El juez federal Julián Ercolini ordenó el procesamiento de la titular de la Procuración General de la Nación por la presunción de un delito que la defensa de la imputada, Alejandra Gils Carbó advirtió que nunca ocurrió.
La decisión del magistrado, en sintonía con las presiones que viene ejerciendo el gobierno de Mauricio Macri contra la procuradora general, fue adoptada este jueves, y se basa en un hecho que la defensa de Gils Carbó advirtió que se trata de “un delito imaginario”.
Ercolini imputó a la procuradora en la causa por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración. De este hecho, Gils Carbó ni estaba enterada, pero además la tasación del edificio era la más baja del mercado, por lo que no existió perjuicio patrimonial para el Estado.
Así, Gils Carbó fue procesada por la presunta comisión del delito de «administración fraudulenta» en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación. Pero en los hechos, se trata de una puesta en escena a diez días de las elecciones de medio término, y uno más de los efectos que el dispositivo mediático judicial utiliza para mostrar una administración preocupada por dar batalla a la corrupción.
Este viernes, tal como lo reseña el diario Página 12, el estudio que defiende a Gils Carbó, encabezado por León Arslanian, divulgó un comunicado de prensa en el que plantea que el procesamiento se basa en “un delito imaginario”.
En el texto, los abogados de la procuradora manifiestan “estupor, porque (Ercolini) le adjudica una de las modalidades de la defraudación (a la Procuradora) cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública al autorizar, la funcionaria, la compra de un inmueble para sede de su desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas, y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales. Sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera conocimiento de aquélla”.
A la vez, los defensores de Gils Carbó señalaron: “No nos sorprende”, debido a que “algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando”.
