La desaparición de Santiago y el desafío de mapuches a latifundistas revela la subordinación de jueces, Gendarmería y gobiernos a los intereses privados.
“La presión de grupos económicos y políticos hace titubear a los jueces, lleva a que los fiscales se alisten en posiciones equívocas y a la intervención de fuerzas especiales a nivel local y nacional. Ahí se ven los intereses en juego”, afirma Julio Saquero, dirigente de la Regional Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) y miembro de la Mesa Nacional de esa entidad.
El testimonio detallado de Saquero es fundamental en la causa sobre la desaparición de Santiago Maldonado y el pedido de libertad del lonko Facundo Jones Huala. Su relato sobre los hechos ocurridos el 1° de agosto, abre la primera foja del expediente penal en el que trabaja Silvina Ávila, fiscal federal de Esquel.
Mientras, en la tranquera de la Pu Lof Resistencia Cushamen, en profundos abrazos con hermanos mapuches, Julio y su compañera Mabel sellan su compromiso con esa lucha por los derechos humanos.
El 2 de agosto, en su denuncia, Saquero remarca la responsabilidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del jefe de gabinete de esa cartera, Pablo Noceti; y del presidente Mauricio Macri, en el represivo operativo de Gendarmería tras el cual desapareció Santiago.
Esta historia se remonta al 13 de marzo de 2015, cuando la comunidad emprendió la recuperación del territorio de sus abuelos en el departamento de Cushamen, en el paraje Vuelta del Río, sobre la ruta nacional 40, 180 kilómetros al norte de Esquel. Allí se extiende la estancia Leleque, de la multinacional Benetton, quien denunció la “ocupación” del predio ubicado.
“Es recuperación, no ocupación”
“Cuando el pequeño grupo de la comunidad mapuche se atreve a saltar los alambrados del latifundista Benetton, comete un desafío a los estancieros de Chubut, del país, y en especial a la Sociedad Rural de Chubut. Entonces se acusa a la comunidad de terroristas y de querer crear a un Estado nuevo y separado del país, cosas inverosímiles. El mismo gobernador Mario Das Neves dice que hay que expulsar del país a Facundo, como decretando su destierro”, remarca Julio.
“El juez federal de Esquel, Guido Otranto –agrega Julio– no quiere reconocer que es un territorio recuperado legítimamente por una comunidad y que está amparado por el convenio 169 de la OIT 169, aceptado y reconocido por la Constitución Nacional, y en el que se prevé que cualquier intervención en un territorio originario requiere el consentimiento de la comunidad, por lo que no se pueden realizar desalojos”.
Saquero también indica que “Otranto ha discutido con los mapuches en la tranquera y les decía «tengo media hora para entrar por la fuerza». En un comienzo, el juez desechó tomar como «acto terrorista» la recuperación de territorios. Pero luego Otranto fue cambiando de postura y no habla más de recuperación territorial, sino «ocupación»”.
“Cuando quise esgrimir argumentos constitucionales que amparan los derechos de pueblos originarios, me interrumpió Otranto, diciendo que ya los conocía. Pero es evidente que los fiscales y jueces deben leer más, inclusive a la Biblia, o que se sienten en un fogón con los abuelos de las comunidades, así podrán comprender de qué hablan cuando se refieren a territorios”, advierte Julio.
La mirada persecutoria
“El magistrado, desde hace dos años, persigue a los mapuches como si fuera un grupo casi terrorista. Esa es la hipótesis que aplicaron en la primera detención de Facundo. Pero luego lo debieron liberar por irregularidades, como actividades de espionaje y torturas a un testigo, por parte de la policía provincial e integrantes de la justicia chubutense”, resalta Saquero. Y agrega que “también en esa persecución política de Das Neves, actuaron medios periodísticos como el diario Chubut y la Jornada, que manipularon información luego difundida por periódicos como Clarín y La Nación”.
El dirigente de Apdh, advierte que esas gravísimas acusaciones fueron elevadas a organismos internacionales, como Mutuma Ruteere (Kenya), Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, quien se pronunció en un informe al gobierno nacional por violar leyes internacionales y nacionales. También se elevaron denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y otras organizaciones que trabajan sobre detenciones arbitrarias desde las Naciones Unidas. En Chubut tomaron el tema de esa persecución a mapuches y jóvenes que fueron solidarios con la comunidad solidaridad como lo ocurrido en mayo, cuando hubo amigos y testigos de la causa que fueron detenidos y torturados”.
Gendarmería entorpece la causa
Sobre el proceder judicial, Julio admitió que el juez Otranto “siguió el protocolo que se hace en Argentina, donde hay casi tres mil casos de personas extraviadas. El 2 de agosto hicimos una presentación pidiendo que se investigara una desaparición forzada, pero no fue tenida en cuenta y recién el 10 hay un vuelco en su accionar tras llegar a Otranto un mandato de las Naciones Unidas a la Cancillería argentina, exigiendo al Ministerio de Justicia, en el que se le pedía que en 20 días debía presentar un informe sobre el caso Maldonado”.
“Recién el 14 de agosto, Otranto pide en un oficio a Gendarmería (foja 734) para que informe sobre cuántos escuadrones habrían participado en los operativos del 31 de julio y 1º de agosto en el lof Cushamen. Hasta ese momento no se sabía que grupos habían estado presentes en el operativo. De todas formas, gendarmes ya habían hechos pericias, vaya a saber con qué criterios, mientras otros vehículos no se peritaron y no habían investigado a Gendarmería”.
“Además –amplía–, en un rastrillaje en San Martín aparecen otros vehículos y serían 7 escuadrones de Gendarmería, según notas del Juzgado Federal. Hay datos que no se revelaron porque Gendarmería practicó un entorpecimiento muy serio en el procedimiento. En el día de apertura de la investigación yo estaba allí, junto a Sergio Maldonado y el comandante Méndez del escuadrón de El Bolsón. Cuando el juez le preguntó qué escuadrones participaron, el uniformado mencionó sólo tres, de El Bolsón, Bariloche y Esquel. En tanto sobre los vehículos que habían participado, dijo que fueron seis”.
“El militar también fue interrogado por el organigrama de autoridades que participaron en el procedimiento, pero no nombró al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti quien, según él mismo dijo a la prensa, estaba al frente del operativo”.
Confundir y atemorizar
Por otra parte, Julio Saquero explica que “fue denegado un pedido de habeas corpus preventivo de carácter colectivo para proteger a testigos, miembros de la comunidad, amigos, familiares de Santiago y trabajadores de prensa”. Y agregó: “Se debe tener en cuenta que hay 40 encausados de la comunidad mapuche y que se habla de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista vinculada al grupo Isis, palestinos y kurdos, entre otros. Pero todo eso es dirigido por los servicios de inteligencia que actúan en la región para confundir, atemorizar a la población y asegurar el control represivo”.
Julio nació en Buenos Aires y trabajó desde joven en villas miseria y con cooperativas de hacheros en Fortín Olmos, cerca de Reconquista. Estudió Filosofía e integró la Fraternidad del Evangelio, vinculada al obispo Angelelli, además de participar del Comité Argentino de Refugiados. En épocas de la Triple A, le allanaron su casa de Almagro. Al ser secuestrado por grupos parapoliciales, fue defendido por la iglesia luterana, tras lo cual se exilió en Ecuador, donde trabajó en los movimientos campesinos. Al regresar, comenzó a militar en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (Medh), y al instalarse en el sur, hace treinta años, pasó a integrar las filas de la Apdh.
Con su compañera, Mabel Sánchez, enfrentan el conflicto por el territorio de Cushamen y encabezan la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Mabel es de la ciudad bonaerense de Marco Paz, y en el 83 bajó a la Patagonia para trabajar como maestra jardinera en las comunidades originarias.
Cuando se afecta a la propiedad privada
Sobre quién es Facundo Jones Huala, Julio explica: “Es un joven que se atreve a enfrentar a un latifundista de casi un millón de hectáreas, como aquellos estancieros que desde la Campaña del desierto han aniquilado a las comunidades o las arrojaron en tierras improductivas y terminaron en villas”.
“Cuando un grupo dice que no quiere estar más sujeto a este tipo de dominio extranjero y de impunidad, además de recuperar una tierra ancestral, se afecta a la comunidad privada y pone en peligro a las inversiones que se hacen en zonas de comunidades originarias, en Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el norte argentino”, advierte.
“Los grandes emprendimientos que se realizaron en Argentina, al integrarse al mundo neoliberal en los 90, están en zonas pertenecientes a comunidades preexistentes”, explica. También recuerda los casos de “desalojos de comunidades wichis, a las víctimas de fumigaciones y al avance de las petroleras”.
“Estaba sembrando ajos”
Julio recuerda que al encontrarse a Facundo, en su segunda detención en la unidad 15 de Esquel, “le pregunté cómo se dejó detener, ya que estaba en libertad. Respondió que preparaba la cosecha de ajos y fue a ver a su madre y familia de Bariloche, cuando llegó la orden de Interpol”. El dirigente de derechos humanos señaló que, en esos días, él también estaba sembrando ajos. “Facundo nació en Bariloche y se preocupaba por los problemas sociales, estaba en alerta. Lo conocí al día siguiente de la recuperación del territorio. Alguien de la comunidad me llamó porque sabía que era de la Apdh. Fuimos a ver qué pasaba y en la alambrada nos recibió gente con el rostro cubierto, quienes me contaron sobre la represión que vivían. Les pregunté qué se proponían con la recuperación territorial y contestaron que no le interesaba la propiedad privada, pero sí el territorio ancestral y sagrado que les fue usurpado. Les indiqué que estaban enfrentando a un latifundista, con un poder tremendo. Vi también que tenían gomeras, porque es una herramienta que ya usaban los pastores, desde David y Goliat a los kollas. Siempre fue una herramienta de trabajo, también las vi en Tilcara y en comunidades de Quilmes, las usan para arrear las cabras y ovejas, es una herramienta de trabajo, no un armamento”.
“Ese día, un joven encapuchado me enseñó muchas cosas. Le dije que esa propuesta era una locura y me contestó que no, que era «algo creativo, revolucionario, somos anticapitalistas y antiimperialistas. Nunca vamos a ir contra una persona, lo que queremos es reconstruir nuestra cultura y nuestra filosofía mapuche tehuelche, porque se ha perdido la raíz y eso tiene que ver con la tierra y nuestra cosmovisión»”, agregó. “Nuestra acción política apunta a lograr y mantener un diálogo serio con el estado chileno y el argentino, que se nos reconozca como interlocutores válidos. No queremos perder tiempo con funcionarios de segunda que intentan envolvernos con discursos falsos, debemos organizarnos según nuestras costumbres y creencias. No queremos un negocio inmobiliario o recuperar 100 o 300 hectáreas. Tampoco creemos en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y sus políticas dilatorias, como hacer un relevamiento y luego entregar títulos”, le remarcaba Facundo.
Además, Julio resaltó que Otranto, en un momento reconoció esos derechos utilizando una acordada de la Corte Suprema de Justicia que exhortaba no usar un argumento militar sino un acuerdo para mantener la armonía y paz. Pero el gobernador Das Neves cortó el diálogo aduciendo que “lo único que entendía esta gente era la fuerza militar”.
“Facundo es una persona frágil de salud y llevó 20 días de huelga de hambre. Luego escuchó el pedido de su comunidad y nuestro: que se cuidara para seguir la lucha. Entonces aceptó y se recuperó por su fortaleza espiritual y moral”.
La santificación de la propiedad privada
Por otra parte, Julio recuerda que “en 2016, el juez Martín Zacchino proceso a Martiniano Jones Huala, tío de Facundo, por llevar en su camioneta de albañil algunas chapas, cemento y herramientas a la comunidad”.
“Fue acusado de ser cómplice de una supuesta usurpación y en la instancia final del juicio, cuando le dieron la palabra, saludó en su lengua mapudungun. El magistrado lo interrumpió groseramente y le dijo que le hablara en castellano. Martiniano terminó sus palabras y le señaló que su pueblo acostumbraba saludar en su lengua, y que además ya lo había saludado”. Julio señala: “Entonces vi la imposibilidad del acceso a una justicia basada en el derecho romano y la defensa acérrima de la propiedad privada. Todo el derecho comercial y civil está destinado a defender a la propiedad. Este es un sistema oprobioso que actúa con criterios casi racistas, ignorando cómo viven las comunidades y los derechos humanos, los bastardean. Tampoco respetan esos derechos los gendarmes, estamos ante una justicia ficticia”.
