El presidente de EEUU canceló un programa implementado por Barack Obama, que permitía residir y trabajar legalmente a jóvenes sin papeles que habían llegado ilegalmente siendo niños. Ahora pueden ser deportados. Protestas y preocupación dentro y fuera del territorio yanqui. Los fiscales denunciaron al mandatario ante la Justicia.

Se trata de otro ataque xenófobo del magnate contra América Latina. Esta vez, contra la América Latina que está dentro de EEUU, que compone ese universo complejo y variopinto que llamamos EEUU. Donald Trump, es hombre de pocas palabras. Por eso Twitter es su medio preferido para expresarse. En 140 caracteres da a conocer sus decisiones. En forma escueta, cortante: “Congreso, prepárese para hacer su trabajo: DACA”.

De esa manera, el jefe de la Casa Blanca anunció a los legisladores la decisión del Poder Ejecutivo de cancelar el programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que permitía a 800 mil jóvenes residir y trabajar legalmente en EEUU, pese a no tener papeles por haber ingresado al país en forma ilegal siendo niños.

Con ese mensaje, además, le pasó el problema al Congreso, que deberá aprobar alguno de los proyectos que ya fueron presentados para reemplazar al DACA. Las iniciativas, ya ingresadas al cuerpo legislativo, apuntan a “solucionar el problema de los indocumentados”. Pero el Congreso está en manos de los Republicanos, y nada indica que la “solución” se aparte del sesgo xenófobo y discriminatorio de la decisión de Trump.

Una vez más, Trump deshace una medida hecha por su antecesor, Barack Obama. Es una práctica que disfruta especialmente. Y esto no significa que Obama haya tenido una política humanitaria ni progresista con relación a los migrantes. Por el contrario, las deportaciones alcanzaron niveles récord. Pero en este tema, como en otros, Trump está decidido a superar a su antecesor.

“Estoy aquí para anunciar que el programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Obama, está siendo rescindido”, declaró desde la Casa Blanca el fiscal general, Jeff Sessions, al tiempo que explicó que la decisión del gobierno se basó en un análisis sobre la legalidad del programa y en la posibilidad de que sea invalidado por las cortes federales en respuesta a la inminente ampliación de una demanda en este sentido en diez estados gobernados por republicanos.

El programa se implementó en 2012, a través de un decreto de Obama, y permitió dar un marco legal a la situación de jóvenes ingresados ilegalmente siendo niños. A los beneficiados del DACA se los conoce con el nombre de “dreamers” (“soñadores”). La denominación juega con la mítica idea del “sueño americano”, pero este nombre tiene, además, otro sentido, que surge de la historia de una ley que no se aprobó.

El DACA surgió después de que el Congreso rechazó el proyecto de Ley DREAM (por sus siglas en inglés “Development, Relief and Education for Alien Minors Act”: “Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros”).

El pertenecer a este programa les permite a los “dreamers” tramitar la suspensión de la deportación y residir legalmente durante dos años. Después de ese período, pueden solicitar una renovación de la suspensión y seguir residiendo. De los cerca de 800 mil jóvenes dentro del programa, más de 600 mil son mexicanos.

El anuncio tuvo repercusiones dentro y fuera de EEUU. Apenas se conoció la medida, estallaron protestas en Washington, Nueva York, Miami, Denver, y Los Ángeles, entre otras ciudades.

“Trump no puede matar nuestros sueños”, fue una de las consignas esgrimidas por los manifestantes. “Trump escucha, estamos en la lucha”, fue un grito que cruzó todo el país.

Las manifestaciones llegaron hasta la Casa Blanca, donde beneficiarios del programa, activistas, líderes religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes prometieron mantener la batalla para exigir al gobierno una solución a su situación migratoria.

En Miami, las protestas se concentraron frente a la Torre de la Libertad. El acto en esa ciudad contó con la asistencia de la diputada por Florida del partido Demócrata Frederica Wilson.

Como ya ocurrió con otras medidas de Trump, esta también encontró resistencia en la Justicia. Dieciséis fiscales generales presentaron demandas para mantener el DACA, argumentando que su cancelación viola una cláusula constitucional porque resulta discriminatorio.

“La decisión del gobierno es cruel, inhumana y devastadora”, dijo el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, al tiempo que consideró que la cancelación del DACA está basada en “el prejuicio personal de Trump contra los mexicanos”.

Preocupación en América Latina

En México, uno de los países más directamente afectados, las reacciones no se hicieron esperar. Los gobiernos de Guatemala y El Salvador también expresaron su preocupación.

La Cancillería de México dio a conocer un comunicado en el que señala que mediante la Embajada y la red consular en EEUU “redoblará sus esfuerzos para garantizar protección consular a los jóvenes que sean afectados por esta medida, sobre todo en cuanto a representación legal”.

Asimismo, el comunicado oficial agrega que los ciudadanos que queden fuera del programa y que decidan regresar a México contarán con asistencia especial por parte del gobierno: bolsa especial de trabajo, programa Crédito Joven, ofertas de becas en México y otros países, acceso a la educación sin trámites innecesarios, revalidación inmediata de estudios realizados en EEUU, y afiliación al plan Seguro Popular, entre otros beneficios.

Asimismo, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería de México, Carlos Sada, advirtió sobre la persecución que podrían sufrir estos indocumentados. “Preocupa que empiece a haber cacería de brujas el día de mañana cuando terminen los permisos. Las autoridades dijeron que no va haber una acción deliberada, pero automáticamente los dreamers se vuelven indocumentados cuando vayan expirando sus permisos”, señaló el funcionario mexicano.

En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) de México, manifestó su rechazo a “la adopción de políticas violatorias de derechos fundamentales, discriminatorias y xenofóbicas en que puede derivar la cancelación del DACA”.

“La cancelación del DACA es, en primera instancia, una agresión contra la comunidad latina en Estados Unidos”, señaló el Canapred, al tiempo que advirtió que va a recrudecer la discriminación contra los jóvenes migrantes, por lo que pidió al Congreso de EEUU que “aproveche esta nueva oportunidad para legislar a favor de este grupo poblacional”.

Por su parte, el gobierno guatemalteco se refirió a través de un comunicado a “las implicaciones socioeconómicas que dicha decisión tiene para miles de jóvenes y familias inmigrantes que residen en EEUU y en particular para nuestros jóvenes migrantes guatemaltecos en ese territorio”.

El documento aclara que Guatemala respeta “la legislación interna de EEUU”, pero agrega que “apela al sentido humanitario para velar para que los jóvenes no queden desamparados y sean forzados a salir del país en el que crecieron y en el que han labrado su futuro como profesionales”. Unos 20 mil guatemaltecos están bajo el resguardo del programa DACA en EEUU.

Por su parte, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, anunció en conferencia de prensa que intentará que el Congreso de EEUU pueda encontrar una solución a los más de 30 mil salvadoreños que protege el programa. El funcionario señaló asimismo, que ya trabaja para articular una alianza con los gobiernos beneficiarios del programa, con organizaciones que defienden a los inmigrantes y con los mismos migrantes para luchar para la aprobación de una legislación definitiva.

En el periodo legislativo en curso, que comenzó en enero, fueron presentados en el Congreso once proyectos de ley para darles una protección permanente a los que están bajo el programa DACA.

“Vamos a resaltar que no es una población problemática, que es una población integrada, que ha asumido las leyes, las culturas, las disposiciones de EEUU y que están realizando estudios para ser una población económicamente activa, una mano de obra calificada”, aseguró Martínez, que expresó su expectativa de que el Congreso logre aprobar un proyecto de ley durante los próximos seis meses.

“Estamos trabajando sobre la base de que será posible construir una solución legislativa”, dijo el diplomático.

Fuente: El Eslabón

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