La intervención judicial del teléfono del ministro de Seguridad dejó en evidencia el mito de la división de poderes. Un fiscal le avisa a Pullaro que los procedimientos contra policías serán “después de las elecciones”. El funcionario se alarma porque ocurrieron antes. Baclini le promete averiguaciones personales. Una lección para quienes perturben al poder.

La difusión pública de escuchas solicitadas por una fiscal y avaladas por un juez al teléfono móvil del ministro de Seguridad provincial deja en evidencia que la división de poderes consagrada en la Constitución –y esgrimida por el Gobierno de Santa Fe cuando se trata de casos que involucran a otros– posee una instrumentación práctica que convierte a la letra de la norma en poco menos que un bonito enunciado. A pesar del costo político que irremediablemente pagará Maximiliano Pullaro en particular, y la gestión de Miguel Lifschitz en general, el escándalo provocado por las intervenciones telefónicas al funcionario produjo como irrevocable resultado el apartamiento del fiscal que investigaba irregularidades con el pago de horas extras a la Policía y la administración de fondos públicos con presuntos destinos partidarios del intendente de Santa Fe, el radical macrista José Corral. El mensaje no admite múltiples interpretaciones: el que molesta al poder político tendrá un destino de sombras.

El escándalo público tendrá su capítulo legislativo. Diputados de distintos bloques presentaron proyectos para interpelar al ministro de Seguridad y al fiscal regional  santafesino.

Paralelamente al alboroto que provocaron las escuchas a Pullaro, el fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, apartó al fiscal de Delitos Complejos Adrián Mac Cormack de la investigación por presunta administración irregular de casi un millón de pesos destinados a la construcción de un jardín contra el actual senador provincial del departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia, cuando era presidente comunal de Bouquet. Con menos ruido pero igual resultado.

Serjal admitió un planteo de Cornaglia que se quejó por la difusión pública de algunos aspectos de la investigación durante una rueda de prensa en la que Mac Cormack y su par Sebastián Narvaja se defendieron de una ofensiva de senadores provinciales para presionarlos. La causa pasó al fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis.

La causa

La causa en la que la fiscal de Santa Fe María Laura Martí solicitó la intervención de la línea telefónica del ministro Pullaro investiga presuntas irregularidades policiales en el pago de millonarios recursos estatales para horas extras. También participa del legajo el fiscal Roberto Apullán.

Los investigadores detectaron una conversación del jefe de la Unidad Regional V de Policía, comisario Adrián Rodríguez, con el ministro Pullaro, en la que el funcionario le dice en relación a un concurso de ascenso policial: “Te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela…”.

Eso, según los fiscales, podría constituir un delito de acción pública, por lo que pidieron la pinchadura del teléfono del titular de la cartera de Seguridad. El juez Nicolás Falkenberg otorgó el permiso para la intercepción del teléfono.

Tras el escándalo y la denuncia de Pullaro de que se trataba de “escuchas ilegales”, el Colegio de Jueces Penales de Santa Fe emitió un comunicado en el que aclaró que el procedimiento fue el ordinario en esos casos, y que no se apartó de lo establecido por las normas.

Luego, el juez Falkenberg aclaró en una entrevista radial que la fiscal no lo había puesto al tanto que una de las líneas que le solicitó intervenir era del ministro de Seguridad. El caso –que no es el primero– evidencia el escaso rigor de los jueces a la hora de analizar las solicitudes de intervenciones telefónicas, un instrumento que los fiscales cada vez utilizan con mayor asiduidad en sus pesquisas pero que debería ser de carácter excepcional, puesto que afecta el derecho de privacidad de las comunicaciones personales.

El 9 de octubre los fiscales Apullán y Martí ordenaron detener a Rodríguez, jefe policial de la unidad con cabecera en la ciudad de Rafaela, para acusarlo por “cohecho pasivo”. Es decir, aquél que paga una coima.

La noticia alertó a Pullaro, quien entendió claramente que si Rodríguez había incurrido, como creían los fiscales, en cohecho pasivo, él podía ser imputado por cohecho activo, puesto que era el que le decía que iba a entregarles las preguntas del concurso de ascenso para el cargo de director general de policía.

La acusación, que nunca llegó a materializarse porque el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le ordenó a Apullán el 12 de octubre que dejara la causa, no tenía asidero.

Los concursos policiales no emulan a las pruebas escolares, en las que hay preguntas preestablecidas que los alumnos deben responder. El participante desarrolla un tema y sobre esa exposición el jurado, que está integrado por representantes de varios ministerios, de la Policía y un miembro de la Corte Suprema, interroga al postulante.

Por eso Pullaro dijo estos días que no hay delito en la charla que mantuvo con Rodríguez, uno de los policías en quien confiaba para conducir la fuerza. Y que, incluso, tenía previsto colocar como subjefe de provincia.

Lo que también demuestra que el ministro de Seguridad no tenía un arreglo ilícito con Rodríguez es que tras el concurso, en el que el policía quedó en segundo lugar, Pullaro dejó en suspenso su ascenso al enterarse por medio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que estaba sospechado de irregularidades en la causa por las horas extras (conocidas en la fuerza y la administración pública como horas Ospe).

El ministro lamentó el hecho. “No hay uno limpio”, dijo desconsolado por la caída de un jefe policial al que quería promover, pensando que respondía a su conducción.

Después de las elecciones

La detención del comisario Rodríguez produjo una explosión en el despacho de Pullaro. Comenzó a fatigar su teléfono en busca de explicaciones. Esas conversaciones, que quedaron grabadas y trascendieron a la prensa, exponen el difuso límite de la independencia de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.

El ministro llamó al jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini.

—Pullaro: ¿Qué haces Jorge? Che, ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el Jefe de la 5ta.

—Baclini: ¿Adrián Rodríguez?

—Pullaro: El jefe de la 5ta, un tipo que fue jefe de La Capital.

—Baclini: Ah, en Capital. No, no sabía nada.

—Pullaro: Che, bueno, no. Qué se yo, ¿eh?

—Baclini: Ahora voy a preguntar. ¿Quién lo detuvo, Apullán?

—Pullaro: Apullán, tengo entendido que es por las Ospe.

—Baclini: Y sí, Arietti yo estuve hablando el otro día y me dijo que tenía, pero que no sabía que lo iban a detener.

—Pullaro: A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones a todos. No sé porque han apurado.

—Baclini: Sí. Dejame que lo llamo y te averiguo, te averiguo bien. Averiguo bien y te digo.

La conversación entre el Fiscal General y un ministro del Poder Ejecutiva revela un trato habitual e ilustra cómo el Poder Judicial se allana a un pedido telefónico de un miembro de otro poder.

Si se cambiaran los nombres de los protagonistas por los de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y el ex ministro de Seguridad nacional Sergio Berni, ¿qué apreciación haría el gobierno de Santa Fe de los hechos?

En otra conversación revelada por el sitio web “Diario Santa Fe”, Pullaro habla con una mujer y vuelve a demostrar su asombro por la detención de Rodríguez antes de las elecciones del 22 de octubre.

Voz femenina: “No, y no sé… ¿Cómo se cortan? Yo no entiendo, una fiscal se corta en una detención de un policía, sin que sepa Baclini, sin que sea, no sé…tienen ahí un quilombo igual que el nuestro me parece, ¿o no?”.

Pullaro: “A mí me parece que más, la Fiscal no le dice, no le avisa a Arietti, va y detiene. Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones”.

De los diálogos no se desprende que el ministro haya dado órdenes al MPA de cómo o cuándo actuar. Sí, en cambio, de estar avisado por el fiscal regional de Santa Fe, Arietti, de la fecha de las detenciones. Pullaro explicó las conversaciones en el necesario “diálogo institucional de los poderes” del Estado.

La audiencia imputativa contra jefes policiales por las presuntas irregularidades con las horas Ospe se suspendió en tres oportunidades. Quedó, ahora, para después de las elecciones. Y el fiscal que llevaba adelante la investigación fue apartado.

Contragolpe

Por supuestas razones operativas, Roberto Apullán también fue apartado de legajo que investiga el destino de recursos públicos del municipio de Santa Fe a militantes políticos del intendente José Corral.

El apartamiento del fiscal, dispuesto por Arietti, el mismo que le avisó a Pullaro que las detenciones policiales serían después de las elecciones, constituyó un mensaje unívoco para Corral.

El intendente pidió al MPA que se investigue a Apullán por la metodología utilizada para allanar las oficinas del municipio en busca de los datos de los llamados “Corral Papers”, porque se realizó “a sólo ocho días de las elecciones”.

El radical macrista cuestionó el allanamiento porque, sostuvo, el procedimiento podría haberse hecho mediante el aseguramiento de pruebas.

Evidentemente, el fiscal desconoció en su tarea la importancia que poseen los comicios de medio término, sensibilidad de la que sí están dotados sus superiores.

Pullaro también solicitó la auditoría interna del MPA que investigue a Apullán y Martí al considerar que la intervención a su teléfono fue ilegal, puesto que no existía delito.

Arietti también la emprendió en la auditoría contra sus subordinados, por mantener las causas contra Rodríguez por presunto cohecho y la de las horas Ospe, atento a que el 12 de octubre los había apartado de esos legajos. Las tensiones al interior del MPA colocan a la autonomía funcional de los fiscales en ascendente camino al mito.

Una de las razones de tanto aleccionamiento la brindó el propio Pullaro en una conversación con un asesor del vicegobernador Carlos Fascendini.

El colaborador le pregunta: “¿Quién maneja a estos vagos?”.

Pullaro responde: “El tema es que no los maneja nadie, los vagos van y van y nadie les pone límites. Para mi están motivados políticamente”.

El mismo Poder Judicial que ahora se encarniza con estos fiscales que perturban al poder político –la desobediencia de las instrucciones de un superior podría constituir una falta sancionable, vale aclarar– es el que cerró en poco tiempo el sumario contra el juez de instrucción Juan Carlos Felipe Vienna en la causa de Los Monos, cuando el investigador se fotografiaba en veladas de box en Estados Unidos con Luis Paz, que era parte en ese expediente, y lo recibía en su domicilio particular.

Entonces, el gobierno provincial necesitaba un salvavidas judicial que permitiera mostrarlo públicamente al frente de la ofensiva del combate contra el narcotráfico que tapizaba las calles de sangre, y a pesar de algunos parches que hubo que adherirle, Vienna estaba inflado.

Fuente: El Eslabón.

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