La Comisión de Hábitat y Urbanismo del Instituto Patria realizó en San Jorge, junto con dirigentes y la comunidad, el III Encuentro denominado El hábitat en la región núcleo santafesina. Hubo fuerte demanda de políticas públicas.
Previamente al encuentro, representantes de la zona habían participado de una actividad organizada en octubre de 2016 por la Comisión de Infraestructura del Instituto Patria, que trabajó en torno de tres ejes: la Inversión Pública 2003-2015; el Plan Estratégico Territorial, y el informe elaborado por la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a lo largo del 2015 para Hábitat III.
De esa actividad participaron, entre otros, el concejal Matías Bracco, Liliana Scalise, Germán Rolón, Carlos Serra, Natalia Tini, Soledad Piazzo, y Clarisa Ercolano.
También lo hicieron representantes de los barrios de San Jorge, y dirigentes de las localidades más importantes del departamento San Martín: el ex intendente de Pellegrini, Ricardo Garnero; de El Trébol, Roxana Andruetto; Rocío Astegiano, de Sastre, y Marcos Mesineo, de Funes.
Luego de exigir la libertad de Milagro Sala y la aparición con vida de Santiago Maldonado, el encuentro comenzó con la proyección de un video documental que protagonizaron vecinas y vecinos de la ciudad, que ilustró con imágenes y voces la realidad local, la falta de agua potable, el reclamo por el programa Acceso al Agua Segura, la falta de regulación estatal del suelo ocioso, y el precio cada vez más inalcanzable de alquileres y terrenos.
Además, se manifestaron los afectados por las inundaciones producto de la sojización de la región y la falta de obras de infraestructura, y los vecinos preocupados por el basural a cielo abierto que afecta las napas, los vecinos del canal, que demandan obras y mantenimiento en el ducto, y quienes reclaman por la falta de pavimento, gas, cloacas, veredas y espacios verdes de recreación fuera del centro, por la falta de desarrollo del parque industrial.
Las ponencias de los disertantes
Los testimonios resaltaron la preocupación por el hacinamiento de muchas familias, por los depósitos de glifosato en zona urbana céntrica y por el desaprovechamiento de la potencialidad del turismo rural no desarrollado.
En ese sentido, fue la arquitecta Ana Testa, oriunda de San Jorge y detenida en la Esma durante la última dictadura cívico militar, conocedora de la problemática regional y comprometida desde siempre con los DDHH, quien resaltó algunas de las consecuencias de los agronegocios que se impusieron en los 90 producen en las localidades como las de la región.
Testa explicó cómo “los chacareros migran a la ciudad condicionados porque sus campos ya no constituyen unidades económicas y el surgimiento de actores nuevos, los contratistas”, y destacó “la tensión que existe en los límites de esas urbanizaciones por la fumigación con agroquímicos”, al tiempo que propuso “pensar zonas productivas intermedias”.
La profesional también se dedicó a reivindicar “la historia del asociativismo, hoy en crisis en la zona y que tiene a SanCor, como una de las cooperativa principales afectadas”. Con respecto al tratamiento de la basura opinó que “no hay políticas”, y propuso darle viabilidad “mejorando la escala a través de la asociación entre distintas localidades”.
Por otro lado, habitantes de Funes plantearon que el denominado “Jardín de la Provincia” es un claro ejemplo de “un gran negocio inmobiliario sin planificación, que en la actualidad la falta de intervención y regulación y discrecionalidad por parte del Estado enfrenta a los chacareros linderos con los nuevos vecinos”. Asimismo, señalaron que “el Estado hace cumplir de normas según la cara y el poder” de los ciudadanos.
Sergio Rossi, ingeniero agrimensor y ex funcionario del Ministerio de Defensa durante las gestiones de Nilda Garré y Agustín Rossi, reconoció “la planificación y el ordenamiento territorial desarrollado en la gestión anterior” y en relación con los bienes del Estado aseveró que “si bien el Estado Nacional posee reserva de tierras públicas, son insuficientes para resolver las carencias estructurales de importantes sectores de la población y, por lo tanto, no hay que descartar la utilización de mecanismos considerados por nuestra Constitución para compensar ese déficit”.
El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa también criticó “la venta de inmuebles que está realizando el actual Gobierno nacional”, y desmintió categóricamente que se trate de inmuebles en desuso.
Paola Bagnera y Hugo Burgués, funcionarios de la Municipalidad de Villa Constitución, hicieron hincapié en la adecuación que le otorga a las políticas públicas la articulación entre las distintas áreas del estado.
Ellos también explicaron que “la participación de la población es laboriosa cuando el Estado interviene produciendo equiparaciones en la distribución de los recursos apropiados por alguno sectores y cuando se ejecutan infraestructuras que implican incomodidades transitorias”.
Finalmente, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat planteó que no basta con tener DDHH “escritos y lindos” si faltan políticas de aplicación de los mismos. “Para que se pueda acceder a los derechos sociales en general y los vinculados al hábitat, a la ciudad y al territorio en particular, están consolidándose tres obstáculos estructurales, el endeudamiento externo, el pronunciamiento de la dependencia tecnológica y la fuga de capitales”, observó.
Finalmente, Barcesat se pronunció “a favor del crecimiento de la propiedad privada personal y universal y de la ofensiva contra la concentración, uno de los grandes impedimentos para la democratización de la sociedad”.
