Gobernadores tanto opositores como aliados a la Casa Rosada reclamaron en bloque un reparto más equitativo de los ingresos por coparticipación y rechazaron la pretensión bonaerense de ampliar el Fondo del Conurbano porque “traerá quebranto económico” para el resto del país.
La relación del gobierno nacional con las provincias por el reparto de los ingresos se pone tirante. En una cumbre inédita, 21 distritos rechazaron en bloque la demanda judicial que presentó la provincia de Buenos Aires con la pretensión de eliminar topes en el flujo de dinero que recibe por el denominado Fondo del Conurbano. Gobernadores del PJ, Cambiemos y de partidos provinciales, como el santafesino Frente Progresista, pidieron a la Corte Suprema que demore su pronunciamiento sobre el caso, que el tema se discuta en el Congreso y advirtieron que, de prosperar la resolución, el resto de las jurisdicciones sufrirían quitas millonarias por coparticipación a riesgo de desfinanciar sus arcas públicas.
Gobernadores opositores y aliados al Ejecutivo nacional, con asistencia casi perfecta, cerraron fila en el reclamo para que la Corte dilate el fallo sobre la presentación judicial que hizo la mandataria bonaerense del PRO María Eugenia Vidal para que su provincia obtenga más ingresos por medio del Fondo del Conurbano (FDC). Reunidos en la porteña Casa de San Juan, los gobernadores denunciaron injusticia fiscal, firmaron un documento de cuatro puntos donde de manera unánime sostuvieron que “la pretensión de la provincia de Buenos Aires (de ampliar el FDC) perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios”, y pidieron ser actores de un reparto más equitativo de los recursos coparticipables.
El gobernador Miguel Lifschitz afirmó: “Las discusiones entre provincias y Nación sobre el tema de recursos son históricas. Lo que ocurre es que la demanda que hace la provincia de Buenos Aires pone en crisis todo el sistema. Si se diera curso a esa demanda pondríamos a todas las provincias en una situación de quebranto económico e ingobernabilidad política, cosa que sería gravísimo para la Argentina, con lo cual hay que buscar otro camino, el del diálogo entre Nación y provincias, en el marco del Congreso”.
El mandatario recordó que Nación mantiene una deuda con Santa Fe, pese a que existe un fallo de la Corte que obliga al gobierno nacional a efectuar el pago. “Se debería poner todo sobre la mesa: reforma tributaria, subsidios, impuesto al cheque y otras cuestiones. Nadie discute la validez del reclamo de Buenos Aires, pero ¿qué pasaría con las demás provincias? Podría entrar en colapso todo”, advirtió el gobernador santafesino.
Los jefes provinciales aunaron la protesta contra los empeños tributarios de Vidal porque no pueden resignar recursos. Vidal no estuvo en el encuentro al igual que el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Tampoco hubo representantes de Chubut, que tiene a su gobernador Mario Das Neves con licencia médica y a su vice al frente de la provincia sacudida por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
“Los gobernadores unificamos la posición en cuanto a oponernos al reclamo de Buenos Aires porque darle la razón significaría un quebranto para las provincias. En promedio, la cifra que se les retendría de Ganancias equivale a tres meses de salarios provinciales”, ejemplificó Carlos Verna, gobernador de La Pampa, al término de la cumbre. Y le puso números al debate: “En 2016, Buenos Aires recibió 60.000 millones de pesos más, un total de 172.000.000 a la electricidad, gas y transporte. Cada bonaerense recibió subsidios por 8.800 pesos por año contra los 5.000 que recibió cada pampeano. Se debe evaluar la preferencia que hay con Buenos Aires, aunque se la haya perjudicado con el congelamiento del Fondo”.
En caso de que el tribunal supremo le diera la razón a Vidal y se actualice el monto del Fondo del Conurbano congelado en 650 millones de pesos en 1995, la provincia de Buenos Aires obtendría 53.000 millones de pesos anuales más, y de no mediar ingresos extras para solventar esa redirección de partidas, la masa de dinero deberá salir de la coparticipación que se reparte entre las 23 provincias restantes, que se verían perjudicadas.
La pelea económica y política por los fondos de la coparticipación se recalienta en plena campaña electoral. En lo que va de la gestión de Mauricio Macri la mayoría de los gobernadores opositores intentó mantener una buena relación con la Rosada, pese a que al momento de la distribución de los recursos se privilegia a los gobiernos provinciales y municipales del mismo color político.
La alianza PRO-UCR busca apoyo en las urnas, mientras los gobernadores, que también tratan de sumar respaldo en sus distritos de cara a los comicios legislativos del mes próximo, creen oportuno dar la batalla por una mejor distribución de los recursos fiscales, en un contexto de alta inflación y conflictos sociolaborales in crescendo.
Los gobernadores tienen dos cosas claras: que no están dispuestos a ceder ni un centavo y que la discusión debería englobar todo el régimen de coparticipación y no sólo la caja bonaerense.
Cuestión de fondos
El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano se estableció en 1992, se financia con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias, y se creó para equilibrar lo que recibía la provincia de Buenos Aires en concepto de coparticipación, el monto que Nación le gira a las provincias sobre lo recaudado por distintos impuestos. Constituye un fondo para la realización de obras de infraestructura en el territorio del conurbano bonaerense administrado por el gobierno de esa provincia, según recordó la agencia Télam en un artículo que historiza el reclamo de los mandatarios “del interior”.
“La ley 24.621, sancionada el 27 de diciembre de 1995, impuso un tope de 650 millones pesos (en ese momento equivalente a dólares) de lo destinado a la provincia de Buenos Aires y el excedente de la recaudación de Ganancias empezó a ser repartido entre el resto de las provincias (con excepción de la ciudad de Buenos Aires) de acuerdo con los coeficientes de la ley de Coparticipación. En 20 años la recaudación de Ganancias aumentó producto de la inflación, las devaluaciones, el crecimiento económico y la falta de actualización al mínimo no imponible, pero el tope se mantuvo. Esto produjo que la provincia de Buenos Aires se quede hoy con menos del 2 por ciento del Fondo del Conurbano, estimado en unos 53.000 millones de pesos en el ejercicio 2017 y unos 65.000 millones en 2018, según lo proyectado en recaudación por Ganancias”, señaló en el mismo artículo la agencia de noticias oficial.
Ante esta situación, el Ejecutivo bonaerense presentó el 1° de agosto del año pasado una demanda contra el Estado nacional en la Corte Suprema por considerar “inconstitucional” el tope. La presentación judicial podría resultar en un resarcimiento de 300 mil millones de pesos que surgen del reclamo por el retroactivo de los recursos no recibidos entre 2011 y 2015. Sin embargo, el gobierno de Vidal solicitó una medida cautelar hasta que se resuelva el tema de fondo. Esa cautelar pide que la Justicia elimine el tope o que Buenos Aires ingrese en el reparto de ese 10 por ciento de lo recaudado por Ganancias.
“Lo que no se dice es que si bien Buenos Aires dejó de recibir el Fondo del Conurbano junto con Capital Federal, reciben más 80 mil millones de pesos en subsidios anuales. Esos fondos también se deben incluir en la masa coparticipable”, dijo el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. En la misma sintonía, Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, sostuvo: “No hay que olvidarse que en enero de 2016 se aumentaron 360 por ciento los recursos coparticipables para ellos (la provincia y la ciudad de Buenos Aires), y a las provincias se viene aumentando nada más que un 3 por ciento cada año”.
Dilema presupuestario
Santa Fe espera respuestas de Nación por una propuesta de pago de la deuda de coparticipación, que ronda los 50 mil millones de pesos. Esta situación genera incertidumbre en torno a la redacción del presupuesto provincial 2018. “Contar o no con esos recursos cambia el presupuesto”, indicó Gonzalo Saglione, ministro de Economía de la provincia. Y agregó: “No sabemos cómo proyectar los recursos nacionales, porque si bien ya tenemos las pautas macrofiscales que el propio gobierno nacional transmitió en la última reunión de Responsabilidad Fiscal, no sabemos qué va a pasar con la propuesta de pago de la deuda”. Saglione dijo que esto “preocupa porque estamos a pocos días de que Nación presente su propio presupuesto, y tiene que estar incluido en caso de que decidan pagarlo”.
En noviembre de 2015 la Corte Suprema declaró inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la coparticipación federal impositiva para financiar a la Ansés, originalmente pactada en 1992 y prorrogada sucesivamente mediante diversos pactos intrafederales de la misma naturaleza. La Corte hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis y, con esos antecedentes, ordenó al Estado nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a Córdoba. El gobierno se comprometió a devolverles a Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15 por ciento de la coparticipación que la Nación les descontaba para la Ansés.
Fuente: El Eslabón.
