Legisladores justicialistas reprocharon al gobernador Lifschitz por la aceptación de la renuncia a Fernando Rodrigo, ya que así quedará sólo a expensas de sanciones administrativas e incluso podría retornar a su cargo.
Los diputados provinciales Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Germán Bacarella, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella y Leandro Busatto, integrantes del Frente Justicialista, se pronunciaron en contra de la decisión del gobernador Miguel Lifschitz quien, en las últimas horas, aceptó la renuncia del fiscal Fernando Rodrigo, investigado y apartado del Ministerio Público de la Acusación por ordenar escuchas ilegales a su ex pareja y allegados a ella, ya que implica la imposibilidad de aplicar sanciones administrativas y que el funcionario pueda retornar a la administración pública.
“Consideramos que la actitud del gobernador al aceptar la renuncia del fiscal en cuestión no contribuye al correcto funcionamiento del Estado y a afianzar la confianza que la población en general debe tener hacia la justicia”, dice el comunicado.
“La aceptación de la renuncia, produce el archivo automático del proceso administrativo que se había iniciado a los fines de determinar y calificar la actuación del funcionario en cuestión y, por lo tanto, pone fin a la posibilidad de aplicar las sanciones que le correspondieren, permitiendo incluso la posibilidad de que esta persona pueda ingresar nuevamente a la administración pública”, denunciaron.
“Pero esto no es todo, nos preguntamos: ¿Qué va a pasar si los damnificados directos de la supuesta actuación irregular deciden demandar económicamente al Estado? Y la respuesta es una sola, el Estado deberá pagar con el dinero de los contribuyentes santafesinos y no tendrá posibilidad alguna de repetir en contra del funcionario que actuó en exceso de sus facultades”, cierra el texto.
El fiscal Rodrigo fue desplazado por una denuncia presentada por la intervención de dos teléfonos de su ex pareja, una mujer que también trabaja en el Ministerio Público de la Acusación.
Según la presentación, Rodrigo ordenó intervenir los teléfonos celulares de la mujer en cuatro investigaciones que llevaba adelante en su rol dentro de la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario.
Rodrigo, titular de la Asociación de Fiscales, había sido responsable de la oficina de Violencia de Género. En marzo de 2015, Fernanda Serna, víctima en un caso de violencia de género, lo había denunciado por incumplimiento de deberes y pidió su renuncia.
