La reforma laboral entró en vigencia pese a la lucha del movimiento obrero en las calles, ferozmente reprimida por el gobierno golpista de Temer. Una embestida regional para quitar derechos, destruir el movimiento obrero organizado, reforzar el individualismo y volver a los tiempos de la esclavitud.
La semana pasada Brasil entró en el túnel del tiempo. Y no con dirección al futuro precisamente. Se puso en vigencia la nueva legislación laboral, cuatro meses después de su aprobación y en medio de protestas de los trabajadores que denuncian una pérdida de derechos que retrotrae la situación más de un siglo.
Este histórico retroceso es producto de la brutal embestida de la derecha en la región, en línea con la situación de la Argentina gobernada por Mauricio Macri, que está intentando un avance similar contra los trabajadores.
La iniciativa de Temer fue duramente combatida por los sindicatos desde que el mandatario golpista la presentó en 2016 como “una herramienta para modernizar la legislación laboral de 1943 y facilitar las contrataciones”.
Y finalmente, luego de tres huelgas generales reprimidas brutalmente, los empresarios brindaron con champán. “Fue una hermosa reforma”, dijeron.
Para la Confederación Nacional de la Industria, la patronal que más se movilizó en favor de la reforma, su entrada en vigor representa “el deseado avance en la construcción de relaciones de trabajo modernas y alineadas con la economía del siglo XXI”.
La reforma laboral fue una de las claves del gobierno golpista de Michel Temer. Fue uno de los objetivos fundamentales de la administración espuria que se hizo del poder en Brasil. Para eso las corporaciones patronales pusieron en el cargo a Temer. Para que hiciera el trabajo sucio. Para eso lo sostienen allí pese a las denuncias de corrupción.
Ese fue el trato: las corporaciones y sus empleados en el congreso (más conocidos como legisladores) lo hacen zafar a Temer de la cárcel, y él impulsa todas las reformas necesarias para transferirles la mayor cantidad de riquezas posible.
La reforma impulsada por Temer tuvo una fuerte oposición gremial (tres paros generales en los últimos meses) y sufrió varias modificaciones en el Parlamento, pero fue aprobada este 11 de julio en el Senado. Ya antes, en abril, había sido aprobada en Diputados.
De esta manera echaron por tierra buena parte de la legislación laboral anterior, vigente desde 1943, y se produjo un retroceso en materia de derechos de por lo menos un siglo.
Las excusas del gobierno de Temer para imponer las reformas son bien conocidas. La derecha no renueva sus mentiras. No necesita hacerlo. Tiene a los medios hegemónicos de su lado. Repite las mismas falacias gastadas sin preocuparse por argumentar. “Las reformas crean trabajo”, afirman, pese a que nunca crearon trabajo en ningún lugar, jamás, sin excepción.
“Van a dotar de competitividad al mercado brasileño, van a generar nuevo empleos e incorporar al país al siglo XXI”, repiten como loros los neoliberales.
“Las medidas apuntan a combatir el desempleo, que aflige a cerca de 13 millones de personas, y a impulsar la recuperación de una economía que sufrió en 2015 y 2016, con caídas del PBI del 3,5 y del 3,6 por ciento, su recesión más grave en varias décadas, afirma el discurso oficial”. El problema es que estas medidas ya se aplicaron decenas de veces en el mundo, y que nunca, pero nunca jamás, dieron esos resultados.
La nueva norma “flexibiliza” las relaciones laborales. Un eufemismo para decir: todo para la patronal, en detrimento del trabajador, que pierde los derechos más básicos, más elementales, aquellos ganados por siglos de luchas obreras que costaron cientos de miles de vidas a través de la historia.
La idea es destruir al movimiento obrero organizado, promover el individualismo, alentar el modelo de trabajador neoliberal, sin derechos, apenas una mercancía con síndrome de Estocolmo.
La nueva legislación que entró en vigencia este 11 de noviembre en Brasil privilegia los acuerdos por sector, por empresa, y sobre todo individuales, por sobre las leyes vigentes y las convenciones colectivas. De esta manera, los contratos privados pasan a ser más importantes que los acuerdos firmados por los gremios. El movimiento obrero organizado pierde fuerza y razón de ser.
La reforma crea las condiciones para que los patrones aumenten el grado de explotación sobre los trabajadores, que no tendrán la garantía de la ley al momento de reivindicar sus derechos.
Se afectan las vacaciones, las horas laborables por semana y el aguinaldo, que son puntos clave de los derechos laborales. Con la nueva normativa las vacaciones se pueden fraccionar hasta en tres períodos.
La jornada laboral podrá ser de hasta doce horas, con lo cual se registra un retroceso histórico: la jornada de ocho horas requirió años de lucha y mucha sangre derramada en todo el mundo. La nueva ley estableció que las jornadas de doce horas deben producirse tras 36 de descanso y que no se podrán superar las 44 horas semanales.
Se autorizó además la “jornada intermitente”, esto es el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. Podrá haber contratos parciales de hasta 30 horas semanales, o 26 horas y 6 horas extras.
Con la nueva legislación, la contribución sindical, que antes era obligatoria y equivalente a un día de salario al año, pasó a ser voluntaria. Otra medida claramente enfocada a restar poder al movimiento obrero organizado.
La nueva ley laboral reglamenta además una nueva modalidad que se viene reforzando en todo el mundo, el “trabajo desde el hogar”. En este sentido, dispone qué gastos deben correr por parte de la empresa, entre otros detalles.
La tercerización es otro de los puntos que la nueva legislación refuerza, ampliando la posibilidad que tienen las empresas de subcontratar otras firmas para que realicen tareas.
La nueva ley avanza sobre los derechos de las trabajadoras embarazadas, permitiendo que desarrollen sus tareas en ambientes no del todo salubres si presentan un certificado médico que asegure que no hay riesgo para ella o el feto.
Además, se flexibilizan a favor de la patronal las condiciones de despido. En este sentido, el monto de las indemnizaciones no está más atado al salario del trabajador y el preaviso baja de 30 a 15 días.
Asimismo, se ponen condiciones a los litigios laborales, también perjudicando a los trabajadores y desalentándolos a demandar a sus patrones. Según la nueva ley, el litigante debe establecer a comienzo del juicio cuánto dinero desea recibir de compensación al término del proceso, deberá comparecer a todas las audiencias judiciales (salvo fuerza mayor) y pagar las costas del juicio si pierde (a menos que no tenga recursos suficientes).
En la nota de Emir Sader publicada el 15 de noviembre en Página|12, titulada “Sobreexplotación del trabajo”, el autor utiliza el concepto de “sobreexplotación”, elaborado por el intelectual brasileño Ruy Mauro Marini, para contextualizar la reforma laboral de Temer.
La sobreexplotación es un mecanismo del que se valen las burguesías periféricas con el fin de intensificar la explotación de la clase obrera para lograr condiciones competitivas en el plano internacional, y esto les permite encontrar espacios en ese mercado, explica Sader con relación al concepto desarrollado por Marini.
“De ahí que los mecanismos de sobreexplotación se hayan desarrollado tan ampliamente en la periferia”, señala el autor de la nota publicada en Página|12.
Y esta actitud de las burguesías periféricas en busca de “espacios en el mercado”, y de “condiciones competitivas”, inmediatamente remiten al discurso unificado de Macri y Temer cuando impulsan sus respectivas reformas laborales para “ser competitivos”.
Y además, como se está verificando por estos días, si Brasil hizo su reforma y es competitivo frente a los mercados del mundo, Argentina también debe hacerla. La lógica de la competitividad y los mercados es la excusa perfecta para destruir los derechos de las mayorías.
Estas políticas, señala Sader, van en contra del crecimiento hacia dentro de los países, y del consumo popular. “Esos mecanismos, a su vez, bloquean cualquier posibilidad de expansión del mercado interno de consumo popular, porque se remunera a los trabajadores por debajo de sus necesidades básicas. De ahí que los modelos de acumulación en la periferia dependan de las altas esferas de consumo del mercado y de exportación”, señala el sociólogo y politólogo brasileño.
“La sobreexplotación requiere, a su vez, condiciones políticas para que se efectivice. En Brasil, fue indispensable el «bloqueo salarial» (congelamiento del salario), para que se diera el «milagro económico» durante la dictadura militar. Fue el santo del milagro económico. La dictadura combinó represión política con sobreexplotación de los trabajadores”, agrega Sader, al tiempo que afirma que “las restauraciones neoliberales en países como Argentina y Brasil concentran gran parte del accionar de los gobiernos en generar las condiciones para elevar la explotación de los trabajadores.
Fuente: El Eslabón.
