La Fiscalía Federal de Esquel solicitó que la autopsia del cuerpo hallado este martes en el Río Chubut, se realice con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) y de todas las partes que integran la causa.

«Esta dependencia del Ministerio Público destaca que de no realizarse con la intervención de todos los legitimados en el expediente quedaría abierta la posibilidad a que se deba reordenarla, con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear», señalaron desde la fiscalía a través de un comunicado publicado la tarde de este miércoles.

«Por ello –continuó el texto publicado en Fiscales.gob.ar–, se remitió la causa al Juzgado Federal a los fines de que, de entenderlo el magistrado, ordene el traslado al Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de que se lleve adelante la operación».

La fiscalía, indicó que desde esa dependencia se «propuso la participación en todo el proceso del Equipo Argentino de Antropología Forense a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas, en el marco del convenio firmado entre la organización y la Procuración General de la Nación el 27 de abril de 2015».

Respecto de los puntos de pericia, desde el MPF «se requirió que se cumplan con los previstos en el «Protocolo Modelo para la Investigación legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias» de la ONU (Protocolo de Minnesota)».

«Como se informó oportunamente, el rastrillaje realizado ayer fue impulsado por esta fiscalía federal y la Procuraduría de Violencia Institucional, con la asistencia técnica del Equipo de Antropología Forense que colabora desde los inicios en el expediente», se remarcó en el comunicado.

La fiscalía federal también destacó «la colaboración prestada por la Procuraduría de Violencia Institucional en el desarrollo de la investigación, así como de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelicuencia, la Dirección General de Orientación a la Víctima y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, de la Procuración General de la Nación».

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