El acusado como jefe de la asociación ilícita entre policías y civiles para defraudar al Estado con reparaciones truchas dijo que el 70% se lo llevaba la fuerza y el 30 él, como las medidas de la famosa bebida. Sostuvo que “toda la Policía sabía de la maniobra”. A uno de los uniformados detenidos le secuestraron 900 mil pesos y 60 mil dólares. Apuntan a la Unidad Regional II.
Uno de los acusados como organizador de la presunta asociación ilícita integrada por civiles y policías para defraudar al Estado con reparaciones falsas de automotores declaró que el 70 por ciento de los recaudado ilegalmente se lo quedaba la fuerza y el 30 por ciento el taller, que era de él. En un allanamiento al domicilio particular de un funcionario policial que era el habilitado –con firma administrativa para disponer los pagos– se secuestraron 900 mil pesos, 60 mil dólares y “cientos de euros”, detalló el fiscal del caso, Roberto Apullán, lo que permite presumir que la defraudación fue ostensiblemente mayor que los 96 mil pesos que acreditó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en los 16 casos por los que imputó a tres uniformados y cinco particulares. Tras la declaración de uno de los involucrados, la investigación podría ampliarse a la Unidad Regional II con asiento en Rosario, ya que en la audiencia se dijo que “toda la Policía sabía de la maniobra”. El gobernador Miguel Lifschitz consideró que el de los uniformados corruptos “es un mal de la Argentina”.
Las maniobras
Los presuntos ilícitos con recursos públicos por los que fue acusado el ex jefe de Policía de Santa Fe, comisario Rafael Grau, junto al ex titular del Departamento de Logística (D4), José Leiva, y el titular de Habilitación Ariel Villanueva fueron denunciados por el propio Ministerio de Seguridad en mayo del año pasado a partir de un anónimo recibido por su titular, Maximiliano Pullaro.
Los datos de ese paper sin firma fueron judicializados y hace diez días fueron detenidas ocho personas, tres policías y cinco civiles, e imputados por asociación ilícita y defraudación al Estado.
Según el fiscal Apullán, las maniobras consistían en facturar trabajos de reparación de vehículos, repintado o cambio de repuestos que, en realidad, nunca se hicieron.
Al menos la mitad de los vehículos policiales periciados por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) no evidenciaron indicios de haber sido reparados.
Así se desprende de las conclusiones del informe pericial solicitado a especialistas de la fuerza nacional por el fiscal Apullán el año pasado, cuando se hizo público el escándalo.
“Podemos detallar que las pericias indican que en más de la mitad de los vehículos se corroboró la ausencia de indicios de reparación, y/o repintado, y/o arreglos de partes motoras, y/o sustitución de elementos lumínicos, y/o de diversos circuitos que hacen al funcionamiento de los móviles en cuestión”, detalló en aquel momento el funcionario judicial.
En la audiencia del lunes 18 de septiembre –que se extendió por diez horas hasta la madrugada del 19– el fiscal dio a modo de ejemplo de las maniobras investigadas dos casos.
Uno de los vehículos que los policías presentaron como reparado estaba designado a la custodia del gobernador que “era ajeno a la competencia del D4, de la Habilitación, de la Jefatura de la Policía y yo diría que hasta del Ministerio de Seguridad”, sostuvo Apullán. Pero, según se presume, servía para engordar la caja negra.
Otro automotor que figuraba como reparado era un colectivo antiguo estaba en desuso, en estado abandono y depositado fuera de la propia Jefatura de la Unidad Regional I.
El bocón
Además de los tres funcionarios policiales mencionados –dos de los cuales, Grau y Leiva, están en situación de retiro– están implicados en el caso los civiles Facundo Testi, acusado como jefe y organizador de la asociación ilícita; Noelia y Artemio Biscari, dos hermanos de 39 y 41 años cuñados de Testi que aparecen como proveedores de repuestos y autopartes; y los mecánicos Andrés Soto (39) y Rodrigo Ruiz (28).
En la audiencia del lunes 18, bajo la figura del arrepentido, Testi brindó detalles de las maniobras investigadas. Allí dijo que el 70 por ciento de la facturación ilegal por trabajos no realizados quedaba en manos de la Policía y que el 30 por ciento restante lo distribuía entre los suyos.
Testi también reveló que en los últimos años prestó servicios de reparación y cambio de autopartes en la Unidad Regional II, aunque no aclaró si bajo la misma modalidad de presunta defraudación. Esa declaración podría ampliar la investigación a la Policía de Rosario, algo que el fiscal no descartó y podría ser la punta del iceberg.
“Dio detalles sobre los roles de cada una de las personas y hasta habló del porcentaje de coima que le correspondía a uno de los funcionarios policiales”, contó Apullán luego de la audiencia concluida la madrugada del martes 19.
Precisó que, según Testi, “el 70 por ciento era lo que le daba al funcionario infiel”. Además, el acusado dijo que “toda la Policía estaba al tanto de la maniobra”.
En su defensa, el exjefe Grau explicó que no conocía los detalles de esas compras y reparaciones que hacía el D4, bajo su órbita.
Sin embargo, el fiscal Apullán interpretó que sí “tenía conocimiento de situaciones irregulares como la de un proveedor que contrataba con la policía y no podía, ya que facturaba por servicios mecánicos pese a prestar servicios de gráfica”.
“Uno de los funcionarios imputados planteó que el circuito administrativo para pagar era imposible de cerrar sin la firma de los jefes; las órdenes de pago requerían la firma del jefe de la policía y el habilitado así como las rendiciones de cuenta”, abundó.
El jefe en ese momento era Grau, y el titular de Habilitación Villanueva, el único de los policías imputados que permanece con prisión preventiva en una unidad penal.
Durante la audiencia también se reveló que en el domicilio de Villanueva, durante un allanamiento, se secuestraron 900 mil pesos, 60 mil dólares y cientos de euros, cuyo origen es materia de investigación.
Facundo Testi, el arrepentido, asumió como propia la idea de organizar un esquema de defraudación al Estado. Dio a entender que fue él quien pergeñó el negocio y se lo propuso a la Policía, aunque no brindó detalles de con quién trabó el acuerdo que ahora es investigado por la Fiscalía.
Apullán señaló a la prensa luego de la extensa audiencia que “no de los coimputados dijo que luego de un allanamiento al D4 (Departamento de Logística) en mayo pasado Grau, ya retirado, lo citó junto con Villanueva y lo presionaron para que firmara los certificados necesarios para cerrar el circuito de arreglos y servicios mecánicos”.
Lo cual, daría cuenta de la participación del ex jefe de Policía en los ilícitos investigados.
Los acusados
Uno por uno, el fiscal acusó a los ocho involucrados en el affaire de las reparaciones truchas de lo siguiente:
* Rafael Grau: miembro de una asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con la coautoría o participación necesaria en defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades.
* José Leiva: integrante de una asociación ilícita en cuanto organizador, en concurso real con la participación necesaria de defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades.
* Ariel Villanueva: miembro de una asociación ilícita en carácter de jefe y organizador, en concurso real con la autoría o coautoría de defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 casos.
En cuanto a los civiles, Facundo Testi fue imputado como miembro de una asociación ilícita en carácter de jefe y organizador, mientras que su cuñada Noelia Biscari fue imputada en carácter de organizadora. En ambos casos, el delito fue atribuido en concurso real con la participación necesaria en defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en 16 casos, que son los acreditados por el fiscal Apullán.
Por su parte, Artemio Biscari; Andrés Soto y Rodrigo Ruíz fueron imputados como integrantes de una asociación ilícita y por las 16 defraudaciones contra el Estado.
La argentinidad
El gobernador Miguel Lifschitz dijo esta semana que los casos de corrupción y violencia institucional que involucran a casi un centenar de policías santafesinos en las últimas semanas constituyen “un mal de la Argentina”.
Aseguró que “es necesario deslindar responsabilidades lo más rápido posible” para separar la paja del trigo e insistió en la teoría de la manzana podrida. “Es un número que aparenta cierta magnitud pero en relación al total de la fuerza es mínimo”, relativizó sobre los uniformados involucrados en delitos.
Fuente: El Eslabón.
