garantías, protección y asistencia a la familia, todos derechos que son violados al producirse una desaparición forzada.

En la resolución titulada “Declaración para la protección de todas las personas de desapariciones forzadas”, la ONU establece que “el Estado tiene responsabilidad internacional si comete, autoriza o permite este delito en su territorio”, y además que la desaparición forzada “es un crimen que atenta contra la dignidad humana, por lo que constituye una violación flagrante al derecho internacional”.

La fecha se conmemora desde el 2011, luego de que se emitiera una declaración por parte de la Asamblea General de la ONU en la Resolución 65/209, del 21 de diciembre de 2010.

De acuerdo con la ONU el propósito de esta conmemoración es “exigir verdad, justicia y, además, honrar la memoria de los desaparecidos”. Además, la idea es brindar apoyo a los familiares de las víctimas que luchan por encontrar a sus seres queridos.

El organismo considera preocupante el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo. Por este motivo, aprobó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

“La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, señala el documento.

No sólo en dictadura, también en democracia

La ONU advierte que desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

En este sentido, el organismo menciona prácticas terroristas por parte de gobiernos democráticos, o al menos elegidos por el voto popular. Por ejemplo, el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada y otras formas de violencia institucional.

La “lucha contra el terrorismo”, dice la ONU, organismo que ha autorizado bombardeos de países en nombre de esa lucha, “es utilizada por los estados como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones”.

La ONU advierte, además, sobre es un problema generalizado la “impunidad” en la práctica de este delito y recomienda prestar especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.

En la actualidad, se contabilizan 43 mil casos de desapariciones en estudio en el mundo, según datos revelados en febrero de 2015 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que se reunió en Buenos Aires. En ese encuentro, el titular del grupo de trabajo, Ariel Dulitzky, reveló que esos 43 mil casos en estudio “son sólo la punta del iceberg”.

De los 195 países del mundo con representación en la ONU, solamente 46 han ratificado la declaración sobre desapariciones forzadas. Por América latina firmaron: Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y México.

En Europa, ocho países han ratificado el documento: Austria, Bélgica, España, Francia, Alemania, Portugal, Holanda y Malta.

En el sudeste asiático: Japón, Mongolia, Camboya, Samoa y Togo se han sumado a esta ratificación y en Eurasia: Albania, Armenia, Bosnia Herzegovina, Kazajstán, Montenegro, Serbia, Eslovaquia, Lituania.

En África ya han ratificado Burkina Faso, Gabón, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Marruecos, Túnez y Zambia.
Pese a que algunos países han juzgado violaciones a los derechos humanos en el mundo, no han firmado la declaración EEUU, Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia, Italia, Australia, Canadá, Dinamarca y Grecia.
Desde que empezaron a iniciarse los registros estadísticos en el mundo sobre las desapariciones forzadas en 1985, se han informado 54. 405 casos en 104 países.

Fuente: El Eslabón

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