La reforma anti laboral y pro mercado que impulsa el gobierno, con claros retrocesos y avasallamiento de derechos, avivó el debate interno de la CGT, que se extendió a gremios de todo el país sobre cómo y dónde pararse frente a la fuerte embestida de Cambiemos contra la legislación que protege a los trabajadores de abusos patronales. El megaproyecto de reforma se propone precarizar y flexibilizar las relaciones laborales a fin de reducir “costos” y aumentar rentabilidad empresaria, tal como les prometió Mauricio Macri a unos 150 potenciales inversionistas en su visita a Nueva York.
La cúpula de la CGT rechazó el “corazón del proyecto”. En rigor, todo lo referido a la ley de contrato de trabajo, el punto más conflictivo. “Por ahí pasa la línea roja”, dijo Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la CGT, tras una reunión de Consejo Directivo. La central obrera pidió “importantes modificaciones” y suprimir otros puntos para consensuar la normativa, siempre dejando la puerta abierta al diálogo. “Esto irá al Parlamento y seguiremos hablando allí. El oficialismo hoy no tiene los votos para aprobarlo”, indicó Héctor Daer, miembro del triunvirato, sobre la propuesta que tiene “aspectos negativos e innegociables”, según la CGT.
La reforma “la haremos aunque los sindicatos no estén de acuerdo”, desafió el presidente Macri desde Estados Unidos, acompañado por legisladores opo-oficialistas que ayudarán a darle salida en el Congreso a la polémica iniciativa. La mayoría de los trabajadores cree que el proyecto oficial los afectará y seguirá empeorando la situación. Regionales de la CGT y nuevos nucleamientos, como el Movimiento Obrero Santafesino, expresaron su absoluto rechazo a la reforma, a la que calificaron como una “verdadera declaración de guerra contra los trabajadores”.
Después de los resultados de los comicios legislativos, aunque el 60 por ciento del electorado haya votado por alguna fuerza política opositora al gobierno, Macri se siente en la cresta de la ola. Puede decir, con la protección de su maquinaria mediática, que al fiscal Alberto Nisman “lo asesinaron”, que el joven Santiago Maldonado simplemente “se ahogó” en medio de la represión de Gendarmería a una protesta mapuche y después de estar 78 días desaparecido, meter presos de manera “preventiva” a opositores políticos “corruptos” sin juicio ni condena, hacer que futboleros y futboleras se agolpen en las puertas de los bares y pongan la ñata contra el vidrio para poder ver los goles de su equipo, o imponer una reforma que perjudique aún más a los castigados trabajadores.
El gobierno del diálogo y la pureza moral extorsiona con amenazas de prisión para las conducciones gremiales si no aceptan la reforma laboral y habilita a empresarios a otorgar aumentos en paritarias por encima del 20 por ciento con la única condición de que los gremios flexibilicen sus convenios colectivos de trabajo. Mientras, la reforma laboral macrista es rechazada de acá a la ONU.
“Hay pocos indicios de que las reformas mejoran la situación económica de los países, mientras que sus efectos negativos en materia de derechos humanos están probados. Por detrás de este tipo de medidas en muchos casos están los organismos financieros internacionales, existe un sesgo ideológico e intenciones no declaradas”, sostuvo Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de Naciones Unidas, al tiempo que advirtió que en muchos países la reforma laboral contribuyó al aumento de la desigualdad y la precarización en el mundo del trabajo.
En la primera semana pos anuncio reformista, el gremialismo tomó protagonismo, como era de esperar. Primero circularon versiones de que la CGT y el gobierno habían abrochado la reforma laboral de espaldas a los trabajadores, con acuerdo en lineamientos generales, y que incluso en los próximos días el proyecto ingresaría al Congreso. Esto obligó a la cúpula de la central obrera, que mantiene buena relación con la Casa Rosada, a desmentidas y aclaraciones.
El rechazo cegetista más contundente estuvo en boca de Pablo Moyano, secretario gremial de la central obrera más grande del país. “Hay que evitar que los trabajadores paguen los platos rotos. Ni suspensiones, ni despidos, ni rebajas salariales”, dijo Moyano, quien días atrás, en una visita al Vaticano encabezando una delegación de Camioneros, le prometió al Papa Francisco “luchar contra la reforma laboral”. También había dicho que tendrían que “cortarle la mano” para que firme el proyecto oficial, que si bien se presenta como la “modernización de las relaciones laborales” tiene más que ver con la setentista ley de liberación de las fuerzas productivas o la noventista revolución productiva, dos grandes fracasos político-económicos.
“No es una reforma, es un ajuste”, señalaron desde el Movimiento Obrero Santafesino, donde confluyen sectores de la CGT y la CTA para dar la batalla que viene. El rechazo a la reforma que hizo oír el novedoso espacio gremial que se presentó en el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario se basó en la defensa de derechos básicos que el oficialismo quiere cercenar con su propuesta, como la reducción de indemnizaciones para despidos sin causa, creación de un fondo para abaratar despidos, reducción de aportes patronales, fin de la jornada de 8 horas, restricciones a juicios laborales, aval a las tercerizaciones, entre otras modificaciones regresivas.
La CTA nacional llamó a movilizar el día que la reforma ingrese al Congreso. La mesa chica de la estratégica Catt (Confederación del Transporte), que lideran los dirigentes marítimo y ferroviario Juan Carlos Schmid y Omar Maturano, rechazó el proyecto oficial de reforma laboral. La negativa complica los intentos del ministro Jorge Triaca de cerrar con la CGT, que, como se señaló, también rebotó la propuesta. En tanto, la regional de la CGT Córdoba expresó una contundente oposición a la reforma del macrismo porque viene a “profundizar el modelo de los 90”, y se declaró en estado de alerta y movilización.
La contracara a la resistencia sindical que empieza a percibirse es la insólita propuesta del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, uno de los doce sindicatos de la actividad marítima que conduce Marcos Castro, de rebajarse los sueldos entre 1 y 12,5 por ciento para “ceder un poco”, como pidió Macri al presentar el combo de reformas en el Centro Cultural Kirchner a fines de octubre.
Un recorte salarial sería mortal para los estrujados ingresos de los trabajadores, cuya capacidad de compra viene perdiendo feo frente a los niveles de inflación. En el primer año de Cambiemos la caída del salario real se calcula en un promedio de diez puntos frente al alza de precios, y en 2017 volverán a perder la carrera con la suba de precios. Si este ajuste sigue así, no quedará ni para el mate y los bizcochos, se ilusiona la “cheta de Nordelta”. Mientras, el Banco Central sigue con esa loca suba de tasa de interés en su infructuoso intento de domesticar la inflación, aunque el FMI elogie esta receta neoliberal.
La inflación supermercado en octubre para Santa Fe superó el 2 por ciento y alcanzó un acumulado anual de 24,5 por ciento, según informó el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso). El Instituto Estadístico de los Trabajadores anunció que el costo de vida para los asalariados de Capital Federal y el Gran Buenos Aires aumentó 1,5 por ciento en octubre acumulando así un alza del 24,2 por ciento en los últimos doce meses. El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT estimó que la inflación de octubre fue de 1,98 por ciento, mientras que los precios treparon 25,90 por ciento en el último año, informó la central sindical. Este martes se conocerá la variación del índice de precios al consumidor del Indec.
Reformismo Papers
Al regresar de Nueva York a la caza de las prometidas inversiones, el presidente Macri encabezó una cumbre con gobernadores en Casa Rosada para analizar el plan de reformas, donde el Ejecutivo machacó con trasladar su programa de ajuste a las provincias mediante los sistemas fiscales e impositivos, y en busca de respaldo en el Congreso para aprobarlo antes de fin de año. Los mandatarios pararon la pelota y se mostraron firmes en la defensa de sus cajas. Desde el gobierno aprovecharon la ocasión para confirmar que daban marcha atrás con el impuesto de entre el 10 y el 17 por ciento al vino y espumantes, después de los tragos amargos que sirvieron productores, bodegueros y consumidores. ¡Salud! Ah, el impuesto sigue para el whisky, bebidas blancas y gaseosas endulzadas.
Pero más que “reformismo permanente”, como prometió Macri con alegría y entusiasmo, lo que hay es fuga de capitales y endeudamiento permanentes. La fragilidad de los bolsillos de los trabajadores argentinos hace frágil a la economía en su conjunto. Por la política de endeudamiento de los últimos dos años, que llevará a la gestión Macri a tomar en total unos 125.000 millones de dólares de deuda entre su asunción y principios de 2018, junto con provincias, municipios y sectores privados, la Argentina cayó en el grupo de los “cinco países más frágiles” ante los vendavales económicos internacionales, según advirtió la calificadora crediticia S&P Global.
Para escapar de esa “fragilidad” de la economía doméstica, los ceo-ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren tienen la solución: amasar fortunas en los llamados paraísos fiscales (guaridas, en realidad). La filtración de los documentos financieros Paradise Papers –que se suma a la de los Panamá Papers– involucró a los ministros de Finanzas y Energía en sociedades offshore, donde personas ultrarricas esconden grandes cantidades de dinero para hacer negocios y evadir impuestos. Pero parece que acá no hay conflicto de intereses. Los conflictos y las penas son de los trabajadores, porque la flexibilización laboral que impulsa el macrismo no los lleva a ningún paraíso.
Fuente: El Eslabón
