La Central Única de Trabajadores, la Nueva Central Sindical y la Unión General de Trabajadores reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la pérdida de derechos que implica la nueva normativa, que entra en vigor el 11 de noviembre.
La topadora neoliberal sigue adelante en Brasil, y barre con los derechos de la ciudadanía sin piedad. El ilegítimo presidente, cercado por la corrupción, sin ninguna legitimidad ante su pueblo, es sin embargo un elemento útil para las corporaciones, a las que poco y nada les importa la ley ni la democracia. Todo se arregla con un pacto mafioso: las corporaciones y sus representantes en el Congreso le aseguran impunidad al ilegítimo mandatario, es decir votan en su favor en las cámaras y presionan para que zafe de la Justicia, y a cambio reciben todo lo que piden por parte del gobierno.
El establishment lo necesita. Este miércoles, La Cámara de Diputados, formada por decenas de legisladores denunciados por cometer ilícitos, rechazó por 251 votos contra 233 la apertura de otro juicio político por denuncias de corrupción. Una vez más, como ya ocurrió en agosto, el ilegítimo presidente se salvó y permanecerá en su cargo para seguir haciendo los deberes.
Pero la lucha contra los ajustes y la quita de derechos continúa. Para el movimiento obrero de Brasil, la reforma laboral impuesta por el presidente de facto, Michel Temer, significa una regresión para los derechos de los trabajadores conquistados durante décadas y consagrados en la Constitución, según denunciaron esta semana tres sindicatos brasileños ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Con sede en Washington, EEUU, la CIDH es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en derechos humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
En el marco de la 165 audiencia de la CIDH realizada en el Poder Legislativo, en Uruguay, los representantes de la Central Única de Trabajadores (CUT), la Nueva Central Sindical y la Unión General de Trabajadores (UGT) de Brasil pidieron justicia ante la reforma laboral de Temer, que entrará en vigor el 11 de noviembre, porque contiene propuestas como jornadas de doce horas con treinta minutos de descanso y otras medidas que significan una drástica pérdida de derechos laborales.
La reforma de Temer también propone flexibilizar la división de las vacaciones, la reducción de la jornada, la participación en beneficios y resultados, el banco de horas extra y la reducción de los horarios de descanso para el almuerzo.
Además, la legislación pone por delante los acuerdos entre empresas y trabajadores sobre lo que dice la ley. Es decir, apunta a debilitar el poder de los sindicatos, facilitando acuerdos individuales o por empresas por sobre los convenios colectivos y las normativas vigentes.
El gobierno de facto de Temer defendió la reforma laboral como “un aspecto clave para el crecimiento económico” y con la consabida excusa de que “va a estimular la creación de empleo”. Además, justificó que la ley ya existe en EEUU, Portugal, Italia y Francia.
Un freno al trabajo esclavo
La Justicia de Brasil suspendió este martes otro de los avances de Temer sobre los derechos de los trabajadores: las normas que atenuaban la definición de trabajo esclavo dispuestas por el Ministerio de Trabajo, otro de los avances de Temer sobre los derechos de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), máxima instancia jurídica del país, falló de forma favorable a un recurso de amparo contra las nuevas normas. La decisión deja temporalmente sin validez la nueva normativa, que motivó protestas de numerosos grupos de derechos humanos y fue criticada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Las nuevas disposiciones vulneran los principios primarios de la Constitución, evaden la protección adecuada y suficiente a los derechos fundamentales y no están en sintonía a los compromisos internacionales sobre trabajo esclavo asumidos por Brasil”, indicó la sentencia de la jueza Rosa Weber, integrante del (TSJ).
Los representantes de los sindicatos brasileños habían denunciado ante la CIDH que el gobierno de ese país viola las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo esclavo, pues Temer impulsa una resolución que redefine a la esclavitud solo como las “restricciones a la libertad de desplazamiento” de los trabajadores. Según los expertos, esta reformulación hace retroceder al país antes del 13 de mayo de 1888, fecha en que se abolió la esclavitud en Brasil.
La oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Brasil ya expresó su “profunda preocupación” por la resolución sobre el trabajo esclavo, que se impulsó luego de la reforma laboral, y que completa un panorama de pérdida de derechos que las centrales sindicales están saliendo a denunciar. La Justicia brasileña se hizo eco de estas preocupaciones y dejó la nueva normativa en suspenso.
Fuente: El Eslabón.
