Con recetas del FMI, Cambiemos apura recortes. En diciembre buscará convertir en ley las reformas laboral, jubilatoria y tributaria. El pacto fiscal con gobernadores es un achique de haberes previsionales y fin del bono navideño.Siguiendo recetas del FMI, Cambiemos acelera su plan de ajuste. En diciembre buscará convertir en ley las reformas laboral, jubilatoria y tributaria. El oficialismo firmó pacto fiscal con gobernadores que se traduce en achique de haberes previsionales, negó bono navideño a empleados públicos y anunció más despidos en el Estado.

El gobierno nacional encara el último tramo del año con la intención de hacer realidad muchos de sus proyectos… de fondo. O, mejor dicho, del Fondo Monetario Internacional, organismo que le planteó una hoja de ruta a la alianza oficialista y que esta viene cumpliendo punto por punto con la aplicación de su programa económico neoliberal. Será el año de las reformas, de transformaciones con sesgos regresivos, con viento a favor para el empresariado VIP y con viento en contra para trabajadores y jubilados, con ajuste en los ingresos, con tarifazos –se viene una nueva suba del gas–, con desaprensión hacia sectores vulnerables, con autoritarismo fascistoide, con menos Estado, aumento del déficit y del endeudamiento, desindustrialización, reprimarización de la economía, apertura comercial y especulación financiera. ¡Pero ojo!, volvimos al mundo, porque con Cambiemos, la Patria es del otro.

El tridente reformista (laboral, jubilatorio y tributario) es el gran regalo navideño y de Año Nuevo que se trae Mauricio Macri. Pero el Santa Claus amarillo, que reparte tijeras para recortar todo lo que se pueda, olvidó un presente y dejará a empleados estatales nacionales, jubilados y beneficiarios de la AUH sin el bono de fin de año, una compensación salarial que ayudaría a palear la constante pérdida de poder adquisitivo frente a la suba inflacionaria. De paso, avisó que se vienen nuevos despidos en la administración pública. Papá CEOel y sus fabricantes de mentiras siempre van a la derecha, para el lado de las guaridas fiscales, depositando todas sus esperanzas verdes en cuentas offshore. Con Cambiemos, pronto a cumplir dos años en el poder, mucho cambió en la Argentina “del futuro” que vuelve a tiempos pasados, y de los más difíciles.

Diciembre se viene con todo. El macrismo apura cambios laborales que perjudican al trabajador, modificaciones jubilatorias que castigan a los abuelos y retoques impositivos que benefician a los más ricos. Como dijo Gustavo Grobocopatel, el zar de la soja, “este gobierno empodera a los empresarios”, exclusivamente. El gobierno impone una distribución regresiva del ingreso para “achicar el gasto”, acrecienta la desigualdad social y aplica la receta del FMI y de los grandes grupos económicos locales y transnacionales, casi la misma fórmula que desembocó en la crisis de diciembre de 2001. Y lo hace con el acompañamiento pasivo o activo de sectores sindicales y legislativos opo-oficialistas.

El gobierno de Macri reflotó el fantasma de los despidos. Picó en punta con el promocionado “reordenamiento y modernización” del Estado, dejando a miles de personas en la calle. Y va por más: contratará consultoras para “optimizar” el Estado, o sea, nuevas cesantías, según deslizó días atrás el ministro de Trabajo Jorge Triaca, que alcanzarían al 10 o el 20 por ciento de los trabajadores, según las dependencias. Desde los gremios estatales avisaron que resistirán los despidos en carpeta con medidas de fuerza. Ese camino que marcó Cambiemos lo imitaron los privados, con ola de despidos, sobre todo en el sector industrial, golpeado por la apertura importadora, tarifazos y parate del mercado interno por menor demanda. También el gobierno y el empresariado presionan con achatamiento salarial en negociaciones paritarias y obligan a sindicatos a flexibilizar convenios de trabajo. Así, se multiplican los monotributistas, en su mayoría desocupados que terminan en el cuentapropismo y que el Ejecutivo contabiliza como “nuevos” puestos laborales.

Corren tiempos de precarización y flexibilización laboral, con aires privatizadores. “Tuvimos que aceptar el dunga dunga”, graficó el titular de la UOM Río Grande (Tierra del Fuego) y diputado nacional Oscar Martínez, al considerar que no había otro camino más que congelar salarios hasta 2020 “porque no quedaban alternativas frente a las amenazas de despidos y suspensiones” en la industria de la provincia más austral del país, donde hasta hace poco crecía el empleo de manera exponencial. El dirigente metalúrgico dijo que el sometimiento a los trabajadores fueguinos se da “bajo extorsión del gobierno nacional”. Y recordó: “Durante los años 90 fuimos condenados a no tener paritarias hasta 2004”. Antonio Caló, titular de la UOM nacional, dijo al respecto: “Había que poner algo”, y (¡ay!) ya se sabe lo que pusieron. Con cierres de fábrica, despidos y negativas patronales a las pretensiones salariales de los trabajadores para recomponer el poder de compra de sus salarios, los conflictos laborales y sociales irán in crescendo en el mes más caliente del año.

Clavados y reformados

El macrismo negocia sus reformas fuera del Congreso, a la par que arma su agenda de fin de año. A toda máquina quiere convertir en ley las modificaciones en materia laboral, tributaria y previsional. Las dos primeras iniciativas buscará que se voten antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. La reforma laboral ingresará al Senado, donde gobierno, el sindicalismo “dialoguista y acuerdista” y el PJ antikirchnerista buscan restarle protagonismo y tribuna a la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, quien retuiteó una nota radial al sindicalista camionero Pablo Moyano, acompañada del comentario “nos une la esperanza” y envió un guiño al gremialista, que anunció que se opondrá a la reforma laboral que impulsa el gobierno.

Con envión triunfalista, el oficialismo avanza en dos frentes: el ministro Triaca teje acuerdos con la cúpula de la CGT por la reforma laboral y el ministro del Interior Rogelio Frigerio cerró con gobernadores el pacto fiscal, dentro de una reforma tributaria global. Macri y mandatarios provinciales –menos San Luis– acordaron que la actualización de las jubilaciones sea trimestral y ligada a la inflación, lo que permitirá un “ahorro fiscal” de entre 50 y 100 mil millones de pesos. En el acuerdo se aseguró el 82 por ciento móvil que pagan las provincias para quienes tengan 30 años de aportes efectivos, pero sobre el salario mínimo y no sobre el salario en actividad. Los cambios laborales generan reacomodamientos: mientras sectores intersindicales arman la trinchera de resistencia, otros, como la conducción de la CGT, acercan posiciones con el gobierno. Así, el triunvirato que conduce la central obrera alcanzó un principio de acuerdo con el oficialismo en torno al proyecto de reforma laboral, que contaría con algunos tibios cambios sobre la propuesta original, como restituir horas extras, mejorar el cálculo de las indemnizaciones y eliminar el artículo que modificaba el concepto de trabajo.

En sintonía con la postura del Papa Francisco, quien hace pocos días recibió la visita de Moyano hijo y los camioneros en el Vaticano, la Iglesia argentina se metió en el debate de la reforma laboral y advirtió que “el trabajo no es una mercancía”. El nuevo titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, sostuvo que es “responsabilidad de toda la sociedad conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales”. Si la mesa chica de la CGT avala la reforma laboral será interpretado por los trabajadores como una nueva defección y Macri se anotará otro triunfo político. “Luego del trabajo en conjunto que viene llevándose adelante con los representantes de cada uno de los sectores, se alcanzó el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso de la Nación para su tratamiento en las próximas semanas”, indicaron desde la cartera que comanda Triaca tras el último encuentro con la cúpula de la central obrera que se realizó en una oficina de la Sociedad Rural en Capital Federal.

2017, año de reformas

“El 2017 no ha sido un buen año en materia de derechos laborales, por el contrario, se concretaron dos reformas sumamente regresivas en Brasil y Francia. ¿Por qué resulta relevante revisarlas para debatir las perspectivas argentinas? La cercanía con Brasil y el grado de integración de nuestras economías hacen que la degradación de los derechos laborales en el país vecino inmediatamente se plantee por parte del empresariado argentino la necesidad de «imitarlos» para «no quedar atrás» en términos de competitividad de nuestra economía, jugando la carta de la amenaza de relocalización o desvío del comercio. Francia nos queda más lejos, pero supo ser el país modelo en términos de conquistas sociales, con amplia cobertura de los sistemas de empleo y un amplio abanico de derechos laborales”. Así se presentó el Informe del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la CTA Buenos Aires sobre las similitudes de las reformas en materia laboral de Brasil y Francia con la reforma que pretende aplicar el gobierno de Macri en nuestro país.

“La propuesta de reforma laboral de Cambiemos, que comenzó a circular los primeros días de noviembre, mantiene ese mismo espíritu regresivo: desprotección de los trabajadores, desresponsabilización de los empleadores y flexibilización de la contratación y el uso de la fuerza de trabajo”, se señaló en el reporte coordinado por la economista Paula Belloni, que contó con la investigación de Mariana Fernández Massi y Joaquín Lazarte. La reforma brasilera, francesa y argentina tienen puntos de contacto: buscan “flexibilizar el horario de trabajo, atacar los convenios colectivos a favor de la individualización de la negociación, desdibujar la responsabilidad del empleador”. En los tres casos argumentan sobre su necesidad en la “modernización” de leyes “diseñadas para otro contexto productivo, tecnológico y social” y la idea de que quienes están empleados gozan de ciertos privilegios a costa de quienes no consiguen un empleo, según el informe de la CTA Buenos Aires.

El proyecto de reforma laboral presentado por el oficialismo dispone, entre otras medidas, una rebaja de los aportes patronales a la Ansés. Según calculó el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), esa medida desfinanciará al organismo en casi 173.000 millones de pesos, lo que “implicaría transferir 2,1 puntos porcentuales de valor agregado bruto de la economía desde los asalariados hacia los sectores empresarios”, de acuerdo al trabajo del Ceso. Esto si avanza el paquete de reformas que impulsa la alianza PRO-UCR, los mismos que cuando eran oposición defendían “la plata de los jubilados” y los que aprobaron la ley nacional de 82 por ciento móvil para las jubilaciones –luego vetada por CFK– y hoy reconocen que fue una medida “demagógica” por su imposibilidad financiera de cumplirla.

Otra de los regalitos del gobierno para esta Navidad y Año Nuevo es la reforma previsional, que incluirá la suba de la edad para acceder al beneficio de la jubilación –en principio podría ser opcional– y la rebaja en la actualización semestral de los haberes, mecanismo que rige desde 2009. El denominado “índice Boudou” consiguió que los haberes jubilatorios suban por encima de la inflación, además de las moratorias que permitieron que casi la totalidad de las personas en edad de jubilarse lo pueda hacer. Con la nueva fórmula de movilidad que propone Cambiemos, atada a la inflación, el haber mínimo sería un 25 por ciento menor al actual. En rigor, de aprobarse el recorte para los jubilados que impulsa el macrismo, un jubilado que percibe la mínima recibirá unos 12 mil pesos menos durante 2018. Jo jo jo, es la risa navideña que retumba en el Fondo de la Casa Rosada.

Publicado en la edición Nº 326 del semanario El Eslabón

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