Sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantiles y cooperativas protagonizaron una multitudinaria marcha al Congreso contra los cambios en la legislación laboral y jubilatoria que impulsa el macrismo, mientras el Senado le daba media sanción al ajuste previsional. Se reconfigura un nuevo mapa opositor, con la calle como enclave de resistencia.

Ya habían jurado los 24 senadores nacionales electos, con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la atención pública, tanto por su regreso a ese cuerpo legislativo como por su marcada postura contraria a las políticas del macrismo. Horas después, la Cámara alta, con su vieja conformación, comenzaba a debatir los proyectos de ajuste previsional y pacto fiscal entre Nación y provincias. En ese mismo momento, cuando la tarde calurosa de miércoles levantaba temperatura, las primeras columnas gremiales, de organizaciones sociales y cooperativas y partidos políticos empezaban a meter ruido con los bombos y a desplegar sus banderas en la plaza frente al Congreso. Sindicalistas de la Corriente Federal, las dos CTA y Camioneros, más otros gremios cegetistas alineados con el moyanismo, protagonizaron una multitudinaria movilización en rechazo a las reformas laboral, jubilatoria y tributaria que impulsa el oficialismo por considerarlas negativas. Pidieron a los legisladores que no acompañen el plan neoliberal de Cambiemos. El ruego no surtió efecto, ya que esa misma noche el Senado, por 43 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, le dio media sanción al ajuste para los jubilados.  

La protesta contra las reformas que promueve el oficialismo a pedir del Fondo Monetario y el establishment empresarial dejó ver una reconfiguración del mapa gremial y de organizaciones sociales y políticas que se dibujó en las calles, el lugar elegido para resistir la quita de derechos a trabajadores y jubilados. Esta nueva etapa para sectores opositores comenzó a moldearse tras el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas. Los resultados en las urnas aceleraron el programa económico de la Segunda Alianza, y también el reposicionamiento sindical frente a la avanzada macrista. El paquete de reformas profundizó divisiones gremiales, incluso dentro de la CGT. La historia se repite como tragedia. Otra vez, como en los 90, la cúpula de la central obrera queda pegada a un gobierno conservador de ajuste y endeudamiento, desoyendo el reclamo de sus representados y cuidando de su quintita. La triunvirato cegetista negoció con el gobierno la reforma laboral, aunque dio de baja varios puntos que no hacen al corazón del proyecto original. Del otro lado, sectores más combativos, algunos identificados con el kirchnerismo, se reagrupan en oposición a las iniciativas del oficialismo.

“Marchamos al Congreso para decirle no a la reforma laboral contra los trabajadores y al saqueo del sistema jubilatorio. Somos conscientes del ataque que se viene y que para enfrentarlo es necesario lograr la unidad de la clase trabajadora”, sostuvo en su cuenta de Twitter el Sindicato de Camioneros. La protesta fue contundente. La cadena de medios oficialistas ocultó la colorida foto de los manifestantes que dio cuenta de la masividad que tuvo la convocatoria. Hablaron de “grupos K” y de los “trastornos en el tránsito” en el centro porteño. El sol no se puede tapar con las manos. Tampoco con una placa televisiva o una portada de un diario. Este nuevo espacio opositor que late en las calles sostendrá un plan de lucha “hasta voltear las reformas”, aseguraron los promotores de la protesta.

“No es reforma, es ajuste. Basta!”, decía un cartel en el fondo del escenario, detrás del atril donde hablaron Hugo Yasky, Pablo Micheli, Pablo Moyano y Sergio Palazzo. En la marcha confluyeron afiliados de sindicatos del moyanismo como Camioneros, Judiciales, Canillitas y Peajes; de la Corriente Federal de los Trabajadores, línea interna de la CGT, con Bancarios a la cabeza; de la CTA de los Trabajadores, como los docentes de Ctera y Suteba; de la CTA Autónoma, como los estatales de ATE, e integrantes de organizaciones sociales como la CTEP, Tupac Amaru, la CCC, el Frente Darío Santillán y cooperativas de trabajo nucleadas en la CNCT. También llegaron a la plaza de los dos Congresos regionales de la CGT y la CTA de Rosario, Santa Fe, Mendoza, Córdoba. Además, se vieron banderas de partidos y sindicatos del FIT. El nuevo frente antimacrista hizo recordar al armado del MTA que conducía Hugo Moyano, espacio que se opuso al modelo neoliberal del menemismo.

La derecha pide bis

En la Primera Alianza de Fernando de la Rúa, como continuidad del menemismo, hubo rebaja en los haberes jubilatorios y se aprobó la denominada ley Banelco de flexibilización laboral. Como espectro del pasado, tanto el proyecto de reforma previsional del macrismo, que modifica el cálculo de la movilidad de los haberes, como el de responsabilidad fiscal, que impone pautas para el gasto público de la Nación y las provincias, forman parte del pacto fiscal que firmaron el presidente Macri y los gobernadores. La reforma previsional que el gobierno y opo-oficialistas buscan convertir en ley, representa un descuento en los haberes jubilatorios. “No hay ningún país del mundo que no ajuste por la vía del salario y la inflación”, sentenció un iluminado Miguel Ángel Pichetto, senador justicialista por Río Negro que, al igual que otros 27 legisladores “opositores” –la mayoría del FpV–, votó a favor del ajuste previsional: un guadañazo de 100 mil millones de pesos contra jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo a partir de una modificación a la baja de la fórmula que actualiza los haberes.

Ejemplo: de convertirse en ley, con la reforma jubilatoria de Cambiemos la suba de la jubilación en marzo será del 5,7 por ciento, en lugar del 12 por ciento que contempla la actual ley de movilidad. Es decir, si le corresponde una suba de 1.200 pesos, con el proyecto oficial cobraría un aumento de 570. Si Diputados le da sanción definitiva a la ley de reforma previsional habrá aumentos cada tres meses para unas 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. Con el nuevo esquema, en vez del aumento semestral, que sale del 50 por ciento de la evolución de los salarios y 50 por ciento de la recaudación, se usará el 70 por ciento de inflación y 30 por ciento de suba de los salarios formales. Esto se traduciría en un recorte de haberes y en un “ahorro” para el Estado. La propuesta oficial garantiza el 82 por ciento móvil del salario mínimo para quienes hayan aportado 30 años y propone que trabajadores en relación de dependencia del sector privado puedan optar por jubilarse a los 70 años.

Los trabajadores se movilizaron, mostraron poder de convocatoria. Rechazaron las modificaciones  en el plano previsional y laboral porque los hace retroceder, debilita más aún el poder adquisitivo. La protesta fue un anticipo de un diciembre caliente, mes donde se espera una nueva aceleración inflacionaria, con tarifazos incluidos, en la previa a las negociaciones salariales en paritarias y mientras desde el Estado se agita el fantasma del despido. El gobierno de Mauricio Macri hace de la represión a la protesta social una política de Estado. El presidente intenta despistar y dice que no permitirá que le impongan una agenda de violencia, con la idea de fabricar un “enemigo interno”, mientras va a fondo con su plan de ajuste y cambios profundos con distribución regresiva del ingreso. El objetivo es echar por tierra derechos y conquistas de los trabajadores. Los casos Maldonado y Nahuel son una muestra de hasta dónde es capaz de llegar el gobierno para imponer su programa político y económico. Es evidente que el horno no está para reformas.

Fuente: El Eslabón.

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