Vientisiete policías fueron detenidos en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Otros 18 por el presunto fusilamiento de dos jóvenes. Lifschitz consideró que se trata de “excepciones”, mientras en la primera causa el fiscal asegura que las golpizas y torturas en la comisaría 7ª eran “cotidianas”. La teoría de la manzana podrida elude una mirada integral sobre el funcionamiento sistémico y la cultura institucional de la fuerza de seguridad.

Recién casi tres años después de la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, un chico de Florencio Varela visto por última vez con vida en la comisaría 7ª de Rosario el 6 de octubre de 2014, se inició esta semana el proceso de indagatorias a 27 policías entre personal de esa seccional y de la División Asuntos Internos, la que debe investigar a sus pares. Al coincidir en la misma semana con la detención e imputación de 18 agentes por el presunto fusilamiento de dos jóvenes tras una persecución en zona sur, el gobernador Miguel Lifschitz aclaró que los 45 funcionarios policiales sospechados de cometer los delitos que deben prevenir o reprimir “son excepciones” en una fuerza de 23 mil hombres y mujeres, y planteó que “son casos que deben ser investigados rápidamente”, cualidad de la que careció la pesquisa sobre Casco. En ambos hechos puede observarse una cultura institucional con ecos de la última dictadura: policías que –presuntamente- matan y otros sospechados de encubrir a sus colegas en vez de señalarlos. La teoría de la manzana podrida que afecta al resto del cajón representa un obstáculo a una política de democratización de las fuerzas de seguridad que modifique hábitos y costumbres arraigados fuertemente en la familia policial.

Los 27

El lunes 28 de agosto 27 policías fueron detenidos por Gendarmería en cumplimiento de una orden de arresto dictada por el juez federal Nº3 de Rosario, Carlos Vera Barros, que investiga lo ocurrido con el joven bonaerense Franco Casco (20) en octubre de 2014. Se trata de los empleados policiales que prestaron servicio la tarde-noche del 6 de octubre de aquel año y el día siguiente en la seccional 7ª, último sitio en el que testigos aseguran haber visto al chico con vida.

También quedaron comprendidos en las detenciones el jefe de Asuntos Internos, Aníbal Candia, quien declaró el mismo lunes, quedó detenido y el juez le rechazó un recurso de eximición de prisión interpuesto por su abogado defensor, y otros cuatro funcionarios de esa división.  

Hasta el cierre de esta nota el juez había indagado a casi dos decenas de detenidos, que según un vocero judicial “hablaron extensamente” desligándose de la acusación en algunos casos, y señalando la presunta responsabilidad de compañeros, en otros.

Una de las querellas particulares, que representa a la hermana y al hijo de Franco Casco, solicitó también las indagatorias de profesionales del Instituto Médico Legal (IML), pero el juez no las aceptó todavía. La querella sostiene la hipótesis de que existió un presunto encubrimiento de algunos de los forenses que participaron de la autopsia del cuerpo del joven, hallado muerto en el río Paraná el 30 de octubre, más de veinte días después de su desaparición.

Casco había llegado a Rosario a fines de septiembre de 2014 a visitar a familiares. El 6 de octubre se despidió de ellos para regresar a Buenos Aires, pero nunca llegó.

La familia denunció su ausencia y la Justicia rosarina inició un legajo por averiguación de paradero. En la seccional 7ª primero negaron que hubiese pasado por allí y luego le dijeron a la madre de Franco –Elsa, que falleció el año pasado- que había estado demorado en la comisaría por resistencia a la autoridad pero que finalmente lo habían dejado en libertad.

Fecharon esas actuaciones el 7 de octubre. Más de veinte testimonios de personas alojadas allí indicaron que Casco ingresó el día anterior, que fue torturado y salvajemente golpeado.

Varios de esos testimonios coinciden en que durante una de esas palizas se escuchó un golpe contra una pared de la celda para transitorios donde estaba Franco, y luego reinó el silencio.

La hipótesis del fiscal federal, Marcelo Degiovanni, es que ese golpe en la cabeza, presuntamente contra una pared, mató al chico de Florencio Varela.

El cuerpo, como se dijo, apareció flotando casi 20 días después –se presume que fue “fondeado” atándole peso a sus extremidades- con signos de haber estado en aguas del Paraná desde al menos quince días antes. La autopsia determinó que ingresó sin vida al río. Es decir, que no murió ahogado.

El hallazgo del cuerpo –que hace cesar el delito de desaparición forzada- comenzó a desarticular la versión oficial creada por el jefe de la comisaría, Diego Álvarez, y sus subordinados. Y acompañada acríticamente por el fiscal Guillermo Apanowicz, quien pasó varios días sin mover la investigación, a la espera de que Casco apareciera por sus propios medios.      

La versión policial se basó en el llamado de un vecino al celular del comisario Álvarez el 7 de octubre luego del mediodía por un joven sospechoso cerca de la terminal de ómnibus. El propio jefe salió con el sumariante a dar una vuelta y encontró a Casco, quien según esa versión resistió la identificación y le arrancó una manga del uniforme al comisario.

Luego fue llevado a la seccional, revisado por una médica policial que dijo que estaba “desorientado” en tiempo y espacio, por lo que los agentes intentaron llevarlo hasta la casa de su tía en Empalme Graneros, pero al no recordar el joven el lugar lo devolvieron a la comisaría. A las diez de la noche, dijeron, lo dejaron en libertad. El cotejo del GPS del móvil policial utilizado ese día desmiente el presunto traslado hacia Empalme. Nunca salió del barrio Luis Agote.

Al declarar, la médica policial dijo que no recordaba la revisión realizada. Desde la querella pusieron en duda su tarea, al asegurar que esa noche firmó cuatro certificados en distintas seccionales con 45 minutos de diferencia.

¿Excepcional?

El gobernador Lifschitz habló esta semana del tema. Dijo que la cantidad de 45 policías detenidos por la causa Casco y la persecución de zona sur –en la que fueron asesinados los jóvenes Emanuel Medina y David Campos- se produjo “por la coincidencia de las dos causas y puede parecer impactante”, aunque “al lado de los 23 mil efectivos que tiene la fuerza en la provincia, no es significativo”.

La Policía de Rosario no posee 23 mil efectivos sino unos 8 mil. De ellos, un porcentaje de alrededor de 10 puntos no presta servicios por estar con “carpeta médica”. Los 45 detenidos esta semana, cuya coincidencia temporal como apuntó el gobernador puede resultar impactante, son sólo una parte de los uniformados que cada mes se ven involucrados en los delitos que deben reprimir. La causa de Los Monos es un ejemplo, pero no el único.

Subestimar el número y destacar la foto por sobre la película no parece un camino acertado para mejorar la fuerza de seguridad, cuya creciente participación en hechos delictivos es una constante.

Lifschitz aseguró también que “la mayoría desarrolla su tarea con eficacia, responsabilidad y compromiso todos los días, y los otros son las excepciones que tenemos que reducir, perseguir y evitar que ocurran en el futuro”.

La explicación del gobernador, que alude a las manzanas podridas que afectan al resto de cajón de fruta, queda rebatida por los casos de esta semana.

Si bien la causa Casco aún está en una instancia primaria, algunos elementos incorporados a ella permiten observar que lo que ocurría en la comisaría 7ª no era una excepción, sino una regla.

Las declaraciones de otros detenidos en la comisaría durante aquellas dos jornadas de octubre de 2014 convalidan la idea de que las golpizas policiales eran normales y habituales.

“De estos veinticuatro testimonios de personas que estuvieron detenidas en la Comisaría 7ª, se concluye, como dato inocultable y concluyente, que el personal de esa dependencia realizaba –cotidianamente- sobre los jóvenes allí alojados tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, señaló el fiscal De Giovanni en su pedido de indagatorias.

Que en una comisaría algunos de sus integrantes golpeen y torturen detenidos “cotidianamente” y que el resto no lo informe ni denuncie exhibe un sistema de funcionamiento que termina por fijar una regla, una cultura de “trabajo”, por así llamarla.

Matar a un chico en una comisaría y, presumiblemente, hacerlo desaparecer arrojándolo al río sin que ni siquiera un uniformado considere oportuno denunciarlo no constituye, lamentablemente, una excepción.

Que en el caso de la zona sur, según presume el fiscal Adrián Spelta, 18 policías hayan participado de un ilegal procedimiento de plantar un arma a dos jóvenes que uno de ellos asesinó e intentado fraguar pruebas para desviar la investigación, excede la teoría de la manzana podrida. Muestra, inobjetablemente, un modus operandi.

Y algo más. En el caso Casco el entonces secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio –hoy secretario de la Producción municipal-, adhirió acríticamente y divulgó la versión policial, cuando su deber era cuestionarla si existían dudas.

Los antecedentes de la Santafesina permiten, sin caer en meros prejuicios, poner en tela de juicio las versiones autoindulgentes cuando, como en la causa Casco, existen elementos de sospecha.  

El poder político y el judicial son la última instancia que posee la ciudadanía para resguardarse de la violencia institucional. Si el mensaje es de protección, los que deberían preocuparse terminan disfrutando la tranquilidad de una potencial impunidad de sus actos.

El problema de las fuerzas de seguridad no radica en las “excepciones” sino en su sistema de funcionamiento como administradora del delito y en su cultura del silencio y la complicidad entre pares ante la transgresión de las normas.

Un efectivo control de la Policía y la búsqueda de su democratización reclaman un inapelable mensaje del poder político ante casos de la envergadura de una desaparición forzada en democracia, de la que presuntamente participaron agentes estatales.

Fuente: El Eslabón.

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