El Colegio de Jueces Penales de primera instancia de Santa Fe respaldó el accionar de sus pares en la investigación sobre las escuchas que comprometen al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. La entidad emitió un comunicado en respuesta a una nota publicada en el diario La Capital alrededor de la causa que involucra a funcionario provincial y a altos jefes policiales.

La polémica, que llevó este martes a Pullaro a dar una conferencia de prensa, se disparó tras el trabajo periodístico de Nicolás Lovaisa y Maximiliano Ahumada, publicado en el portal de noticias Diario Santa Fe.

Entre las distintas escuchas, se publicaron conversaciones pescadas en el marco de un causa judicial por presunto cohecho que derivó en la detención del comisario Adrián Rodríguez, en las que el ministro le proponía a su subalterno que se presente en un concurso de ascenso y le brindaba tranquilidad diciendo que él mismo estaría entre el jurado. «Te vamos a tener que dar las preguntas viste… cómo en la escuela», avisa Pullaro en la grabación que puede leerse y escucharse en la edición on line de La Capital de este miércoles.

Comunicado de los jueces

“Habiendo tomado conocimiento por diversos medios periodísticos sobre la existencia de una intervención telefónica sobre la línea del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, en el marco de investigación por actos de corrupción llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación, hacemos pública la postura de los integrantes del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de esta ciudad de Santa Fe”, comienza el documento de los jueces santafesinos difundido este miércoles.

“En orden a que tomando contacto con las actuaciones jurisdiccionales, generadas a través de las diversas peticiones de los Fiscales Apullán y Martí –ambos funcionarios del MPA–, se advierte la existencia de intervenciones a numerosos abonados, todas las cuales fueron suscriptas de manera indistinta por los diversos magistrados, y según los esquemas de turnos preordenados por la Oficina de Gestión Judicial, brindando en cada caso la fundamentación mediante el dictado de resoluciones judiciales que ordenan la medida”, añade el comunicado.

“Puntualmente, y por menciones del matutino La Capital, titulado «Intrigas en la inédita escucha de 15 días del celular de un ministro» del día de la fecha, en dicha información se consigna que la escucha al Ministro Pullaro habría sido suscripta por el Sr. Juez, Dr. Nicolás Falkenberg”, dice el texto de los jueces. Y sigue: “y cotejados los antecedentes de la fecha aludida obrantes en la Oficina de Gestión Judicial, surge la petición de la Sra. Fiscal Dra. Martí requiriendo intervención de 5 líneas telefónicas con carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la Administración Pública, falsificación de documento público, llevada a cabo por las autoridades de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos Delegación Zona Centro Norte, haciendo alusión a anterior intervención autorizada por la Dra. Sandra Valenti con fecha 22 de septiembre de 2017, petición que en un primer momento fue decretada por el Dr. Falkenberg requiriendo motivos concretos para justificar la intervención (decreto de fecha 290920,17), los que luego fueran aportados vía mail por la propia peticionante en dos oportunidades aludiendo en una primera ampliación -del mismo 29 de septiembre- a la existencia de información «relevante para la causa, datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos que -además de su importante perse-revelan animosidad en entorpecer la investigación en curso lo que incluye además la participación necesaria de individuos que a la fecha, no revestían dicha calidad. destacando la necesidad de aprovechar «la fluidez en las comunicaciones, es imprescindible para continuar con la investigación, como asi también establecer la titularidad de las mismas»”.

El texto de los magistrados, luego indica que la medida “habría sido suscripta por el juez Nicolás Falkenberg, y cotejados los antecedentes de la fecha aludida obrantes en la Oficina de Gestión Judicial, surge la petición de la Martí, quien requirió la intervención de cinco líneas telefónicas con carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la administración pública, falsificación de documento público, llevada a cabo por las autoridades de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos Delegación Zona Centro Norte”.

El comunicado recuerda que la medida solicitada por Falkenberg aludía a una “anterior intervención autorizada por la doctora Sandra Valenti con fecha 22 de septiembre de 2017, petición que en un primer momento fue decretada por el magistrado, quien solicitó motivos concretos para justificar la intervención (decreto de fecha 29/09/2017), los que luego fueran aportados vía mail por la propia peticionante en dos oportunidades, aludiendo en una primera ampliación –del mismo 29 de septiembre– a la existencia de información «relevante para la causa, datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos que –además de su importancia per se– revelan animosidad en entorpecer la investigación en curso lo que incluye además la participación necesaria de individuos que a la fecha no revestían dicha calidad…», destacando la necesidad de aprovechar «la fluidez en las comunicaciones, es imprescindible para continuar con la investigación, como así también establecer la titularidad de las mismas»”.

El extenso texto añade además que el 30 de septiembre la misma fiscal envió un nuevo mail, “aclarando con mayor precisión el entorpecimiento probatorio que se advierte de fluida actividad de una particular línea telefónica, la que fue autorizada por la doctora Sandra Valenti, se advierte que en las comunicaciones que efectúa esta línea en especial, se están llevando a cabo la planificación de comisión hechos de apariencia delictiva, tendientes a lograr mediante estrategias de ascensos jerárquicos en la plana policial para en forma urgente tomar represalias con personal, además de indicar la utilización de contactos políticos para que los acusadores públicos recibamos una advertencia por parte de las autorizaciones”.

Aquella comunicación de la fiscal continúa –según la cita del comunicado de los magistrados– reiterando la “necesidad de obtener la titularidad de las mentadas líneas telefónicas. Ante tales aclaraciones el magistrado dictó resolución judicial ordenando las intervenciones por entender justificados los motivos y argumentaciones brindadas por el agente fiscal a cargo de la investigación, sucintamente, la generación de actos tendientes a cometer delitos de manera inminente”.

“De lo expuesto surge que la peticionante consignó desconocer la titularidad de los abonados cuya intervención peticiona, situación esta que no obstaculiza la procedencia de la intervención telefónica, toda vez que se trataría de supuestos hechos ilícitos en curso de ejecución, teniendo en cuenta la urgencia alegada a tales fines”, termina el comunicado de los jueces santafesinos.

Fuentes: Diario Santa Fe, La Capital, Redacción Rosario.

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