En el podio del ajuste que sucederá luego de los comicios del 22 de octubre, la precarización laboral tendrá un sitio preciado, junto a la persecución judicial al kirchnerismo y el tarifazo general. El glotón ministro Triaca advirtió: “El elefante se come de a bocados”.

A Mauricio Macri le importa un bledo el resultado de las elecciones de medio término que se llevarán a cabo dentro de dos domingos. Los resultados de las Paso de agosto lo hicieron sentir habilitado para ejecutar un ajuste brutal, abandonando lo que su gabinete define como “gradualismo”.

Los niveles descomunales de endeudamiento externo e interno en un lapso que ningún otro gobierno pudo empardar hasta el presente, la caída de la actividad económica, el déficit de la balanza comercial, los índices de desempleo y el infame descenso a la indigencia de vastos sectores previamente pauperizados, entre otras iniquidades, son categorizados por la alianza entre el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica como gradualismo.

Las chances de alzarse con una victoria en las inminentes legislativas exacerban los instintos predadores de los protagonistas principales de un saqueo que aún no es percibido por las grandes mayorías, mientras buena parte de la dirigencia política que debería ofrecer resistencia al accionar de esta banda de filibusteros juega con bengalas en un polvorín.

En los últimos días es ostensible el interés del régimen macrista por instalar una necesidad propia como parte de un reclamo social imperativo. El desmantelamiento de derechos laborales bajo la farsesca denominación de reforma laboral, y con la excusa de blanquear a un millón de trabajadores informales gana terreno en los discursos oficiales y en la agenda de los medios hegemónicos que le aportan blindaje informativo a la crápula gobernante.

Cómo se va gestando la flexibilización laboral

Mientras La Nación titula que “El Gobierno busca blanquear a un millón de trabajadores”, agrega que “ya están en marcha las negociaciones para llegar al Congreso con una ley consensuada en los próximos meses”.

Cualquier entusiasta que aún piense que se trata de una movida a favor del sector del trabajo, debe leer entre líneas el mensaje que el diario de la familia Mitre-Saguier pretende instalar: “Busca (el Gobierno) eximir del pago de multas a los empresarios que regularicen a sus empleados”. Pasado en limpio, los negreros que no habían anotado a sus trabajadores, podrán hacerlo sin pagar costo alguno.

A ese nuevo favor al empresariado que representa, el macrismo lo llama “Ley de blanqueo laboral”, y La Nación, como vocera patronal, señala que las negociaciones con el sector gremial “deberán estar finalizadas antes de marzo próximo”, porque “el plan que ya puso en marcha el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es que haya un resultado concreto antes del comienzo del nuevo año legislativo”.

Pero ésa es apenas una parte, si se quiere “vendible”, del esquema mayor de flexibilización laboral, pese a que el universo de trabajadores en negro alcanza a más de 4 millones y medio de personas, con lo cual, a gatas, el Gobierno estaría formalizando menos de un cuarto del total.

La tribuna de doctrina oligárquica, en un párrafo imperdible, deja en claro el sueño que atesora el establishment: “El objetivo del Gobierno es terminar en parte con la «mafia de los juicios laborales», como la definió el Presidente. El blanqueo laboral es la conclusión del pedido que el jefe del Estado le encargó al ministro de Trabajo. Para Macri, la ola de juicios laborales es además un freno para las inversiones. Pero, como en cada decisión que tomó la administración nacional que afectó a los trabajadores, todo será «gradual»”.

Los referentes sindicales deberían tomar nota de estos conceptos, porque si hasta ahora Macri fue “gradual”, lo que se viene es brutal, y los trabajadores esperan que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias.

Triaca afila sus dientes para el banquete

Foto: Andrés Macera

Justamente, las definiciones que surgieron la semana que concluye fueron una suerte de capítulo 2 de una saga que comenzó hace poco menos de quince días, cuando los templarios macristas se cargaron a Juan Pablo Pata Medina, a quien encanaron preparando el terreno para naturalizar la “lucha contra las mafias sindicales” y el verdadero premio mayor del núcleo de poder dominante: la flexibilización laboral.

Medina, ex secretario general de la Uocra de La Plata, es indefendible por innumerables razones. Sus métodos de apretador profesional hace rato que están más en sintonía con los negocios vinculados a las obras privadas y públicas que a la defensa de los trabajadores.

Pero los principales socios del gremialista nunca irán presos, porque son los empresarios que ganan licitaciones que el intendente de La Plata, un macrista hecho y derecho, les sirve en bandeja. Julio Garro, de él se trata, salió a decir que el Pata era un extorsionador, y que los aprietes que llevaba adelante el jefe de la Uocra platense se dirigían “tanto a los empresarios como a los trabajadores”.

La credibilidad de Garro no es mayor que la de Medina, por muchas razones. El diario Hoy de La Plata lleva adelante desde el año pasado varias denuncias de corrupción que pesan sobre su gestión. Una de ellas, precisamente, tiene que ver con “las mafias del Mercado Regional, una «caja negra» que le garantizaría a la comuna unos 130 millones de pesos anuales”, según lo publicado por el periódico platense.

Si de apretadores se trata, en esas “mafias del Mercado Regional” el “monopolio se (lo) disputarían las barras de Gimnasia y Estudiantes”, señala Hoy, que además achaca a garro un “oscuro sistema de Estacionamiento Medido, que este año podría recaudar unos 80 millones de pesos en negro”, y una “sospechosa y direccionada licitación por la que la Municipalidad les encargó las tareas de bacheo a unas seis empresas a las que les garantizó más de 118 millones de pesos, con sobreprecios que superaron en casi 20 millones el presupuesto oficial”.

El macrismo que acusa al Pata Medina está más sucio que una papa, pero los medios hegemónicos nada publican al respecto.

Lejos de esas matufias, pero no tanto, esta semana en el Rotary Club de Buenos Aires el ministro Triaca reconoció que habrá una reforma laboral y sostuvo que “será gremio por gremio”. Y para graficar la táctica del macrismo, apeló a una brutal figura: “A veces, el elefante se come de a bocados”.

El titular de la cartera laboral, en el marco de la tradicional reunión que organiza el Rotary todos los miércoles, indicó que “la reforma será gremio por gremio, al estilo Vaca Muerta”.

Triaca sostuvo que la CGT apoya una actualización de los convenios colectivos de trabajo, pero separó al movimiento obrero entre el que calificó de “sindicalismo aggiornado” y aquel que está “mirando por el retrovisor”.

El ministro macrista reveló que los recortes de derechos, que él denomina “reforma laboral” no se llevarán adelante a través de una ley: “Será discutida por todos los sectores, gremio por gremio, y no mediante una gran ley”.

Es claro que Macri quiere evitar por todos los medios un debate en el Congreso, lo que conllevaría una fuerte oposición de quienes aún defienden los derechos de los trabajadores, por lo cual Triaca prometió: “Esta reforma será producto de la elaboración de consensos con los dirigentes sindicales y empresarios”.

La charla del funcionario duró unos 50 minutos, en los que se mostró amplio: “Yo dialogo con todos y observo que hay distintas miradas; unos miran el futuro de la Argentina, y entienden que hay que adecuar sistemas productivos. Hay un sindicalismo muy aggiornado y otros que siguen mirando el espejo retrovisor”.

Por si alguien no entendía, amplió: “Hay excepciones que están teñidas de una mirada política partidaria. Hay convenios que son de la década de los ‘70, miran procesos de producción que ya no existen más, por eso hay que mirar el acuerdo de Vaca Muerta”.

Triaca no se privó de cargar contra la Justicia laboral y los abogados laboralistas: “Es raro que se reduzcan los accidentes laborales y aumenten la cantidad de juicios; y hay unos 60 estudios de abogados que el año pasado se llevaron unos 600 millones de dólares”. Sin embargo, no citó fuente alguna, ni realizó comparaciones en términos históricos y estadísticos.

El funcionario macrista, finalmente, trató de tirar la pelota a la tribuna: “En ningún sentido usamos la palabra flexibilización porque creemos que no es lo que corresponde, y en la Argentina hay que discutir de qué manera podemos ser más productivos y generar más oportunidades de trabajo, y eso se discute entre todos los sectores”.

Triaca subrayó: “Ya he hablado del tema con la CGT y estuve ayer con la dirigencia de la Unión Industrial Argentina”.

Fue en ese momento que se consultó a Triaca en torno de las posibles similitudes entre la reforma laboral llevada a cabo en Brasil y la que quiere instrumentar el macrismo. El ministro respondió vaguedades sobre el consenso, pero cuando debió definirse fue impiadoso con la figura elegida: “A veces, el elefante se come de a bocados”. El elefante no es otro que el movimiento obrero, no tiene nombres y apellidos, no se circunscribe a un triunvirato y el peronismo siempre lo consideró su columna vertebral.

Buscando garantías y jubilando a CFK

La CGT, por su lado, movió algunas piezas. El martes se había realizado el Comité Central Confederal, en el marco del cual se desactivó cualquier probable convocatoria a un paro nacional, y del cual el moyanismo no participó.

Le llevó sólo un par de horas al Consejo Directivo, el máximo órgano de conducción, resolver que se avanzará en las negociaciones para mantener un diálogo con el Gobierno.

Y mientras Triaca aseguraba que ya tiene acordadas líneas de acción con la central obrera, el jueves pasado los triunviros que la lideran se reunieron con un grupo de legisladores para discutir dos cuestiones.

La primera, acordar mínimos resguardos para frenar la embestida oficial de flexibilización laboral, pero además ir perfilando lo que algunos denominan la “reorganización” del peronismo luego de los comicios del 22 de octubre.

Así, el triunvirato formado por Carlos Acuña,de Estaciones de servicio; Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento, y Héctor Daer, Sanidad, asistieron al Senado –la reunión se realizó en el despacho de Miguel Pichetto– acompañados por Andrés Rodríguez, de Upcn; José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias; Francisco Barba Gutiérrez, de la UOM, y Gerardo Martínez, de la Uocra.

El encuentro fue a pedido de la CGT, y al mismo fueron los senadores por Salta, Rodolfo Urtubey; Catamarca, Dalmacio Mera; Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina; San Juan, Marina Riofrío, y Tierra del Fuego, José Ojeda. También estuvieron los diputados Diego Bossio y Luis Beder Herrera, junto al gobernador de La Rioja Sergio Casas.

La conducción cegetista insistió en que la frontera que dejó marcada el Confederal supone defender la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, la ultraactividad y la integralidad, lo cual impediría llevar adelante acuerdos por región, y que los actuales sistemas previsional y de salud solidarios no se toquen.

Schmid fue acaso el más elocuente, pero se supone que actuó como vocero del triunvirato: “Hay tres ejes que para nosotros son invulnerables: no vamos a negociar por debajo de la ultraactividad, no vamos a discutir la jerarquía de los convenios colectivos de trabajo y por supuesto vamos a mantener las condiciones de trabajo dentro los convenios colectivos”.

A la salida de la reunión, Daer dio certezas respecto del compromiso de los legisladores presentes de consultar a la CGT frente a posibles movidas del macrismo relacionadas con temas laborales, y que no apoyarán algo si la central sindical no lo aprueba. El titular de Sanidad no dejó pasar la oportunidad de sostener que “el Gobierno inspeccionó el Congreso y vio que es muy difícil sacar una reforma laboral”.

En lo que hace a la “reorganización” del peronismo, que parece ser la obsesión de quienes quieren erradicar del universo justicialista a todo lo que huela a kirchnerismo, la palabra que más se escuchó, paradójicamente, fue “unidad”.

Se avanzó en lo que sería un encuentro de gobernadores y senadores justicialistas –si se quiere el entorno más reactivo a CFK–con la cúpula cegetista luego del 22 de octubre, aunque todavía sin fecha asignada.

Según trascendió, en ese grupo de legisladores y dirigentes gremiales es mayoritaria la opinión de que el macrismo y sus aliados saldrán fortalecidos tras la compulsa electoral. Pichetto sintetizó: “Hubo coincidencias en que el peronismo tiene que construir una alternativa, tiene que crear un programa y tener una actitud propositiva”. Y en esa dirección, Daer agregó: “Es una preocupación que tenemos todos, que el peronismo vuelva a ser una expresión con capacidad electoral”.

No es necesario otro ejercicio que observar la foto de la reunión o repasar el listado de sus concurrentes para concluir que entre todos no suman ni un cuarto de la capacidad electoral de quien quieren dejar afuera de la “reorganización” del peronismo.

“Los 562” y el decreto rutero

El diario Clarín, el miércoles pasado, publicó un título críptico: “La lista de «los 562» hombres a que apunta Macri”. La bajada no aclara mucho: “Los argentinos que frenan el cambio del país, según el Presidente”.

El artículo, en su primer párrafo, intenta dar algo de luz entre tanta tiniebla prefabricada: “«Son 562», dice Mauricio Macri en charlas privadas. «La cifra es inventada por mí, pero no debe estar alejada de la realidad», añade. Son, para él, los argentinos que frenan el cambio en el país. Una lista bastante acotada, por cierto”.

El autor, Marcelo Canton, sigue con la onda misteriosa: “«Son tipos que creen que tienen derecho a un pedazo del país», define (Macri) cuando le preguntan sobre ese grupo al que se refiere una y otra vez. ¿Más detalles? Dice que hay empresarios, jueces, gremialistas, políticos, periodistas. En sus términos, puro «círculo rojo». Se niega a dar más detalles, aunque a veces da indicios. El «Pata» Medina, el «Caballo» Suárez, y hasta un empresario privado estarían en ese listado”.

El intérprete de los insondables misterios que llenan la cabeza del mandatario sugiere que Macri está seguro de que “si esa gente saliera de las segundas o terceras líneas que ocupan en la estructura del poder del país, se podrían acelerar los cambios culturales, que sería más fácil modificar la manera de entenderse a sí mismo que tiene el país”.

Un país que debe cambiar la forma de entenderse a sí mismo, por ejemplo, es aquel en el que el Presidente firma un decreto que privatiza el organismo que debe controlar y supervisar el llamado a licitaciones para la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales. Macri lo hizo.

Privatizó de un plumazo Vialidad Nacional a través de un decreto que crea una sociedad anónima en la que asume todas las funciones de Vialidad e invita con los brazos abiertos a que se incorporen socios privados.

La sociedad anónima que irá reemplazando las funciones de la Dirección de Vialidad Nacional surge del decreto 794 del Ministerio de Transporte que se publicó el miércoles en el Boletín Oficial, dando creación a la empresa “Corredores Viales SA”, que tendrá a su cargo “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”.

Por ahora, la sociedad anónima cotizará en el mercado con un capital accionario que integra un 51 por ciento el Ministerio de Transporte y el 49 por ciento Vialidad Nacional, pero la trampa está dada en que el solo hecho de que sea una SA abre la posibilidad de que socios privados adquieran parte del paquete accionario de la flamante empresa, incluso al punto de llegar al control de la misma.

De eso habla el párrafo que reza, entre otros considerandos, lo siguiente: “Que en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”.

Lo peor del caso es que para la nueva SA “no resultan aplicables las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias”, lo cual en criollo entendible significa que “Corredores Viales SA” podrá hacer contrataciones directas para llevar adelante obras, convocar a proveedores, sin someter esos actos a las licitaciones a que cualquier organismo estatal está obligado.

Macri, para lograr que el país “cambie la forma de entenderse a sí mismo”, ya aplicó ese mecanismo en el Pami, al crear –como bien lo señala el sitio El Destape– “una fundación para administrar ciertos sanatorios y servicios” que hoy pertenecen a la obra social de los jubilados, ya que “al ser un organismo privado, la fundación deja de tener obligaciones vinculadas a los controles y transparencia”.

Pero volviendo al artículo de Clarín sobre los “562” que obsesionan al jefe de la banda, Canton se pregunta: “¿Qué puntos debieran revisar los argentinos en su manera de percibirse?”, un interrogante para el que surge una pronta respuesta. “En el entorno del Presidente lo interpretan, y dan alguna precisión sobre el tema. Dicen que el populismo está entre los factores que más se concentra en ese grupo de los «562»”.

Macri, además, tiene una idea de cómo sacarse de encima a “los 562”. En lo que el escriba del blindaje define como una “broma de tono oscuro”, el Presidente, revelador, sueña en voz alta: “Si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto…”.

Fuente: El Eslabón.

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