Ante el anuncio del municipio de la puesta en marcha de consejerías en derecho sexual en centros de salud, la concejala Norma López puso reparos a la iniciativa: “Lo celebramos, pero en 2014 se aprobó un proyecto superador”.
«Las Consejerías de Salud Sexual esperan hace 3 años ser implementadas», remarcó la edil justicialista tras el anuncio que realizó la Municipalidad respecto del servicio que se implementará en el centro asistencial de Bv. Seguí 5300.
Al respecto, la presidenta del bloque FPV, expresó: “Si bien celebramos que finalmente se haga la puesta en marcha de tan importante iniciativa, es cierto que el proyecto lo presentamos y se aprobó en 2014 para que se creen las Consejerías Integrales en Salud Sexual y Reproductiva, que además es superador a lo que plantea hoy el Socialismo porque le dimos una mirada de acceso a derechos”.
“Es importante destacar que planteamos las Consejerías pero fuera del espacio de salud. Si hablamos de embarazo adolescente se necesita urgente llevarlas al ámbito educativo”, explicó la concejala, y aclaró que además, las CSSyR pueden brindarse en los Centros Municipales de Distrito, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.
La legisladora local agregó que la iniciativa de su autoría buscaba “promover y democratizar el acceso a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva con perspectiva de derechos y de género”. Y en el mismo sentido, detalló: “Es importante aclarar que el Ejecutivo aún en temas tan delicados como la salud sexual de nuestras niñas rechaza las propuestas del Concejo. El Socialismo invisibiliza el trabajo legislativo que se hace en el Cuerpo, donde se plantean propuestas interesantes y factibles de llevar a cabo como ésta, pero prefieren ocultar el trabajo de otros espacios políticos antes que valorar y hacerlo conjuntamente”.
El proyecto aprobado en octubre de 2014 indica que el dispositivo Consejerías Integrales en Salud Sexual y Reproductiva contribuye a mejorar el acceso universal y gratuito, la igualdad de oportunidades, la calidad de la atención, la redistribución de los recursos materiales y simbólicos; es un espacio y una oportunidad para que el Estado, en sus diferentes instancias, garantice los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas.
