Diputadas provinciales justicialistas aseguraron que reciben a diario denuncias por la falta de respuesta del Estado ante casos de violencia de género, y solicitaron informes al Ejecutivo sobre el abordaje de la problemática.
Las legisladoras Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (FPV-PJ) afirmaron en un comunicado que “hay dificultad para acceder a asistencia interdisciplinaria, patrocinio jurídico, ayuda económica y albergues”.
Alertadas por denuncias de mujeres que alegan no poder acceder a las instancias estatales de intervención ante casos de violencia de género, las diputadas diputadas del bloque del Frente Justicialista para la Victoria-PJ, solicitaron informes al Ejecutivo provincial sobre las políticas públicas que lleva adelante para el abordaje de la problemática.
Las legisladoras solicitaron información, entre otros puntos, sobre el trabajo de la Subsecretaría de Políticas de Género; la Comisión Interinstitucional y el Consejo Consultivo Provincial; los equipos interdisciplinarios para asistencia a las víctimas; los convenios con municipios y comunas y los dispositivos locales de abordaje de la problemática; los datos estadísticos recabados por el Registro Único de Violencia Hacia las Mujeres; las actividades de capacitación; las casas de amparo para víctimas; la política interinstitucional con las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en los casos de denuncias de violencia contra la mujer, violencia familiar, laboral e institucional; el trabajo con la Mesa provincial del colectivo LGBTI de diversidad de género; y las disponibilidad de unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención y la emergencia.
“La expresión más primitiva del ejercicio del dominio y el poder de una persona sobre otra encuentra su máxima expresión en la violencia de género, una violencia impuesta por la sola condición de mujer”, fundamentó Simoncini. “Santa Fe adhirió, a través de una norma provincial, a la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La Subsecretaría de Políticas de género dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, es el organismo responsable del desarrollo e implementación de las políticas públicas que den garantías del cumplimiento a las normas”, agregó.
“Esas políticas incluyen acciones de promoción, capacitación y prevención. Fortalecimiento institucional, coordinación con municipios y comunas, así como la conformación de una Comisión Interinstitucional para coordinar los dispositivos y recursos destinados al abordaje de la problemática de la violencia de género”, continuó la legisladora peronista, y añadió: “Las leyes nacional y provincial establecen la creación del Consejo consultivo sobre violencia de género, que tiene como funciones, asesorar y recomendar estrategias y acciones para el abordaje de esta problemática teniendo en cuenta las características territoriales de nuestra provincia, proponiendo un plan a desarrollar en tal sentido”.
La ex ministra de Salud sostuvo que “la provincia de Santa Fe cuenta además con un Observatorio de violencia de género y un Registro Único de Violencia Hacia las Mujeres (Ruvin), para la recolección de datos policiales, judiciales, de hospitales, municipios y comunas y ONG”, y dijo que “estas normas y estructuras del Estado provincial deben garantizar los dispositivos y recursos ante las denuncias de situaciones de violencia contra las mujeres y detectar aquellas que permanecen silentes por el miedo de las víctimas, por ignorar sus derechos, por la indiferencia social y por la insuficiente o ausencia del Estado”.
En ese sentido, reveló que reciben a diario “las inquietudes de docentes, trabajadores sociales, profesionales de la salud, integrantes de las fuerzas de seguridad, vecinos de organizaciones no gubernamentales, comedores barriales, entre otros, referidos a la insuficiente, inadecuada e inoportuna respuesta por parte del Estado ante casos de violencia sobre las mujeres que son denunciados en diferentes ámbitos por ellas mismas, sus hijos e hijas, sus padres y que lamentablemente, muchas veces, encuentran un final trágico”.
“Nos manifiestan la dificultad para acceder a asistencia interdisciplinaria, patrocinio jurídico, ayuda económica a las víctimas. Que no son suficientes o que no existen instancias de albergues para las mujeres y sus hijos que padecen violencia extrema que los obliga a salir de sus hogares. Que es insuficiente la coordinación entre las distintas áreas del Estado para dar garantías a las víctimas”, lamentó.
“Sólo el Estado puede y debe destinar todos los recursos necesarios para la implementación de cada uno de los dispositivos que resultan imprescindibles para garantizar la integridad y la vida de tantas mujeres santafesinas, y muchas veces de sus hijos, quienes son víctimas de violencia de género y familiar”, resaltó la dirigente peronista.
