En histórico juicio, un tribunal de Entre Ríos condenó a un año y medio de prisión a tres acusados de “intoxicar” con agroquímicos a docentes y alumnos de un establecimiento educativo rural de Colonia Santa Anita. El caso reavivó un debate complejo en torno al esquema agrario y sus consecuencias.

El juicio por fumigar con agroquímicos alrededor de una escuela rural de Entre Ríos en horario de clase, que condenó a un año y medio de prisión en suspenso a tres acusados de generar “lesiones leves culposas y contaminación ambiental”, fue facultado de “inédito” e “histórico” por “sentar precedente” en esa provincia y a nivel nacional. El caso, que se replica en otras regiones productivas del país, reavivó un debate complejo en torno al modelo agroindustrial y sus efectos sobre la salud de la población. Son controversias que, por falta de una legislación clara y una discusión amplia y seria, para resolverlas requieren de una intervención judicial.

El tribunal de Concepción del Uruguay dio su veredicto el pasado 3 de octubre en el caso de la escuela rural fumigada en Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos, donde fueron condenados el productor José Honecker, el presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Ernesto Rodríguez, y el piloto de la nave, César Visconti. La causa investigó una denuncia por intoxicación en diciembre de 2014, cuando una avioneta aplicó agroquímicos en un campo de arroz lindero al edificio escolar, afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos. Es el primer juicio en la provincia de Entre Ríos que investiga la fumigación en sembrados y sus consecuencias para los ciudadanos.

Los fundamentos de la sentencia, que será apelada por los abogados defensores, se conocerán el próximo 11 de octubre. La Justicia condenó a un año y seis meses de prisión en suspenso a los acusados y la inhabilitación por el mismo período para realizar fumigaciones al piloto y a la empresa. La causa fue elevada a juicio el 4 de julio pasado. Durante el proceso, la Fiscalía caracterizó como agravante que la contaminación con agroquímicos se realizó en una institución pública, en una escuela, con niñas y niños. De todos modos, relativizó la gravedad de lo acontecido al atenuar “los antecedentes” de los tres acusados. También recalcó que la sentencia no es “contra la actividad económica que se realiza sino contra los ejecutores de un hecho evitable”.

Era un 4 de diciembre, día de mucho calor, soplaba viento norte. “Un alumno que venía del patio corriendo me dijo «seño, anda un avión volando re bajito». Cuando salí del aula sentí un olor terrible. Entré enseguida y cerré todas las ventanas. Filmé a la avioneta esparciendo veneno por delante de la escuela. Al rato, una nena empezó a vomitar, otros tenían mareos, dolores de panza, las mucosas irritadas. Llamé al hospital y a la Policía, y el avión seguía fumigando”, narró Mariela Leiva, directora de la escuela rural Nº 44 República Argentina de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay de Entre Ríos.

“Recibimos presiones y amenazas de distintos grupos ruralistas para que la causa no avance. El dueño del campo es un ex alumno de la escuela y no le importó nada. Ni siquiera cumplieron con avisar 48 horas antes que iban a fumigar. Las fumigaciones aéreas son muy nocivas para la salud, sobre todo de los niños. Incluso la mesa de enlace de las entidades agropecuarias de Entre Ríos sacó un comunicado donde llamó a la reflexión al tribunal, y defendió un modelo de producción por encima del derecho a la vida”, indicó la referente de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y militante del gremio docente Agmer, en declaraciones al programa Poné la pava (radio Gran Rosario).

“Acá la empresa infringió la legislación vigente y no tenía la habilitación para trabajar en la provincia. Además el piloto de la avioneta no tenía la formación específica para realizar la pulverización”, señaló Leiva. Tras conocer el fallo, la docente escribió en las redes sociales: “Es un aliento para todas las organizaciones que luchan denunciando y promoviendo acciones para evitar el avance de estas prácticas inherentes al modelo productivo, en defensa de la salud y el ambiente. Además, la condena sienta un precedente con una dura advertencia para los productores rurales, quienes deberán tomar nota de las exigencias de la ley”.

El tribunal de Entre Ríos siguió los lineamientos de un caso similar ocurrido en campos del barrio Ituzaingó, al sureste de la ciudad de Córdoba, donde un productor agropecuario y el piloto de la aeronave fueron condenados a tres años de prisión condicional por fumigar de “modo peligroso” con agroquímicos en cercanías del casco urbano. Esta causa se inició en 2008 con una denuncia de los médicos de la Dirección de Salud de Córdoba, que detectaron un crecimiento exponencial de casos de cáncer en esa zona. La situación, que derivó en reglamentaciones municipales y provinciales sobre la problemática, dio origen a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

Buenas y malas prácticas

El modelo agropecuario argentino es altamente dependiente de los agroquímicos ya que la mayoría de sus cultivos, la soja sobre todo, se siembra con semillas modificadas genéticamente y resistentes a los herbicidas. Incluso, el debate sobre las semillas, que dieron origen a la agricultura y hoy están privatizadas por unas pocas corporaciones, más la tenencia y uso de la tierra, son otras polémicas que se desprenden de este modelo de producción que resultó del paquete agrotecnológico aplicado en el país desde mediados de la década del 90. Este mismo modelo trajo aparejado un fuerte cambio cultural en las poblaciones que “viven” del campo y en el propio territorio. Con todo, se fueron ocasionando cada vez más controversias en el seno de la población.

Las organizaciones ambientalistas luchan desde hace años por la prohibición absoluta de las fumigaciones aéreas y la limitación en las aplicaciones terrestres a una distancia de 800 metros del límite periférico de las zonas pobladas. Se movilizan “en defensa de la vida y el medioambiente”.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) promueven las “buenas prácticas agrícolas para un uso responsable de los fitosanitarios (agroquímicos) en los sistemas de producción agrícola”. El Inta plantea que hay “dos mundos enfrentados: ambientalistas versus productivistas”, y creen que “sólo será posible proyectar alternativas válidas para avanzar en la solución del problema reconociendo su complejidad y la gran cantidad de actores involucrados: científicos, productores, ambientalistas, profesionales, docentes, estudiantes, jóvenes, funcionarios, legisladores, ciudadanos”.

“Creando espacios de participación y diálogo, respetando las diferentes posturas”, señalan desde el Inta, “se persigue el propósito de lograr una mejora en la convivencia, con vistas al desarrollo de la comunidad”.

Ley de agroquímicos

Un proyecto de ley presentado en el Senado nacional busca prohibir fumigaciones agrícolas terrestres con el denominado “mosquito” o “matayuyos” a menos de 1.500 metros de zonas urbanas y fijar en 5.000 metros la restricción para aplicaciones aéreas. Hasta el momento, como se señaló, hay normativas provinciales y ordenanzas municipales sobre el tema.

Los argumentos del proyecto que presentó el senador nacional Fernando Pino Solanas se valen de una serie de estudios nacionales e internacionales sobre el uso de agroquímicos y su impacto en la salud. De prosperar el debate parlamentario, la novedad sería la aprobación de una ley nacional que regule esta práctica común en el modelo agrario argentino. En la Legislatura santafesina se presentaron varios proyectos similares para regular fumigaciones con agroquímicos, pero, por diferentes motivos, ninguno consiguió convertirse en ley.

Non sancto

El gigante agroquímico se llama Monsanto. Semanas atrás, representantes del Parlamento Europeo pidieron prohibir el acceso a esa institución de los directivos y lobbistas de la multinacional después de que se negaran a participar de una audiencia en la que se plantearon acusaciones de su presunta influencia indebida en estudios científicos, ingrediente clave en el controversial herbicida Roundup de Monsanto.

El próximo 11 de octubre, los eurodiputados querían preguntar a la empresa sobre los Monsanto papers, unos documentos desclasificados por la Justicia de Estados Unidos que, según los medios, demuestran que el grupo influyó en la redacción de estudios científicos.

El presidente de Monsanto, Philip Miller, se excusó: “La audiencia puede ser vista como el último intento de los que se oponen a las prácticas agrícolas modernas para influenciar y frustrar los procesos reguladores científicos de Europa como les convenga”.

Monsanto comercializa, entre otros productos, el Roundup, un herbicida a base de glifosato, objeto de controversia en Europa y cada vez más en otras partes del mundo, como en la Argentina. De hecho, días atrás Francia anunció que desde 2019 quedará prohibido el uso agrícola del herbicida glifosato en el país galo por su efecto nocivo sobre la salud humana.

Modelo agrario neoliberal

Con la devaluación del peso y la quita y rebaja de derechos de exportación (retenciones) a los granos ni bien llegó a la Casa Rosada, el gobierno de Mauricio Macri puso al agro como motor de la economía, esperando que haga efecto la teoría del derrame y se beneficien otros sectores de la sociedad, cosa que no ocurrió. La reprimarización de la económica no hizo más que atentar contra el mercado interno y la producción fabril, donde se ven despidos y cierres de establecimientos.

Con traje de candidato, Macri hablaba de las economías regionales,. A casi dos años de la gestión macrista, estas fueron perjudicadas por políticas de concentración y apertura importadora. La agricultura familiar no está en la agenda de Cambiemos. Mejoró la rentabilidad del sector agroexportador, pero no la de los pequeños y medianos productores.

El modelo agroindustrial vigente recostado en el monocultivo, que el proyecto neoliberal de Macri vino a consolidar, genera impacto ambiental. Hay más deforestación de bosques y montes nativos para sembrar soja, y las inundaciones en buena parte de las zonas agrícolas-ganaderas-tamberas son un grave problema. Son cuestiones que deberían estar presentes en el debate hacia una nueva ruralidad.

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