El proyecto de ley que regirá al Ministerio Público es la ofensiva final sobre la autonomía de los fiscales, luego de que el régimen macrista lograra la renuncia de Alejandra Gils Carbó. No habrá procuradurías especiales.
El proyecto se tratará este miércoles en la Comisión de Justicia y Asuntos penales del Senado y está previsto que el próximo 15 de noviembre se vote en el recinto.
Según publica este martes el diario Página 12, la iniciativa no contempla las procuradurías especiales vigentes, y afectará en forma directa la autonomía de los fiscales, e incluso se habla del fin de la misma.
El proyecto le da al Poder Ejecutivo un alarmante margen de intromisión en la Procuración y borra de un plumazo las unidades de lavado, lesa humanidad y violencia contra las mujeres, entre otras que rigen en la actual normativa.
Además, la propuesta que tratará el Senado facilita el procedimiento para la destitución del procurador, algo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, venía blandiendo desde antes de la renuncia a plazo fijo de Gils Carbó.
La periodista Irina Hauser desgrana los puntos clave de la reforma, que echa por tierra las limitaciones del Ejecutivo a la hora de injerir en el Ministerio Público Fiscal, y asegura que la aprobación del proyecto no es otra cosa que el paso previo a la designación de un o una reemplazante de Gils Carbó al frernte de la Procuración General.
Por un lado, de aprobarse sin modificaciones, la actual mayoría de los dos tercios de los votos para la designación de quien encabece la Procuración ya no hará falta y apenas alcanzará con que se cuente con una mayoría absoluta.
El proyecto, que fue presentado por Cambiemos y el peronismo, “introduce modificaciones sustanciales que le otorgan al Poder Ejecutivo una fuerte injerencia en la estructura de la Procuración y las fiscalías nacionales”, asegura Hauser.
Entre otros graves cambios, con la nueva ley se disuelven direcciones como la de Políticas de Género y recupero de Activos y, por si fuera poco, una cláusula transitoria posibilitaría despidos en las áreas mencionadas.
La iniciativa fue rubricada por el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo Federico Pinedo; el radical Ángel Rozas, y los senadores del PJ Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.
Los puntos clave de la nueva ley
Si bien la reforma afecta tanto al Ministerio Público Fiscal como al de la Defensa, el macrismo, con la complicidad de los senadores peronistas, tiene puesto el foco en la Procuración General, de donde surge la estrategia en torno de la política criminal, las investigaciones penales, la seguridad social, los derechos laborales y los casos del fuero contencioso administrativo vinculados al Estado.
El mandato del o la titular de la Procuración General será limitado a cinco años, con posibilidad de una prórroga por dos años más. De tal modo, quien acceda al cargo estaría en funciones lo que queda del gobierno de Macri y el total del próximo mandato presidencial, si se prorroga.
Según lo manda la Constitución Nacional, el Ministerio Público es “el órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad…”.
Pero además, según recuerda Hauser, “el carácter vitalicio de quienes lo lideran fue establecido por ley, a partir de una interpretación de la reforma constitucional de 1994 que además los equiparó con los jueces de la Corte Suprema, por eso hasta ahora el Poder Ejecutivo proponía el procurador o procuradora y el Senado aprobaba con los dos tercios de los votos”.
Por otra parte, Macri quiere eliminar la mayoría agravada y que con la mitad más uno de los votos se pueda destituir al Procurador, así como propone eliminar la destitución por juicio político, ya que la iniciativa prevé dos variantes: la Cámara de Diputados puede acusar de oficio y alcanzará con una mayoría absoluta, pero también puede el que acusar es el Poder Ejecutivo, un mecanismo que no está incluido en el resto de las provincias en sus respectivos ministerios públicos.
Una vez acusado el Procurador, se lo suspende, de acuerdo al proyecto, y luego decide el Senado, pero con una mayoría que también pasa a ser la mitad más uno.
Por si fuera poco, a pesar de la autonomía que estipula la Constitución, la iniciativa prevé que exista relación entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia. Hasta ahora la ley sólo preveía el vínculo con el Legislativo, que tiene la Comisión Bilateral de control del Ministerio Público.
Parece todo encaminado a satisfacer los deseos del macrismo, que es tener control total sobre la Justicia, especialmente en el Ministerio Público Fiscal, para poner a resguardo a sus cuadros, ministros y funcionarios ante cualquier requisitoria por presuntos delitos o irregularidades.
Fuente: Página 12
