Los países miembros de la Unión Europea (UE) acordaron en Bruselas aprobar por otros cinco años la licencia para el uso del glifosato, pese al clamor mundial que denuncia, basándose en estudios científicos, que la sustancia es perjudicial para la salud y potencialmente cancerígena.  La propuesta fue apoyada por 18 países, mientras que 9 se mostraron en contra y uno se abstuvo.

Acaso el manoseado concepto de posverdad encuentre en el caso del glifosato uno de los ejemplos más claros de cómo actúa la propaganda corporativa desde mucho antes de que se inventara este concepto. Para oponerse y contrarrestar los estudios científicos serios y desinteresados, las corporaciones pagan otros tantos estudios a medida de sus intereses. La idea es tan vieja como la propaganda: crear confusión, contra balancear y poder decir que “no hay pruebas concluyentes”. La técnica no es nueva. La industria del tabaco la utilizó hace décadas.

Y ahora es la UE la que, con un alto grado de coherencia, salió a defender los intereses de las grandes corporaciones, a espaldas de la salud de la ciudadanía.

La renovación desató una ola de críticas entre organizaciones ambientalistas de todo el mundo. “Otros cinco años más de glifosato pondrán nuestra salud y nuestro entorno en peligro y supone un gran golpe para los métodos agrícolas más sostenibles”, dijo Adrian Bebb, de Friends of the Earth Europe (Amigos de la Tierra-Europa).

Además, existe una petición formal reclamando la desaparición progresiva del glifosato en la UE que ya ha reunido más de un millón de firmas. La Comisión Europea tiene la obligación de responder a esta petición, clasificada como “iniciativa ciudadana europea”, en los próximos meses.

El acuerdo se dio tras un cambio de la posición de Alemania, que en la anterior votación se abstuvo pero que esta vez votó a favor tras haber pedido cambios en el texto, en particular para limitar su uso privado y sobre el respeto de la biodiversidad.

En un primer momento, la Comisión Europea pidió una ampliación de la licencia durante diez años, que después rebajó a siete y luego a cinco años. En octubre, el Parlamento Europeo se había mostrado a favor de restringir el uso del glifosato y de prohibirlo gradualmente de aquí a 2022.

El glifosato es la sustancia más utilizada en el mundo para eliminar la vegetación no deseada en los cultivos agrícolas. Las plantas absorben el glifosato a través de sus hojas y otras partes verdes. Fue comercializado por primera vez por la empresa estadounidense Monsanto con el nombre de Roundup en la década de 1970.

Este producto se convirtió en una cuestión de salud pública pero también política desde que en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, lo calificó como “probable cancerígeno”.

Los nueve países que dijeron “no” en la primera votación del 9 de noviembre, entre ellos Francia y Luxemburgo, mantuvieron luego su posición. “No es una señal clara para la eliminación progresiva del glifosato. El combate debe continuar”, tuiteó la ministra de Medioambiente de Luxemburgo, Carole Dieschbourg.

Pero en la segunda votación, que tuvo lugar el 27 de noviembre, 18 países apoyaron la propuesta de la Comisión, frente a los 14 de la primera votación, lo que permitió superar el umbral del 65 por ciento de la población del bloque, necesario para que la propuesta pudiera prosperar.

Por su parte, la ministra alemana de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, del Partido Socialdemócrata (SPD), lamentó la decisión. “Está claro que Alemania tenía que abstenerse” dijo en un comunicado, y explicó que había transmitido a su colega, el ministro de Agricultura, que forma parte del partido conservador CSU, su oposición a renovar la autorización “incluso bajo ciertas condiciones”.

Fuente: El Eslabón.

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