Con 21 años y como trepando con decisión a un cerro, subió al escenario Malen Curaqueo. Con la emoción armada de fuerza y pasión, la voz de la joven mapuche de Esquel reclamó: “Basta de represión y hostigamiento al lof Cushamen y a todas la comunidades originarias”.
Era la tarde del miércoles 27, cuando el acampe frente al Congreso movilizó a comunidades y organizaciones sociales para exigir a los legisladores que votaran la prórroga de la ley 26.160, que suspende hasta noviembre de 2021 los desalojos en territorios indígenas en conflicto, además de obligar a relevar la posesión de los territorios.
Al terminar sus palabras y mezclarse en abrazos con sus hermanos, Malen remarcó: “Me moviliza que haya mucha injusticia con nuestros pueblos. No queremos tierras para inversiones inmobiliarias o canchas de golf, no somos terratenientes y luchamos por el territorio porque somos parte de él. Pero los poderosos no ven nuestra cosmovisión por su visión capitalista”.
“Soy amiga de Santiago Maldonado, Tenía empatía con la causa mapuche, lo conocí en El Bolsón y siempre estaba presente en las movilizaciones. Marchó contra los loteos, participó en acampes y era un pibe como nosotros”, explica Malen a El Eslabón.
El avance en una larga lucha
Mientras, en el recinto, y con 62 votos afirmativos contra ningún negativo o abstención, la cámara alta dio la media sanción a la reclamada prórroga de la Emergencia Territorial. Pero mientras, también el mismo miércoles, fuerzas policiales salteñas y guardias de un estanciero desalojaron violentamente a una familia de la comunidad Sin fronteras, del pueblo indígena Lule Vilela, a pesar de tener personería jurídica, inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, y relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de acuerdo con la legislación vigente y ya relevadas, como indica la ley 26.160.
Por esta situación, que hasta ahora la ley no impidió, la prórroga es tomada como un paso más en la larga lucha por la dignidad y derechos de las comunidades originarias.
En tanto, y con el repudió de los originarios, el legislador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, volvió a advertir la supuesta “violencia extrema” en el sur patagónico, y aconsejó militarizarla. Negó la existencia de tierras sagradas en el país e instó a imitar la política chilena que militarizó la zona de la Araucanía”.
La ley, que fue aprobada en noviembre de 2006, se prorrogó en 2009 y 2013. Pero, luego de once años, sólo son 459 de 1532, las comunidades relevadas en todo el país. De no ampliarse el período, podrían ser desalojadas cerca del 65 por ciento.
“Somos, no éramos”
En la marcha desde avenida 9 de Julio hasta el Congreso, Osvaldo Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro, encabezó las columnas con la bandera de los pueblos originarios. “En nuestra provincia hay más de cien comunidades en conflicto y desde que rige la ley, hace doce años, no se cumplieron sus objetivos: sólo hay unas cincuenta relevadas. Pero nos permite sostener la lucha”.
Carriqueo, de la Comunidad Quimun de Fiske Menuco (General Roca) representa la voz política de la organización, y resaltó: “Tenemos presos políticos, como el lonko Facundo Jones Huala, y a Santiago Maldonado desaparecido, eso es un alerta de la situación que vivimos”.
Agregó que la represión en el Pu Lof Resistencia Cushamen “tiene que ver con las presiones del gobierno nacional y provincial, como también de las sociedades rurales, pero también por el interés de empresarios argentinos y extranjeros, como Lewis Benetton y Tompkins, quienes piden que no tenga vigencia la ley. Esa política es apoyada desde los medios de comunicación concentrados que buscan ilegitimar el histórico pedido de mapuches tehuelches y de todos los pueblos del país, como ocurre en Formosa, gobernados tanto por radicales y peronistas”.
“Hay una deuda pendiente del poder político y también de la sociedad”, agrega. “Pero, como indican estudios científicos: el 60 por ciento de la población tiene sangre de pueblos originarios, no todos están conscientes de eso”.
Carriqueo criticó al Estado argentino, “por no reconocer el genocidio”, y advirtió que “desde los programas de educación se dice que «éramos», pero somos y siempre fuimos, no estamos en un museo”.
“También somos constructores de la Argentina. En parte esto tiene que ver con el apoyo de tantas organizaciones sociales. Nuestras poblaciones emigran del campo a la ciudad, a las villas, y allí nacen organizaciones sociales, por una necesidad de defensa ante la marginalidad y la exclusión”, afirmó Carriqueo.
“Argentina se construyó así y es difícil plantear la multiculturalidad y el plurinacionalismo, por más que existan leyes que apunten en ese sentido”, señaló el vocero mapuche rionegrino.
Sobre la situación en Cushamen, remarcó que “apoyamos todos los reclamos de los hermanos”, y advirtió “Desde los medios se construye un enemigo diciendo falacias, como que somos extranjeros”.
“No pueden actuar como semidioses”
“Además de la prórroga, reclamamos por nuestros territorios y vida, de lo contrario continúan la llamada «campaña del desierto» y exterminio, porque sin tierras perdemos también cultura”, enfatizó Leko Zamora, de la comunidad wichí Chowej Woos.
“Estamos aquí para juntar fuerzas con tantos hermanos, no sólo para beneficio nuestro, sino al Estado nacional e incluso al aparato político, que deben entender que debe haber participación y consultarnos sobre nuestros temas. No pueden pensar y actuar como semidioses”, afirmó el también miembro del Instituto de Cultura de la provincia de Chaco.
“La gran mayoría de los argentinos tenemos sangre indígena, y es hora de pensar que como argentinos debemos respetar la diversidad, y no sólo a los hijos de europeos”, agregó Leko, nacido en Puerto Tirol.
Entonces, remarcó: “En la construcción del Estado, luego de la Independencia en la que se sacrificaron negros e indígenas, el grupo de poder comenzó a perseguir al pueblo indígena y dibujaron al indio malón, retrógrada y que no busca progreso. Después llegaron las sectas religiosas, escuelas y organizaciones religiosas a quien escucharon los gobernantes, pero no nos oyeron, aunque tenemos voz y espíritu”.
“Desde hace 200 años buscan transformar al salvaje en ciudadano, pero al quitarnos la tierra, muchos debieron ir cerca de ciudades, y allí se pierde la lengua y la identidad. Hay muchachos que no manejan el idioma, pero se sienten indígenas y quieren luchar”, advirtió.
Desde Rosario
Noelia Naporiche sonrió al charlar con el eslabón. “Yo también soy de Rosario, de Zona Oeste, barrio Qom (Rouillon 4300). Vinimos unos 120 hermanos por el reclamo de todos los pueblos originarios. Nuestra exigencia es por tierra y vivienda. Hay programas municipales y provinciales, pero muchas veces no funcionan porque vivimos en terreno privados. A pesar que la ley que nos ampara, no se puede vivir dignamente. Si bien la Municipalidad, desde la Dirección de Pueblos Originarios, trabaja en lo que es la salud o situaciones de violencia, en una vivienda suelen vivir cuatro familias, con un baño y una pieza”, alertó.
Subrayó que “luego de la represión que vivimos el 2 de abril último, hoy siguen persiguiendo, provocando e insultando a los jóvenes. Pero la misma comunidad se levantó y está más unida”.
Noelia nació en Río Bermejito, a 20 kilómetros de Juan José Castelli (Chaco). “Mi padre era de la comunidad pilagá, en Formosa, y trabajaba en algodonales. Mi madre es qom, del Chaco, donde vivimos hasta que yo tenía 17 años. Llegamos en 1994 y ahora soy coordinadora de la comunidad qom y en talleres de integración con jóvenes y chicos”.
De Ñorquinco a Villa Fiorito
Portando una bandera que rezaba “Petu Mogeleiñ”, que en mapuzungún significa “aún vivimos”, José Manuel explica: “Venimos por la tierra, el agua y la aparición de Santiago Maldonado. Somos del territorio de Ñorquinco, en el sudoeste de Río Negro, habitado por más de 130 familias”.
En tanto, desde cientos de kilómetros de distancia, también en la plazoleta del Congreso, un montón de chicos dibujaron afiches. Estaban con Fátima, coordinadora de la organización Che Pibe, de Villa Fiorito, noroeste de la bonaerense Lomas de Zamora. El grupo cumple 30 años y trabaja con 600 niños que viven en ese asentamiento “sobre un basural gigante, con un pasivo ambiental de muchos años, por lo que muchos chicos poseen plomo en sangre”.
“Tomamos con ellos el tema de nuestro origen, por eso estamos acá hoy, los pueblos originarios son parte de la Madre Tierra y muchos tienen ese origen”, explicó.
Desalojos en Jujuy
Desde la comunidad indígena Esquina Blanca y Chijra, a unos 20 kilómetros de Humahuaca, llegó con su gente Antonio Yurquina, miembro del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Omaguaca: “En Jujuy vivimos desalojos y aprietes día a día. El relevamiento sólo alcanzó a un 30 por ciento de los territorios”, detalló. Y advirtió: “Sin tener una carpeta técnica, mañana puede aparecer cualquiera con un título y no podemos hacer nada porque eso está en manos del gobierno. Vivimos en comunidades alejadas, situadas en el campo y donde se sobrevive por el ganado y la agricultura”.
Tronar de sikuris y kultrunes
Tras realizar la marcha y rodear en varias vueltas al edificio del Congreso, en la zona retumba el profundo sonar de sikuris y kultrunes, entonando un canto de la tierra adentro, desde comunidades del norte al sur de Argentina.
Con el apoyo de organizaciones barriales, gremiales, estudiantiles y políticas, los originarios desplegaron desde el 23 de septiembre cientos de carteles y pancartas, remarcando que la lucha une a cientos de comunidades.
El Colectivo Tierra y Territorio logró convocar a asociaciones como la Indígena de la República Argentina, la de Abogados de Derecho Indígena, la Marcha de Mujeres Originarias, la del Buen Vivir, la Nación Querandí, Qllapi Waun (Tinkunaku), el Consejo de Amautas Indígenas del Tawantinsuyu de Argentina, comunidad Cacique Pincen (Trenque Lauquen), el Parlamento Mapuche-Tehuelche Provincia de Buenos Aires, Lules (Salta), Calete (Humahuaca) y la Qhapaj ñan (Quechua Ayma, la Quiaca).
También participó el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes Pueblo Ocloya (Jujuy), organización Tigre Azulado de la Nación Guaraní y el Consejo Comunidades Pueblo Iogys (Salta), además del/ Consejo Continental Nación Guaraní (Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil), Consejo Nación Tonokoté Llutki (Santiago del Estero), la organización Tewok Pueblo Wichi, Honat Leles Pueblo (Salta) y la Comunidad India Quilmes (Tucumán), entre otras.
Entre tantos estandartes, banderas y reclamos de tierra y respeto por la identidad y cultura, uno en especial resonaba frente al Congreso: “Aparición con vida de Santiago Maldonado”, a la vez que se convocaba a la marcha nacional al cumplirse el domingo 1º de octubre dos meses de ser secuestrado y desaparecido por Gendarmería.
Fuente: El Eslabón
