Cebado por el resultado electoral, el macrismo presentó un paquete de reformas con retrocesos y recortes de derechos para trabajadores y jubilados. Será clave el rol de sindicalistas y legisladores al momento de avalar o resistir los “cambios” pro mercado que busca imponer el gobierno.
Por más moderno que se disfrace, el paquete de reformas impulsado por el macrismo pega la vuelta a un pasado donde las clases populares peleaban todavía por derechos básicos. Los “cambios” que el gobierno quiere imponer en el terreno laboral, previsional, tributario e institucional buscan profundizar el plan oficial de concentración de riquezas y poder en beneficio de las clases dominantes y en detrimento de los sectores más postergados, como trabajadores y jubilados. La orientación de las medidas sigue el mismo camino que se reflotó hace dos años, muestra que la Segunda Alianza quiere modificar la matriz de las relaciones de fuerza entre capital y trabajo, con redistribución del ingreso regresiva, a favor de quienes sostienen la gestión, o sea, el establishment empresarial, local y transnacional. El gobierno cree que es el momento justo para hacerlo, que el resultado de las elecciones legislativas le dio licencia para ajustar, recortar, flexibilizar y precarizar todo lo que más pueda.
Es “ahora o nunca”, dijo el presidente Mauricio Macri al presentar las reformas, después de que su proyecto político de derecha fuera respaldado con el voto popular de hasta propios perjudicados por las medidas que, aunque de manera solapada, fueron anticipadas en la previa a los comicios. El gobierno cree haber recibido un cheque en blanco de parte de la ciudadanía que lo acompañó en las urnas, y el mandatario esta vez prefirió no depositarlo en una cuenta off shore de algún paraíso fiscal sino cambiarlo por el avasallamiento neoliberal en varios frentes al unísono con el objetivo de dejar una marca económica y política difícil de borrar. “Somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre”, repite el líder del PRO.
Con un discurso de paz, amor y esperanza, con frases de autoayuda onda predicador new age, Macri presentó el lunes 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner el paquete de reformas que barre con históricos derechos y conquistas. Afuera, un desmedido operativo policial impidió que se acercaran manifestantes de organizaciones sociales que protestaron contra las medidas del gobierno. Con cinismo, el presidente convocó al auditorio acaparado por gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas, especialmente invitados, a buscar “consensos básicos para reducir la pobreza”, cuando sus propuestas buscan exactamente todo lo contrario. El rol del sindicalismo y el debate parlamentario resultarán clave para el avance o no de la agenda reformista con la que presiona el gobierno, siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional y mirándose en el espejo de la reforma laboral que sancionó el gobierno conservador de Michel Temer en Brasil.
Reforma (anti) laboral
El proyecto de reforma laboral de Cambiemos no trae buenas noticias para los asalariados. La propuesta del oficialismo se propone modificar la ley de Contrato de Trabajo, el cuadro normativo que sostiene los derechos de los trabajadores, con reducción de las indemnizaciones para despidos sin causa, la creación de un fondo para abaratar despidos, reducción de aportes patronales, fin de la jornada de 8 horas, restricciones a juicios laborales, entre otras modificaciones contrarias a los intereses de la clase trabajadora.
A favor, aunque de menor relevancia si se lo compara con los duros cambios regresivos, la reforma amplía licencia por nacimiento de hijo, de 2 días a 15 días corridos, además de la posibilidad de tomar licencia sin goce de haberes por 30 días. También incorpora la opción de acordar con el empleador una reducción de la jornada laboral y de la remuneración para el cuidado de menores de hasta 4 años.
“Se trata de una reforma que avanza sobre los derechos laborales (tercerización, flexibilización, precarización) y al reducir costos laborales (baja de contribuciones patronales, indemnizaciones y juicios) se constituye en una reforma pro mercado. Lejos está de advertirse, tal como lo planteó el presidente, que ‘cada uno tiene que ceder un poco’, toda vez que implica que los únicos que ceden son los trabajadores. Su aprobación implicaría una pérdida real de derechos e ingresos, retrocediendo en conquistas históricas”, se señaló en un documento del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), dependiente de la CTA, que sintetiza los principales lineamientos del proyecto de reforma laboral difundido por el gobierno, iniciativa con voluntad “modernizante” que “introduce modificaciones que retrotraen normas a las vigentes durante la última dictadura militar”.
Según el informe de Cifra, “si bien se afirma que la reforma favorecerá la creación de puestos de trabajo, los efectos son más bien los contrarios ya que se facilitarán y reducirán los costos de despido. Así, es improbable que la transferencia de ingresos desde el trabajo al capital redunde en mayores empleos, del mismo modo que las reformas laborales de los 90, con lineamientos similares, fueron contemporáneas a una mayor desocupación”.
El borrador de la reforma laboral del oficialismo establece un régimen de blanqueo laboral, donde si un empleador registra a un trabajador que estaba en negro dentro de los 180 días de sancionada la ley se le perdonan todas las deudas. Se reducen aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el Pami, el Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares. “Si bien el gobierno afirma que esta reducción favorecerá el empleo registrado, entre 1994 y 2000 las contribuciones patronales bajaron del 33 al 17,8 por ciento mientras se incrementaron la desocupación y el empleo en negro”, advirtieron desde Cifra. La flexibilización horaria, a pedir de los empresarios, es otro de los puntos polémicos. El texto permite la implementación de bancos de horas, de modo que las horas trabajadas en exceso en una jornada no se paguen como horas extras sino que sean compensadas con menos tiempo de trabajo en otro día.
El bombazo al mercado laboral que pretende dar el gobierno para abaratar “costos” empresarios y los cambios previsionales intensificaron el debate interno de la CGT, que primero aplaudió los anuncios del presidente, después dijo priorizar el diálogo con el gobierno para consensuar y de ahora en más podrá complacer los graves retrocesos que traerá la reforma laboral en ciernes para sus representados o bien ponerse al frente de la resistencia obrera que ya empezó a gestarse para tratar de limitar el avance del gobierno sobre los trabajadores.
Vieja receta neoliberal
En el paquete de reformas, el gobierno incluyó una modificación de la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones, tal como se había adelantado. En nombre de la “austeridad”, el macrismo parece querer achicar el gasto público y el déficit fiscal con un hachazo a las jubilaciones al mejor estilo De la Rúa. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la jubilación mínima se ubicaría en 8.100 pesos a fines del año que viene si se actualiza por inflación como pretende el macrismo, unos 700 pesos menos del haber que resultaría de la actual ley de movilidad que fue aprobada en 2009, que contempla dos aumentos automáticos por año de acuerdo a una fórmula que toma la variación de los recursos tributarios que se derivan al sistema previsional y el índice general de salarios del Indec.
De acuerdo al trabajo del Cepa, las erogaciones del Estado nacional en concepto de jubilaciones, asignación universal por hijo y asignaciones familiares para 2018 alcanzarían el billón 520 mil millones de pesos bajo el actual esquema de movilidad en función del avance de la recaudación y la evolución de los salarios. En cambio, si se aplican los cambios que quiere el gobierno y esas partidas se actualizan por inflación, la erogación sería de un billón 408 mil millones de pesos, es decir que el ajuste total sería de 112 mil millones de pesos que dejarían de percibir jubilados y titulares de las asignaciones, esto es un recorte del 12,5 por ciento en las jubilaciones, casi igual que el 13 por ciento que suprimió la Primera Alianza a los jubilados en el 2001.
El mismo día que Macri presentó las reformas, los técnicos del FMI llegaron al país para evaluar la marcha de la economía. Los cambios anunciados por el presidente fueron recomendadas por el FMI para “mejorar la eficiencia y la credibilidad del marco fiscal”. Y para ello, el organismo internacional recurrió a la vieja receta neoliberal de “racionalizar el gasto público, incluido el gasto salarial” y “reestablecer la sostenibilidad financiera del sistema previsional”, recortando los haberes jubilatorios.
El paquete de modificaciones también contempla una reforma tributaria que busca gravar la renta financiera sobre plazos fijos, bonos y letras del Banco Central, aunque con limitaciones que benefician a grandes grupos de poder, descontar una parte del impuesto al Cheque en Ganancias, una reducción en la alícuota de este último para las empresas que reinviertan utilidades y nuevos impuestos o subas en los existentes para cervezas, vinos, champán, otras bebidas alcohólicas (las llamadas espirituosas) y cigarrillos.
Acompañado por una hegemonía mediática protectora, el gobierno de la ceocracia se relanza y pisa el acelerador en su afán de disciplinar a los trabajadores, ajustar salarios y jubilaciones con reformas y paritarias por debajo de la inflación, incrementar la desocupación, darle rienda suelta a la especulación financiera, al endeudamiento, a la apertura comercial, a las privatizaciones y volver al país de las materias primas. A propósito, para terminar de completar este cuadro, ¡la Sociedad Rural llegó al Ministerio de Agroindustria!: el país atendido por sus propios dueños. El presidente de la SRA, el estanciero y ahora ministro Luis Miguel Etchevere, tiene causas abiertas por esclavitud y evasión impositiva. Nada importa mientras los KK vayan presos, se autocomplacen algunos dormidos. El gobierno se fía de tener licencia para matar cualquier aspiración de progreso del pueblo argentino, y en eso está.
