Una reflexión sobre Julio De Vido, “el segundo preso político en la Argentina de Macri”, según afirma el autor, asesor del diputado y ex ministro de Planificación Federal recientemente enviado a prisión.

El juez Luis Rodríguez –el mismo que decidió privar de la libertad al diputado nacional Julio De Vido–, lleva la causa 5.611/2016 contra Juan José Aranguren en la que se lo acusa (e investiga) de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Por dicha causa, el CEO-ministro fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli en junio del año pasado. Hablamos del camarista que ordenó al mencionado juez se «promueva su desafuero para proceder a una limitación de su libertad personal» (textual del fallo; pág. 3).

Citamos el argumento central para esta absoluta violación al Estado de Derecho y las mínimas garantías constitucionales de las personas, según consta en el fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala 2) que ordena el desafuero y la detención de De Vido (el subrayado es nuestro): «… se impulse el desafuero del nombrado [Julio De Vido] al considerar…  los riesgos que su libertad supone , y sin poder descartar la fuga, alude además a la  posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real «.

Nos preguntamos a propósito: ¿Por qué no se echó mano a semejantes suposiciones para el caso de Juan José Aranguren, imputado como se dijo en la causa 5.611/2016? El ex ministro de Planificación es el segundo preso político en la Argentina de Macri.

El gran botín: Cristina Fernández de Kirchner

Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuinamente republicana y democrática.

La causa en manos de Rodríguez –originada en la denuncia de los diputados del FpV, Doñate y Tailhade– fue ampliada en 2016 por la compra de gas a Chile.

Pues bien, el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) demostró una semana atrás que, como consecuencia de no haber mantenido las tasas de crecimiento del 2016 (lo mínimo esperable del tarifazo y los nuevos precios del gas en boca de pozo), el gas «no producido» entre enero y agosto de 2017 fue importado en un 95% de Shell (vía Chile y a través de 22 embarques de GNL contratados a la empresa). En otras palabras, prácticamente la misma cantidad de gas que no se produjo el Estado lo compró a la empresa de la que el ministro fue CEO y accionista (durante buena parte del año pasado). El monto involucrado: cerca de 400 millones de dólares en apenas ocho meses.

Como sea, con la denuncia penal contra Aranguren -recordemos, vigente y por la que fue imputado- no apareció ningún fiscal ni juez ordenando al señor Luis Rodríguez pidiendo la renuncia de este funcionario al presidente Macri y su posterior detención. Claro, el diputado De Vido puede «presionar e influir posibles testigos», pero un ministro de la nación en ejercicio de sus funciones no. Más de la anarquía jurídica: «A partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real», De Vido podría «entorpecer» la investigación en marcha. Pero Aranguren nada, a pesar de ser la máxima autoridad energética de la República Argentina, a pesar de haber sido doce años CEO de Shell desde donde saltó al cargo que hoy ostenta; Aranguren nada de nada, con un ministerio que en agosto de 2016 fue allanado por orden del juez Rodríguez.

Aranguren nada de nada, insistimos, habiendo sido accionista de la referida empresa incluso siendo ministro (simultaneidad mantenida entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016), con el agravante además de desconocerse el destino de la supuesta venta de esas acciones y, más importante todavía, si podrá recomprarlas una vez finalizada su gestión.

Y del allanamiento a Shell como testigo… El juez Rodríguez, a fines de agosto del año pasado, citó como testigo al actual CEO de Shell, Teófilo Lacroze (ver imagen de abajo). Pero claro, Aranguren en calidad de ministro y con los lazos que él mismo reconoce tener con Shell y frente a lo cual aceptó excusarse de intervenir en cuestiones vinculadas con su anterior empleador, Aranguren no tiene influencia con ese testigo real y confirmado (no ya testigo «posible», como se supone con el caso De Vido).

En palabras del comunicado del Centro de Información Judicial sobre la citación al CEO de Shell (subrayado nuestro): «El juez Luis O. Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, citó a prestar declaración testimonial al Sr. Presidente de SHELL Compañía Argentina de Petróleo SA, Teófilo Lacroze. La audiencia fue fijada para el próximo 8 de septiembre, en el marco de la causa n° 5611/2016  donde se investiga si el actual Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, habría incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública , en relación con las decisiones adoptadas durante su gestión tendientes a beneficiar a la empresa Shell, entre ellas, la compra de gas a la República de Chile y el beneficio económico que habría obtenido al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC».

Interrogante del millón: entre el 29 de agosto que se formuló la citación a Lacroze y el 8 de septiembre que se fijó para la audiencia, ¿por qué ni a Stornelli ni al fiscal Germán Moldes ni a Martín Irurzun (ambos jueces también promotores del desafuero y la detención de Julio De Vido) se les cruzó por la cabeza que Aranguren –ex CEO de Shell y entonces accionista de la compañía– podría influenciar al testigo y CEO de Shell por las compras de gas a Chile, gas que a su vez le es vendido al país vecino por la mismísima Shell?

En suma, De Vido, uno de los ex funcionarios más perseguidos, atacados y vigilados por la prensa oficialista como por la administración Macri va preso para evitar «entorpecer» una de las causas contra él abiertas y en marcha. Pero el señor Aranguren, en una denuncia penal vigente contra su persona y por la que fue imputado, ampliada el año pasado, con su ministerio allanado, que involucra a la empresa que presidió durante más de una década y de la que además fue accionista en paralelo a su rol de ministro, empresa que desde la asunción de Mauricio Macri cuadruplicó –entre 2016 y 2017– su negocio de GNL con la Argentina, empresa de la cual se adquirió la casi totalidad del gas no producido por la insólita caída de las tasas de producción para los primeros ocho meses de este año por cerca de 400 millones de dólares, en fin, con todos estos elementos de prueba y sospecha parece impensado que Aranguren pueda llegar a «entorpecer» nada ni «presionar e influir posibles testigos», siquiera al actual CEO de Shell citado por el propio juez interviniente en la causa.

Otro capítulo escrito del Libro Negro de la Tercera Tiranía

En TN, la inefable Elisa Carrió, anticipaba la archiconocida estrategia de ir por la presa mayor y su rutilante triunfo con la privación ilegítima de la libertad de Julio De Vido: «Vamos a ver cómo obra el Senado frente a un pedido de desafuero de la Justicia [a Cristina Fernández de Kirchner]… y creo que se lo van a dar… creo que va a pasar lo de De Vido».

Quien durante una década denunció a Macri y lo calificó como la peor mafia del país –y que hasta ahora no presentó una sola prueba de por qué habría dejado de ser así en función de su incondicional respaldo al presidente y su rol como miembro clave del Gobierno–, adelantó al periodista Morales Solá el desafuero del ex ministro y su detención, anticipando además que lo mismo sucederá con Cristina Fernández de Kirchner.

Con la detención de De Vido consumada, y consultado en este sentido, el Jefe de Gabinete disparó: «Esa sensación de impunidad que se generó de que no se puede investigar al poder se está revirtiendo». El caldo de cultivo para ir por la gran presa dejó de cocinarse a fuego rápido; ahora hierve.

Milagro Sala fue y sigue siendo la primera prueba piloto; el ex ministro de Planificación Federal –segundo preso político en la Argentina de Macri–, es la escalada antes del gran paso de ir por la ex Presidenta.

Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuínamente republicana y democrática.

Horas, en definitiva, que ya escriben uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional, flamante contenido del Libro Negro de la Tercera Tiranía. Si su primera versión llevaba firma y prólogo de un dictador impuesto a través de un golpe de Estado, su edición del siglo XXI llevará la de un dictador impuesto por el fraude democrático.

  • El autor es asesor del diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

 

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