El ilegítimo presidente de Brasil modificó la legislación para beneficiar a los patrones que ejercen las formas más brutales de explotación. Lo hizo a pedido del Frente Parlamentario Rural, la bancada de terratenientes en el Congreso. A cambio, no lo mandan al frente en causas por corrupción.
Con la flexibilización laboral, el gobierno golpista de Michel Temer quitó los derechos a los trabajadores y produjo un retroceso de más de un siglo. Ahora, con las nuevas modificaciones introducidas a la legislación sobre trabajo esclavo, el retroceso es de varios siglos: se redefinió el concepto de “trabajo esclavo” y se garantizó la impunidad de los terratenientes explotadores, que podrán hacer trabajar a la gente hasta morir y quedar impunes, porque la ley los protege.
Todo esto a pedido del sector agropecuario, que para obtener más ganancias necesita hacer trabajar a mujeres y hombres en condiciones infrahumanas, sin derecho alguno, hasta el exterminio.
La legislación vigente hasta el momento establecía que el “trabajo esclavo” era aquel que tenía “características análogas a la esclavitud”, porque incluía la realización forzada de jornadas laborales exhaustivas, en condiciones degradantes o por restricción de la capacidad de moverse del trabajador debido a deudas contraídas con el empleador, entre otras características que encuadraban con esa definición, que tiene, además un estatus legal internacional.
Pero ahora, a partir de los cambios, la definición es mucho más restrictiva: sólo será considerado trabajo esclavo “cuando haya uso de coacción, exista cercenamiento de la libertad de movilidad del trabajador o éste sea obligado a trabajar bajo seguridad armada o por la confiscación de sus documentos personales”.
Las nuevas reglas están claramente orientadas a proteger a los esclavistas: determinan que la nómina de empresas que utilizan trabajo esclavo, que cada año era divulgada por un equipo técnico encargado de controlar las condiciones de empleo, ahora no se difundirá, excepto si el ministro de Trabajo así lo solicita.
Con la legislación anterior, las empresas que figuraban en la lista debían pagar multas, indemnizaciones y cargas laborales. Estas puniciones ya no existen. Las nuevas leyes están hechas a imagen y semejanza de los intereses de los explotadores esclavistas.
Durante 2016, fueron hallados unos 800 trabajadores esclavos en Brasil, una ínfima parte de los que existen, en 158 establecimientos rurales fiscalizados. Los estados donde más casos de condiciones análogas a la esclavitud se han descubierto son Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Piauí, San Pablo, Bahía y Minas Gerais. Son estados donde se desarrollan grandes proyectos agropecuarios, mineros y textiles.
La legislación pro-esclavista fue un ejemplo más de la manera en que Temer hace política, típica de la mafia. El ilegítimo mandatario se mantiene en el poder trabajando para los poderes fácticos y sus representantes, a cambio de impunidad.
Ellos lo protegen de las muchas causas en que Temer está seriamente comprometido por casos de corrupción y, a cambio, Temer impulsa las leyes patronales y neoliberales más retrógradas. Es un perfecto tome y daca.
La reforma a la legislación sobre trabajo esclavo se aprobó con más de 200 votos en la Cámara de Diputados, los votos del Frente Parlamentario Rural.
El Frente Parlamentario Rural venía apretando a Temer desde hacía tiempo. Pero en los últimos días los aprietes se hicieron más efectivos, sobre todo cuando se conocieron nuevas denuncias por casos de corrupción contra el mandatario. Los legisladores que representan a los terratenientes fueron claros: si las leyes no salen, no apoyarían a Temer.
En su nota “Otro retroceso más en Brasil”, publicada en Página|12 este 18 de octubre, Eric Nepomuceno analiza el enorme retroceso que significa la nueva legislación, y destaca cómo resulta paradigmática y rebela la forma en que se gobierna en Brasil por estos días.
“En sus olímpicos esfuerzos para mantenerse en el sillón presidencial alcanzado a raíz de un golpe institucional, Michel Temer da reiteradas muestras de considerar que, en esa lucha, cualquier arma es buena”, señala el periodista brasileño, que hace referencia a las más recientes denuncias de la Justicia contra Temer.
“En vísperas de enfrentar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, esta vez por formación de bando criminal y obstrucción de la Justicia, Temer una vez más transformó su despacho en un balcón de negocios. Recibe a diputados, oye sus demandas, negocia la liberación de recursos (desviados, por cierto, de su destino inicial), la distribución de cargos y puestos, así como el envío al Congreso de medidas de interés de grupos económicos o religiosos, en especial los de sectas evangélicas fundamentalistas”, agrega Nepomuceno.
Ante la alevosía del retroceso, se produjeron protestas dentro y fuera de Brasil. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) señaló que las modificaciones introducidas son ilegales porque alteran lo que determina el Código Penal brasileño.
La organización internacional apunta a que, con la nueva normativa, prevalece el criterio del empleador, que literalmente puede hacer lo que se le antoje.
La OIT consideró, asimismo, que Brasil, “deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo”.
La organización advirtió, además, que si se deja de divulgar la lista de empresas que utilizan mano de obra esclava, Brasil corre el riesgo de enfrentar barreras comerciales, especialmente en las exportaciones de alimentos. El sistema vigente hasta ahora en Brasil, conocido como “lista sucia”, era una referencia a nivel mundial, señaló la OIT.
Nepomuceno analiza que la nueva normativa es el resultado final de un largo proceso contra las leyes que intentaban evitar el trabajo esclavo. “Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de los ruralistas no hicieron más que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdió fuerza, pero perduraba. La fiscalización, por ejemplo, sufrió una drástica reducción en su presupuesto, a tal punto que el pasado agosto se agotaron los recursos previstos en el presupuesto nacional para todo este año”, señala el periodista brasileño.
“Acosado por consistentes denuncias de corrupción, entre otros delitos, el presidente más impopular de toda la historia brasileña no lo pensó dos veces. A cambio de apoyo para mantenerse, y también preservar los dos ministros más fuertes de su gobierno, que además de integrar la misma denuncia que será analizada por la Cámara de Diputados responden a un sinfín de acusaciones en la Justicia, retrocedió y eliminó conquistas de décadas”, señala Nepomuceno al tiempo que agrega que, incluso dentro del gobierno de Temer, las medidas causaron rechazo. Tanto el Ministerio Público del Trabajo como el Ministerio Público Federal, fiscalías máximas, hicieron críticas muy duras y recomendaron que sean anuladas.
Pero Nepomuceno menciona que, en cambio, el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, poderosísimo terrateniente y cultivador de soja transgénica, dijo que “sólo tenemos que celebrar” la decisión de Temer.
