Macri reedita el escenario que Fernando de la Rúa montó en 2001, cuando intentó institucionalizar el Punguismo de Estado contra los más vulnerables. La resistencia política y gremial pararon en seco –al menos por ahora– el brutal ajuste laboral, previsional y tributario.
La decisión del gobierno de Mauricio Macri de adelantar el tratamiento de las reformas previsional y tributaria llamando a una sesión especial el jueves 14, luego de la batahola que se generó un día antes en la reunión plenaria de comisiones de la Cámara de Diputados, habla de un estado de premura que no es propio de la holgura sino más bien de la desesperación.
El resultado no pudo ser peor para Cambiemos: la escandalosa sesión especial, que el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó intentó iniciar sin haber conseguido el quórum necesario, debió ser suspendida luego de un sinnúmero de irregularidades cometidas por el oficialismo, que a pesar de querer victimizarse, es responsable del retorno del fantasma de los diputruchos en el ámbito del Congreso de la Nación.
Macri estuvo a punto de incendiar el Reichstag. Macri estuvo a segundos de anunciar por cadena y desde Olivos la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), salteándose al Congreso para sacar a como dé la reforma. Que haya dado marcha atrás porque su aliada Elisa Carrió le anticipó que esa vía es inconstitucional habla de que la interna en la alianza gubernamental está crujiendo fuerte.
Pero lo que verdaderamente detuvo la maniobra suicida del DNU fue que la CGT le envió al Presidente un mensaje claro y lapidario: si firmaba el decreto se ratificaba el paro nacional del viernes.
Lo peor es que, tanto el PRO como sus aliados radicales, ya ven en los movimientos de Lilita una vocación peligrosa: la legisladora chaqueña se ve a sí misma en el rol que en 2001 supo construir Eduardo Duhalde, cuando se presentó a sí mismo como el garante para la salida de la crisis terminal a la que llegó el país tras el menemato y los dos años de Alianza. Para ello, Carrió cuenta con el mismo apoyo que el bonaerense: el Grupo Clarín.
El mejor equipo de los últimos 50 años se metió solo en una fenomenal crisis política de la que le va a costar mucho salir, si es que lo logra. Las razones hay que buscarlas en que la Argentina no es cualquier laboratorio de pruebas para que el neoliberalismo imponga sus programas. Estas semanas dejaron en claro que la Argentina no es Brasil: la primera lleva en su ADN la genética del peronismo y el movimiento obrero organizado. Eso en Brasilia, por ahora, no se consigue.
Diputruchos, dipureprimidos y banelquización
La mera sospecha de que uno de los diputados que pretendió aportar su trasero para alcanzar el quórum necesario fue Jorge Enríquez, reemplazante de la desplazada Joana Picceti, pero que todavía no juró su cargo, le agrega una cuota más de infamia fraudulenta al apriete descomunal que desplegó el macrismo sobre distintos gobernadores, diputados y jefes políticos en las horas previas a la frustrada sesión.
Los rumores de una renovada banelquización puesta en juego por el macrismo para conseguir primero el número que le permitiera sesionar, y luego la mayoría para aprobar la ley de reforma previsional y tributaria, pusieron al descubierto que Macri y su gavilla está dispuesto a arremeter con la ley de su parte o contra ella, con tal de socavar el poder de la oposición, y en pos de que el ajuste recaiga sobre las espaldas de los que menos tienen. Esta vez se encontró con un impensado escenario, en el que el movimiento obrero, la política y los movimientos sociales le pusieron un límite a su angurria de clase.
La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño lo denunció sin pelos en la lengua: «Había diputados que no lo eran, no habían jurado todavía, y que estaban sentados… Es una ley que está vulnerando a 17 millones de personas. No son sólo jubilados, son pensionados, veteranos de Malvinas, personas que cobran la AUH… Es una pésima noticia y querer imponerla a diputrucho y garrote es una peor noticia».
El cúmulo de irregularidades arrancó con el adelantamiento de la sesión, lo cual es un reconocimiento del Gobierno de que el humor social frente a las reformas desgasta día a día las posibilidades de aprobarlas.
La represión desbocada del miércoles, que incluyó inéditamente a diputados nacionales como Leo Grosso, Victoria Donda, Lucila De Ponti y Horacio Pietragalla, prosiguió el jueves, cuando gasearon a Agustín Rossi e hirieron a Mayra Mendoza, entre otros legisladores, algunos de los cuales terminaron en la enfermería del Congreso.
El joven legislador del Movimiento Evita mostró a la prensa la herida provocada en su torso por uno de los perros que usó Gendarmería para intimidar y atacar al grupo de parlamentarios que intentó frenar la escalada demencial de las fuerzas de seguridad.
El planificado operativo para impedir que los diputados opositores ingresaran al recinto para comprobar que el quórum que esgrimía Cambiemos era trucho fue uno de los puntos más bochornosos en una jornada de por sí abyecta,despojada de todo pudor republicano e institucionalista, banderas que permanentemente levanta el macrismo y sus aliados radicales, con una hipocresía rayana con la alienación.
En un alarde de cinismo potenciado por el ejercicio del poder, diputados oficialistas como Eduardo Amadeo, Daniel Lipovetsky y Emilio Monzó alegaron ante la prensa acreditada en el Congreso que la suspensión de la sesión fue producto de la violencia kirchnerista, y los dos primeros se negaron a presentar el listado de diputados oficialistas que acreditaría el quórum presuntamente logrado. Invirtiendo la carga de la prueba, desafiaron a la oposición a que pruebe que no estaban sentados los legisladores suficientes para legitimar el inicio de la sesión.
Durante horas, algunos canales cubrieron la represión salvaje, pero además intercalaban, cada tanto, la imagen del presidente de la Cámara baja arrojándole una trompada al diputado Leopoldo Moreau
El diputado Amadeo, con la experiencia del provocador profesional, llegó a justificar la brutal agresión que ocho efectivos de la Policía Federal le propinaron a la diputada del Frente para la Victoria Mayra Mendoza, a quien le tiraron gas lacrimógeno a centímetros de su rostro: “Me parece perfecto”.
Y cuando le preguntaron qué pensaba del dispositivo de represión montado por el Gobierno nacional, ya sin el rictus de odio que exhibió apenas levantada la sesión, con cara de jugador de póker, y argumentando en nombre de la “paz”, el ex peronista respondió: «Absolutamente de acuerdo».
Del triunfalismo al ocaso
Durante el primer año de gobierno, el macrismo prácticamente sacó sus leyes sin mayores sobresaltos, con la complicidad de buena parte del peronismo, en sus distintas variantes, y de los aliados naturales, que no tienen contradicciones con el modelo de país que quiere imponer Cambiemos.
La mayoría de los proyectos de la alianza entre el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica de Elisa Carrió fueron acompañados por el Frente Renovador de Sergio Massa, el Bloque Justicialista de Diego Bossio, diputados que responden a los gobernadores más amigos del macrismo, como Juan Carlos Schiaretti, de Córdoba, o Juan Manuel Urtubey, de Salta, y las fuerzas tero, como el socialismo, que gritan en un lugar y ponen los huevos en otro.
Fueron iniciativas de carácter rupturista con el ciclo que se inauguró el 25 de mayo de 2003 y finalizó el 9 de diciembre de 2015, como el ominoso acuerdo con los fondos buitre para pagarles lo que incluso no reclamaban al anterior gobierno, el desmantelamiento del blindaje contra el endeudamiento externo e interno, la llamada Ley de Reparación Histórica a jubilados, el aval legislativo a decretos como el que sepultó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o el que introdujo por la claraboya a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
La exigua diferencia de un punto y medio que se registró en el balotaje de 2015 le pareció suficiente a Mauricio Macri –y a buena parte de la oposición– para desplegar una blitzkrieg parlamentaria que sentara las bases para su modelo macroeconómico de saqueo, ejecutado por el equipo de CEOs corporativos que nombró en su Gabinete.
Ese denominado opoficialismo, además, convalidó la infame política de tarifazos en los servicios públicos esenciales, el violento dispositivo de represión a la protesta social, la persecución judicial y el encarcelamiento de dirigentes opositores, el sostenido embate contra los organismos de DDHH, y el ataque despiadado a funcionarios del Poder Judicial que no estuvieran alineados a la mafia enquistada en los tribunales federales de Comodoro Py.
Curiosamente, la revalidación electoral lograda en octubre pasado, que fue blandida por el oficialismo como un mensaje legitimador de lo hecho y lo que aún está por hacerse en pos de restaurar el proyecto de poder que siempre intentó imponer la oligarquía, encuentra al macrismo con mayores dificultades para obtener en el Congreso las leyes que consoliden esa brutal transferencia de recursos a favor de los sectores dominantes.
La batería de medidas que Cambiemos pergeñó para que sean tratadas en el Congreso con la velocidad del rayo –apenas pasaron poco más de 40 días desde el 22 de octubre–, revisten tal ferocidad y angurria de clase que hasta los más dispuestos a hacer seguidismo al Ejecutivo macrista comenzaron a dudar y a plantearse cuánto capital político les depararía levantar las manos para legitimar tamaña expoliación a los sectores más vulnerables.
Ése es el contexto en el que este jueves la oposición –formidablemente unida– frustró el tratamiento del proyecto de ley que incluye las reformas previsional y tributaria, propinándole la primera gran derrota parlamentaria al macrismo.
En tan sólo 45 días, el Gobierno licuó el poder que le otorgó el 42 por ciento alcanzado en las legislativas, y luego del fracaso que Cambiemos cosechó el jueves, la sensación que queda flotando es que aquel baile triunfal del 22 de octubre a la noche fue el punto más alto alcanzado por Macri, desde el cual no podría esperarse otra cosa que una paulatina declinación.
Magma en movimiento
Los primeros indicios de que las draconianas iniciativas que retrotraen derechos laborales y previsionales al siglo XIX se observaron cuando el Gobierno, desde la Sociedad Rural, en medio de un congreso para la erradicación sostenida del trabajo infantil, envió el mensaje de que ya había acordado con la cúpula de la CGT la reforma laboral.
El escenario, suficientemente ofensivo a las tradiciones obreras argentinas, indignó tanto como la revelación del consenso presuntamente alcanzado, con base en retoques importantes pero insuficientes tratándose del espantoso compendio de aniquilación de derechos que constituye la reforma laboral.
La cúpula cegetista se tuvo que comer toda clase de mamporros, desde afuera y desde su propio seno. El moyanismo y la Corriente Federal Sindical (CFS) que lidera Sergio Palazzo salieron a cortar de cuajo todo sobreentendido de que la reforma ya estaba acordada. El secretario general de la Asociación Bancaria criticó con firmeza a la conducción de la central obrera: «El triunvirato no consiguió nada a cambio de estas reformas», sostuvo, y agregó, lapidario: “El Gobierno se llevó casi todo lo que vino a buscar y los trabajadores no nos llevamos nada».
Las dos CTA, la encabezada por Hugo Yasky y la que conduce Pablo Micheli, se alzaron en sintonía con los primeros.
Pero hubo un hecho que sacudió de la modorra al trío conductor de la CGT, y lo protagonizaron los trabajadores de la CFS, en el marco de un plenario desarrollado en Luján, del que participaron 1.200 delegados. Allí se produjo el anuncio de una marcha hacia el Congreso para enfrentar la reforma, con la presencia de las dos CTA y del secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, quien anticipó que a esa movilización se sumarían “otros sindicatos que integran el Consejo Directivo” de la central de trabajadores. Ese pronunciamiento tuvo un impacto decisivo hacia el interior de la CGT. Ni qué hablar de la contundente marcha que el miércoles siguiente reunió a más de 300 mil trabajadores frente al Congreso nacional.
El hasta ese momento jefe de la bancada de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, debió salir a anunciar que el tratamiento del proyecto oficialista pasaba para el año próximo, y muchos macristas entendieron que antes de vender la piel hay que cazar el oso.
El régimen macrista, además, registró que la opinión pública, a medida de que se siguiera instalando el debate, iría volcándose en contra de las reformas, en particular de la jubilatoria, que es tan deleznable como la laboral, pero genera menos empatía por afectar en forma despiadada en un sector en extremo vulnerable como es el pasivo.
Las presiones externas del FMI y el Banco Mundial, que ponen como condición para seguir bendiciendo el endeudamiento externo la sanción del paquete de ajuste, como los socios locales de Cambiemos, que quieren abaratar a como dé sus costos laborales, convencieron al Gobierno de Macri de fugar hacia adelante, y en lugar de tomar nota de las resistencias al saqueo a los más pobres de la pirámide social, imponer el tratamiento en comisiones y llevar al recinto de la Cámara de Diputados los proyectos de reforma previsional y tributaria, que ya recibieron media sanción de parte del Senado.
Hasta el martes pasado, el trámite express venía siendo cumplido, a pesar de todo, siguiendo las formas. La desorejada provocación del macrista Nicolás Massot, que causó una batahola en la reunión plenaria de comisiones de la Cámara baja, la posterior convocatoria, entre gallos y medianoche, de una sesión especial para tratar el proyecto en el recinto, adelantándose una semana, y la represión, el martes, de una marcha de organizaciones sociales, que incluyó a diputados nacionales heridos y el bloqueo del Congreso por parte de las fuerzas de seguridad, terminaron de redondear un escenario en el que se perciben severos movimientos de magma político.
Que el tratamiento del proyecto haya sido postergado y pueda ser incluso rechazado más adelante, tornó el clima de mediados de diciembre aún más irrespirable, y el oficialismo no saldrá indemne de esta coyuntura.
Lo que queda claro, es que la unidad de la oposición, con un objetivo claro, con coincidencias políticas claras y sin agachadas que mellen la confianza entre los diversos bloques, representa un paso adelante y la prueba más contundente de que el régimen macrista ensancha su base de sustentación mientras más divididas estén las fuerzas que se oponen al modelo de exclusión que está en marcha desde diciembre de 2015.
Un peligroso Estado policial
La semana que arranca se cumplirán 16 años de las jornadas represivas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Muertos, saqueos, violencia institucional, fueron el resultado de un brutal ajuste que le acaba derechos y recursos a los más desposeídos para hacer frente a una deuda impagable, que a su vez había servido para engrosar las billeteras de los sectores más poderosos, que fugaron miles de millones de dólares a las guaridas fiscales, de donde nunca regresaron.
Como en aquel diciembre, el verdadero saqueo es el de un Estado al servicio de los poderes económicos que le mete la mano en el bolsillo a trabajadores formales e informales, jubilados, desocupados, cuentapropistas, beneficiarios de la ayuda social, en este caso en modo revancha de lo que el establishment considera que el “populismo” le arrebatò durante doce años y medio de kirchnerismo.
Es impactante constatar cuántos funcionarios actuales estaban en el Gabinete de Fernando de la Rúa en aquellos crueles días de fuego, balas, látigos y palos.
La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actuó entre 1999 y 2001 primero como secretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, y luego al frente del Ministerio de Trabajo, donde justificò sin parpadear la quita del 13 por ciento a estatales y jubilados.
Oscar Aguad, hoy ministro de Defensa, en 2001 era interventor de Corrientes capital, función por la cual fue procesado por corrupción, al imputársele que se llevó a su casa varias decenas de millones de dólares.
Hernán Lombardi, en aquel momento comandaba el Ministerio de Turismo, y hoy es el zar de la censura como titular del Sistema de Medios.
El presidente del Banco Central por estos días, Federico Sturzenegger, reportó hace 16 años como secretario de Política Económica de quien era ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Miguel de Godoy, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual residual fue vocero del propio De la Rúa.
Esos crápulas y sus actuales compañeros de Gabinete pretenden ser la avanzada honorable que erradicará la presunta “corrupción K”.
Todos esos farabutes vieron cómo se desarrollaron los últimos días de aquel gobierno que no trepidó en ordenar el Estado de Sitio y encabezar una represión que terminó con 32 civiles muertos en todo el país.
Desde hace dos años se vive, sin duda alguna, en un permanente estado de represión de la protesta social, con despliegue en las calles de efectivos policiales desbocados, pertrechados como para entablar un combate que siempre será desigual, porque enfrente hay trabajadores, militantes de los DDHH, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, un colectivo que puede ser más o menos homogéneo, pero que en modo alguno representa un riesgo o un peligro para las instituciones.
Por el contrario, lo que resulta en extremo riesgoso y peligroso es, además de la ocupación del espacio público por parte de gendarmes, prefectos o policías, la actitud de esos efectivos, sus jefes y el poder político, de donde emanan las órdenes que ellos cumplen, “empoderados” por esos mandatos, cebados con el dejar hacer de Bullrich, a quien le importa poco que un chico mapuche de tan sólo 22 años sea asesinado por la espalda o que pesen las sospechas sobre el verdadero destino de Santiago Maldonado.
Luego de las balas y gases del jueves, hasta Elisa Carrió salió al cruce de la ministra blindada, dándole a Clarín un título impensado: “Elisa Carrió criticó a Patricia Bullrich por el operativo de seguridad: «La ministra tiene que parar»”. No contenta con eso, disparó: “No se necesitan tantos gendarmes. No hay que hacer tanta ostentación de la fuerza, no es bueno”.
Sin embargo, todo indica que la experiencia de 2001, lejos de servir a estos sujetos que la protagonizaron para entender que la tensión de la cuerda del ajuste los pone al borde de un abismo institucional de imprevisibles consecuencias, piensan que en aquella oportunidad lo que faltó fue un Presidente con decisión de ir más allá, y que en este tiempo cuentan con uno que está dispuesto a todo.
