En noviembre se registró una suba de precios al consumidor del 2 por ciento, la mayor desde el mes de julio, impulsada por los rubros alimentos, bebidas y transporte, debido al impacto de los incrementos en los combustibles, según el último informe de la Fundación Germán Abdala. La inflación de diciembre estará entre las más altas del año, de acuerdo a diferentes proyecciones basadas en la “presión” que ejercerán sobre los bolsillos de los trabajadores los nuevos aumentos en los surtidores, medicina prepaga y servicios públicos, como los tarifazos en luz y gas. Se estima que el índice inflacionario será entre el 2,5 y el 3 por ciento para el mes de las fiestas, mientras el Banco Central seguirá con su fallida y ortodoxa política monetaria de intentar controlar la inflación con exorbitantes tasas de interés. Tradicionalmente diciembre es un mes caliente, y no sólo por la alta temperatura atmosférica que hace palpitar el verano. La sensación térmica en lo político, social y económico, a dos años de la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, va en ascenso: movilizaciones anti reformas, conflictos por despidos y cierres de fábrica, recortes presupuestarios, y nuevas remarcaciones en las góndolas de los supermercados recalientan el fin de año.

La asociación de usuarios y consumidores Cesyac relevó en Rosario una inflación de 5,54 por ciento en noviembre respecto a octubre para una familia tipo, que necesitó más de 27.000 pesos en la sumatoria de productos y servicios que debió comprar y contratar. El aumento tiene que ver con la suba de alquileres 23,7 por ciento; frutas y verduras 12,5; medicamentos 9,7; comestibles envasados 1,56; carnes 3,35; y también se reflejó la suba promedio del 1,05 de algunos combustibles de dos compañías petroleras (YPF y Shell). Cuando falta contabilizar un mes, la canasta en Rosario aumentó un 26 por ciento en comparación a 2016, según datos del Cesyac. “Vamos cerrando un 2017 más complicado delo esperado. Del objetivo menor al 20 por ciento nos estamos yendo a más de un 25 por ciento en el año. En nuestro caso, faltando diciembre, ya estamos en esa diferencia con respecto a 2016”, dijo Juan Marcos Aviano, director de Cesyac.

Naftas y gasoil aumentaron otro 6 por ciento el sábado 2 de diciembre. El último incremento se había registrado el 23 de octubre cuando las compañías petroleras decidieron incrementos entre un 9 y un 12 por ciento en las estaciones de servicio. El pasado 1° de octubre comenzó a regir el mercado libre de combustibles según el acuerdo alcanzado por las empresas productoras y las refinadoras a comienzos de año. Muchos de los aumentos registrados en noviembre y los anunciados para diciembre, donde grandes empresas de la industria alimenticia y de bebidas (Arcor, Molinos, Terrabusi, Matarazzo, Favorita, Higienol, Coca-Cola, Quilmes y Brahma) y de artículos de limpieza (Procter & Gamble – P&G) ya retocaron los precios un 5 por ciento promedio, tienen relación directa con el aumento de los combustibles, y los nuevos tarifazos al caer en luz y gas. En Buenos Aires, la electricidad subirá 32 por ciento en dos tramos (diciembre-febrero) y el gas se incrementará un 45 por ciento. Se espera que el impacto en el resto del país sea un poco menor.

Con estabilidad cambiaria, quietud acunada por dólares provenientes de la toma de deuda externa, igual suben los precios. Un puñado de empresas oligopólicas imponen su posición dominante en el mercado. La puja distributiva entre capital y trabajo que se juega en las negociaciones paritarias, donde el macrismo busca imponer su techo y arbitra a favor de los grandes empresarios, es otro factor de tensión inflacionaria. Reformas previsional y laboral en ciernes se proponen recortar aún más la capacidad de compra de jubilados y asalariados. Frente a este panorama, el nivel de consumo seguro se resentirá, pese a que diciembre es un mes donde la gente aprovecha ofertas y sale a comprar regalos, morfi y bebidas en abundancia para cubrir las mesas festivas de Navidad y Año Nuevo.

En el primer año de gestión de Cambiemos la inflación superó el 40 por ciento, contra subas salariales promedio del 30 por ciento. La megadevaluación, la quita y rebaja de retenciones a los granos y los tarifazos hicieron de infladores. Este año el nivel de inflación promedio cerrará en alrededor del 25 por ciento, unos ocho puntos por encima de la meta inflacionaria que trazó el Banco Central y las consultoras amigas, y apenas por encima o, por lo menos, en un empate con la pauta salarial de 2017. Sin embargo, nadie activó la cláusula gatillo para reabrir paritarias. En el ciclo kirchnerista los aumentos en paritarias siempre le ganaron la carrera a la suba de precios, salvo en 2014. “La inflación es un impuesto perverso y en mi gobierno eso no será un problema porque es simple de resolver”, había prometido Mauricio Macri en campaña, mientras que ahora asegura que “la inflación está controlada”. El encarecimiento de la canasta básica perjudica principalmente a los bolsillos de los sectores vulnerables, en una clara distribución regresiva del ingreso.

Menos por cobrar, menos para gastar

“Los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo”, dijo días atrás el diputado Pablo Tonelli (PRO) en una entrevista radial en la que defendió el proyecto oficial de reforma jubilatoria, que tras la media sanción del Senado se debatirá en la Cámara baja. El cínico comentario del legislador macrista reconoció a medias el hachazo a las jubilaciones que con el cambio de fórmula para los aumentos contempla la iniciativa en pos de reducir el gasto público. El cambio de fórmula que propone el gobierno dará aumentos menores para los jubilados en contraposición con el cálculo actual, sujeto a ley de movilidad aprobada en 2009.

Y si bien el gobierno persigue el “ahorro fiscal”, el gasto no baja frente al PBI debido al pago de intereses de la deuda externa que contrajo. En síntesis, todo el “ahorro” que propició el gobierno al momento de recortar subsidios económicos en los primeros diez meses de este año equivalen al incremento en el pago de intereses que acarrea el endeudamiento desaforado, que fue casi del 80 por ciento: de representar el 1,2 por ciento del producto bruto interno el año pasado, los intereses de la deuda treparon al 1,7 por ciento con respecto al PBI en lo que va de 2017. Para colmo de males, el déficit comercial acumulado (la balanza entre importación y exportación) de 2017 duplicó el de 2015.

Uno de los componentes de la fórmula actual de movilidad jubilatoria es la recaudación de la Afip. El otro es el aumento salarial en paritarias que reciben los trabajadores activos. Según los niveles de recaudación con los que el organismo cerrará el año, el aumento en los haberes previsionales para el segundo semestre debería ser de alrededor del 14 por ciento, y no del 12 como se estimó en principio. Pero de aprobarse la modificación que pretende el macrismo en el cálculo de aumento jubilatorio (cada tres meses, tomando en cuenta el 70 por ciento de la inflación y el 30 por ciento de la evolución del índice de salarios de trabajadores activos que elabora el Ministerio de Trabajo, el Ripte), la nueva fórmula daría un incremento del 5,7 por ciento, casi 700 pesos menos.

El Papa Francisco envió un tiro por elevación a la alianza Cambiemos. Dijo que las instituciones deben tener presentes a los abuelos, porque sin ellos no hay futuro. El sugestivo mensaje fue decodificado como una lanza vaticana que impactó de lleno en la política argentina, donde el oficialismo ya consiguió que el ajuste previsional avance en el Senado gracias a un acuerdo entre el macrismo y el peronismo no kirchnerista. Macri se mostró muchas veces con “los jubilados”, a los que les prometió el oro y el moro. De hecho, muchos de sus votos provienen de la tercera edad. Sin embargo, al momento de ajustar, el presidente no dudó en meter tijera en los haberes jubilatorios. Primero redujo la lista de medicamentos que entran por Pami y luego dio luz verde a una suba desproporcionada en el precio de los remedios. La denominada “reparación histórica” fue una farsa y alcanzó a un ínfimo porcentaje de la clase pasiva.

La propuesta de reforma previsional que impulsa el macrismo trae migajas y deteriora las condiciones de vida de los jubilados. De aprobarse las modificaciones al actual régimen de movilidad, en los hechos implica sólo 44 pesos adicionales para la jubilación mínima para marzo de 2018. Para la asignación universal por hijo y asignaciones familiares la “mejora” resulta aún menor: sólo de 8,54 pesos, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (Cepa). El gobierno promociona el pago del 82 por ciento móvil del salario mínimo para jubilados que tengan 30 años de aportes, cuando hoy se paga el 81, 78 por ciento (la jubilación mínima es de 7.246 pesos mientras que el salario mínimo vital y móvil asciende a 8.860 pesos). Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el monto que se transferirá por otorgar el 82 por ciento móvil a unos 700 mil jubilados representa tan sólo un 2 por ciento de lo que perderán mensualmente los adultos mayores con la nueva ley, y todo en un contexto de aceleración inflacionaria.

 

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