Esta semana que concluye, Macri deseaba dos escenarios con sendas fotos triunfales: los pre acuerdos con la CGT y los gobernadores. Fracasó, pero pudo avanzar con el criminal plan de tomar por asalto el Ministerio Público Fiscal.
Los tres grandes proyectos que tiene entre sus manos el presidente Mauricio Macri fueron puestos en juego en los últimos siete días. Por un lado, la llamada “Reforma laboral”, que no es otra cosa que reducir a tierra arrasada el corpus de derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de un siglo, pero fundamentalmente desde 1943 a la fecha. En segundo término, un Pacto Fiscal a celebrarse entre la Nación y las Provincias, que pretende cerrar el pavoroso déficit fiscal producido por el mismo Gobierno a expensa de los Estados provinciales, pero además otorgarle a Buenos Aires un plus de fondos que le permitan hacer política a María Eugenia Vidal. Por último, pero no por ello menos importante, el macrismo en sociedad con la Unión Cívica Radical y Elisa Carrió quieren atropellar con divisiones blindadas el Ministerio Público Fiscal, del cual ya lograron eyectar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.
Los dos primeros le depararon –en sólo 48 horas– rotundos fracasos. El tercero, marcha viento en popa, de la mano del senador multiservicio Miguel Pichetto, quien a falta de triunfos electorales en su provincia se ufana de ser la llave para que el régimen macrista pueda apoderarse de lo que quedaba en pie del Poder Judicial.
Del rumor al clamor
El martes pasado se desató una ola de rumores que daba por descontado que la CGT ya había cerrado –a puertas cerradas– un acuerdo con el gobierno nacional. Se llegó a especular con que las coincidencias llegaban al 90 por ciento del voluminoso borrador de 145 artículos que el titular del Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, le había entregado a la central obrera hace poco más de diez días.
Al día siguiente, con las luces de alarma encendidas por esas versiones, un comunicado de la Secretaría Gremial de la CGT, que está a cargo del camionero Pablo Moyano, desmintió esas insinuaciones, que no sólo divulgaron los grandes medios afines al Gobierno, sino algunos comunicadores que presuntamente pertenecen al otro lado de “la grieta”.
Lo cierto es que el jueves pasado, lejos de un “arreglo”, la CGT oficializó un contundente rechazo a la “reforma laboral”, y los tres líderes de la central obrera sentenciaron: “La línea roja de la reforma es la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Tras un plenario del Consejo Directivo de la CGT, el triunvirato integrado por Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid descartó un apoyo a la iniciativa de Cambiemos, y en una conferencia de prensa en la histórica sede de calle Azopardo al 800, dejó en claro que no está “de acuerdo con la reforma laboral tal como fue presentada. No hay ningún avance como se manifestó en algunos medios”.
Algo de eso le deben haber anticipado sus colaboradores a Macri, quien desde Nueva York salió a decir que avanzará con la reforma laboral «aunque los sindicatos no estén de acuerdo».
Aunque no se diga en voz alta, el ajuste laboral que pretenden las patronales, que usan a Cambiemos como ariete, quiere borrar del mapa entre 600 y 800 sindicatos, con la excusa de que las personerías gremiales estarían flojas de papeles.
Pero además, se mete de tal forma a reformar la ley de Contrato de Trabajo, que la CGT salió a ponerle coto alegando que esa es una “línea roja” que no está dispuesta a atravesar.
El triunvirato de la central obrera trazó los principales aspectos negativos e “innegociables” de la flexibilización laboral que impulsa el Ejecutivo de Mauricio Macri, como la modificación del artículo 4 de la ley de Contrato de Trabajo, la creación de la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente”, el aumento de la jornada laboral y la creación de un “Banco de horas”, entre otros puntos.
La totalidad de los dirigentes del Consejo Directivo coincidió en los puntos rechazados, e incluso el diputado nacional Facundo Moyano ratificó su negativa a aceptar puntos que consideró “innegociables”, y que el borrador “no será negociado ni aprobado por la central obrera”.
La foto de Triaca con el triunvirato cegetista que mostrara que la flexibilización estaba encaminada no pudo ser sacada.
Aire y billetes para Mariú
El mismo jueves que se conoció el cachetazo cegetista, Macri encabezó una reunión con los representantes de las 24 provincias para presentarles formalmente la propuesta de ajuste fiscal que impulsa su gobierno, que incluye una reforma tributaria, la sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal, el desistimiento de los juicios contra el Estado y la solución al diferendo por el Fondo del Conurbano Bonaerense, la gran obsesión de María Eugenia Vidal y de todo Cambiemos.
Pero ese encuentro culminó sin que se celebre acuerdo alguno, y las partes volverán a verse las caras el próximo jueves 15.
Macri, eso sí, propuso que los fondos que reclama la gobernadora bonaerense los aporte el gobierno nacional, algo que le saca presión de los gobernadores, pero a la vez genera rispideces entre los jefes provinciales que tienen acreencias con la Nación, como es el caso de Santa Fe.
El Presidente se puso duro reclamando que las provincias hagan sus ajustes y bajen impuestos, como si el galopante déficit fiscal nacional no fuera producto de decisiones macroeconómicas de su propia administración.
Que el encuentro no dio para celebraciones pudo quedar de manifiesto cuando tras la reunión se realizó una conferencia de prensa en la que el Gobierno se quedó solo, porque los gobernadores prefirieron no participar.
Como señaló el periodista especializado en temas económicos Raúl Dellatorre, “el pacto es un juego con un solo ganador: María Eugenia Vidal. La sustitución del Fondo del Conurbano perjudica al resto de las provincias. Además, las comprometen a apoyar pesadas subas de impuestos nacionales y resignar recursos propios”.
Sin embargo, al salir, Lifschitz no fue contundente a la hora de diagnosticar el panorama: «El objetivo planteado es bajar en 2018 el déficit fiscal al 3,2 por ciento, y que eso se haga con un esfuerzo compartido entre Nación y provincias. Para cumplirlo, plantean metas de equilibrio fiscal que las provincias debemos cumplir».
El gobernador de Santa Fe agregó: “La reunión no se abrió demasiado al diálogo. Fue fundamentalmente de carácter informativo. Vamos a ver hasta dónde podemos acompañar esas iniciativas y en cuáles tendremos que plantear posturas disidentes. Hay una voluntad de los gobernadores en contribuir a cumplir metas de equilibrio fiscal y de aliviar la carga tributaria”.
Pero nada dijo sobre los 19 mil millones de pesos que la Nación estaría dispuesta a transferirle a la gestión de Vidal en concepto de Fondos del Conurbano, de los 50 mil millones que ella reclama. Si bien es cierto que esa erogación no recaerá sobre las espaldas del resto de los estados provinciales, Santa Fe está entre las provincias a las que el Estado nacional debe pagar una significativa deuda, tema que Lifschitz no abordó, al menos en público.
Macri planteó algo que debería conocerse en detalle, porque pedirá a los gobernadores que hagan caer todos los juicios que hay entre Nación y las provincias: “Queremos hacer borrón y cuenta nueva”. No se escuchó que Lifschitz dijera algo al respecto, en ese momento o luego del encuentro.
De todas formas, Macri debió resignar otra foto triunfalista.
Nueva ley del Ministerio Público
La tercera cuestión que desvela al régimen macrista es el proyecto de ley que regirá al Ministerio Público, la ofensiva final sobre la autonomía de los fiscales, luego de que el régimen macrista lograra la renuncia de Gils Carbó.
Para ese embate, cuenta con socios no macristas o radicales. Además de la firma del presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo, la iniciativa también exhibe la rúbrica del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto y del peronista salteño Rodolfo Urtubey.
El proyecto le da al Poder Ejecutivo un alarmante margen de intromisión en la Procuración y borra de un plumazo las unidades de lavado, lesa humanidad y violencia contra las mujeres, entre otras que rigen en la actual normativa.
Por si fuera poco, a pesar de la autonomía que estipula la Constitución, la iniciativa prevé que exista relación entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia. Hasta ahora la ley sólo preveía el vínculo con el Legislativo, que tiene la Comisión Bilateral de control del Ministerio Público.
El pasado miércoles el ministro de Justicia Germán Garavano concurrió al Senado para defender la propuesta de reforma del Ministerio Público, y frente a las críticas de numerosos especialistas, fiscales, organismos de DDHH y miembros del bloque Frente para la Victoria-PJ, el funcionario justificó esa pérdida de autonomía e independencia porque es necesario generar “contrapesos y controles” por la “acumulación de poder enorme y muy fuerte” que representaría aplicar la reforma del Código Procesal Penal que el presidente Macri suspendió a través de un DNU.
A lo largo de la audiencia, como seguían los cuestionamientos, la bancada de Cambiemos y Pichetto tuvieron que aceptar algunas modificaciones y postergar la firma del dictamen hasta la semana próxima, y así poder redactar un texto que calme los ánimos.
A las críticas generalizadas a la reforma del Ministerio Público Fiscal se le sumó la Iglesia Católica. Una carta firmada por varios obispos, entre ellos el nuevo titular del Episcopado, Oscar Ojea, y representantes de los curas villeros le exige al Gobierno macrista que no se elimine el programa de acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables.
La iniciativa es tan avasalladora de todo tipo de derechos, que de por sí con la nueva ley dejan de ser obligatorias las seis procuradurías especializadas: narcocriminalidad, trata de personas, violencia institucional, crímenes contra la humanidad, investigaciones administrativas y lavado de activos.
Garavano defendió la reforma: “Yo entiendo que de ninguna manera elimina procuradurías, sino que le da la posibilidad –al Procurador– de evaluar cuáles son las que se deben priorizar”.
El ministro vaticinó que el nuevo Procurador no las eliminaría porque “se trata de políticas de Estado”, pero ante las críticas de la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti y de los organismos de DDHH representados por Lita Boitano y Taty Almeida, el oficialismo aceptó que, al menos, se mantenga la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Está claro que si bien la reforma afecta tanto al Ministerio Público Fiscal como al de la Defensa, el macrismo, con la complicidad de algunos senadores peronistas, tiene puesto el foco en la Procuración General, de donde surge la estrategia en torno de la política criminal, las investigaciones penales, la seguridad social, los derechos laborales y los casos del fuero contencioso administrativo vinculados al Estado.
Todo apunta a satisfacer los deseos del macrismo, que pasa por tener control total sobre la Justicia, especialmente en el Ministerio Público Fiscal, para poner a resguardo a sus cuadros, ministros y funcionarios ante cualquier requisitoria por presuntos delitos o irregularidades.
El colmo de injerencia en la Justicia se dio cuando desde Nueva York Macri sostuvo que al ex fiscal Alberto Nisman lo habían asesinado y que es necesario saber quién lo hizo, y a las veinticuatro horas un fiscal pidió que se cite a prestar declaración indagatoria al asesor informático Diego Lagomarsino.
En síntesis, la tercera foto deseada por Macri deberá espera hasta la semana próxima, pero está más cerca de hacerse realidad, y deja como interrogante qué dejarán en pie del sistema republicano quienes desde la oposición bramaban reclamando calidad institucional y prácticas acordes con una República.
Fuente: El Eslabón.
