En Rosario está prohibido el glifosato. Por ahora esa es la síntesis de la saga que comenzó un mes atrás con esta decisión unánime de los ediles, siguió con la resistencia al tema por parte del lobby que defendió los fueros del herbicida, y concluyó el 12 de diciembre, cuando el Ejecutivo elevó al Concejo una propuesta con aspiración de síntesis superadora del conflicto surgido. De no haber extraordinarias, esta propuesta sería tratada el año próximo, mientras tanto queda en vigencia la prohibición tan cuestionada.

Convertida en día D, el martes 12, no sólo fue el centro de atención del Concejo, también de ambientalistas, autoridades, localidades agrícolas del país y de Europa y por supuesto, del lobby sojero. ¿Por qué la jornada era clave? Porque vencían los diez días hábiles para que el Ejecutivo promulgue o vete la prohibición votada por todos los ediles, tal como estipulan la normativa.

Ni se vetó ni se promulgó. Como en los laberintos, la salida fue por arriba con un plan de reconversión agroecológica de las producciones agropecuarias del periurbano rosarino. Así lo definió la intendenta Mónica Fein al presentar la iniciática, que define la frontera agronómica del ejido local y describe acciones pertinentes: relevamiento, diagnóstico, capacitación, promoción productiva y mejoras de predios y de comercialización y plazos de cumplimiento.

¿Dónde habla del glifosato la nueva propuesta del Ejecutivo? En ningún lugar pero su artículo 7° da una pista: “derógase toda norma que se oponga a la presente”. No es lo único que llama la atención. Hay otra sutileza. La iniciativa cita como marco la Ordenanza 8871 de 2011, que regula el uso de productos fitosanitarios y fija la frontera agronómica en la ciudad de Rosario, pero nunca se reglamentó hasta el presente.

Vigente

“Creo que de algún modo el Ejecutivo sembró confusión, con la presentación de una propuesta alternativa, la ordenanza prohibiendo el glifosato está vigente a partir de la cero hora del miércoles 13, en febrero, marzo, o cuando se dé el debate discutiremos este nuevo proyecto que envió al Concejo”, dijo al eslabón el concejal Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario) autor de la prohibición junto a Pedro “Pitu” Salinas (Ciudad Futura).

Según el edil, la única ordenanza con calidad de tal es la aprobada el 16 de noviembre pasado, en la que se prohibió el glifosato, “después hubo un intento del PRO y del oficialismo de introducir en forma irregular un proyecto hecho a las apuradas, presentado dos horas después de la reunión con los empresarios vinculados a la soja, que no prosperó porque no pasó la Comisión de Ecología”.

Para Miatello, que preside la Comisión de Ecología, la alternativa presentada por el Ejecutivo, es “una reiteración de algunas propuestas que ya estaban en la Ordenanza 8871, y tiene cuestiones interesantes como es avanzar a una agricultura urbana distinta al actual modo de producción”. Pero además, tiene una zancadilla en el artículo 7, que propone derogar toda normativa que se le oponga.

“En lo personal estoy satisfecho porque se hizo lo que se debía hacer, no vetar la ordenanza que fue sancionada por unanimidad”, sostuvo Miatello. ¿Fue una estrategia? ¿Qué peso tiene un titular con el veto desdiciendo la adhesión de sus propios ediles a la prohibición?

“Será por una cuestión de no pagar costos, la intendenta, que demostró que no le gustó para nada la prohibición del glifosato, no optó por el veto pero dijo que no la piensa aplicar, lo cual es un disparate, una ordenanza vigente debe ser cumplida”, enfatizó Miatello.

Costo político

Según Miatello, “gobernar no es quedar bien con todos, muchas veces se queda mal con algunos y muchos incluso lo hemos sufrido en nuestra función pública, a veces hay un sector al que no le gusta lo que uno hace, pero me parece que cuando se gobierna, incluso una ciudad como Rosario, se deben tomar decisiones”, sostuvo.

“Si la intendenta Fein estaba convencida de que la ordenanza estaba bien, debía haberla promulgado y terminar lo antes posible con esta situación y si estaba convencida que ordenanza de prohibición del glifosato era mala, ella tiene la herramienta del veto, aunque implique pagar costo”, dijo el edil.

En opinión de Miatello, “no es una forma buena de gobernar tratar de quedar bien con todo el mundo, uno tiene que buscar consenso pero hay momentos en que decidir de qué lado del mostrador está”. Y dejó en claro que de no haber mediado su ordenanza, el tema del glifosato no le quitaba el sueño a nadie.

“Ni hubiera aparecido el proyecto alternativo, ni hubieran tratado de reflotar la Ordenanza 8871, que no cumplieron ni reglamentaron a pesar de nuestros pedidos expresos, más allá de cómo termine esta historia, lo que pasó fue bueno, con resonancia nacional e internacional”, dijo Miatello.

Y aportó un dato de rigurosa vigencia. “Un artículo de Rodolfo Terragno, Clarín 4 de diciembre 2017, titulado La guerra del glifosato, dice que la alemana Bayer, que pagó 66.000 millones de dólares por la patente del herbicida, esos son los intereses”, dijo el edil.

En la nota de Terragno, se habla de la ordenanza de Miatello y Salinas aunque con un error, no fue levantada. “Pero el conflicto entre salud y economía perdura. El mes pasado, en Rosario, el Concejo Municipal hizo algo similar a lo de Alemania en la Unión Europea: un día prohibió el glifosato y dos semanas después levantó la prohibición, en respuesta a los reclamos del campo.

Para Miatello, la batalla que se está dando en la ciudad, al mismo tiempo que en Estados Unidos y Europa, es una  “muy grande, pero ya está instalado que el glifosato hace mal, con lo cual a mi juicio, sus días están contados”. Que el herbicida es peligroso se deduce de que sus defensores no hablan de inocuidad, sino de responsabilidad en su aplicación. No pueden llamarlo inocuo y eso es de por sí, elocuente.

Pero hay un detalle a considerar en el tema y que no corresponde a la realidad. Los detractores de la prohibición, argumentaron que hubo apuro e improvisación. “Desde el 2009 hay proyectos vinculados al glifosato en el Concejo, muchos de particulares, hasta de una escuela y por supuestos de concejales con mandato cumplido”, enfatizó Miatello.

El último trámite sobre el terror de las malezas, se realizó en octubre de 2016, cuando los ediles pidieron por unanimidad al Ejecutivo, que analizara prohibirlo, no sólo reglamentarlo, no hubo respuesta, de modo que nada fue a las apuradas”, concluyó el edil. Y coincidió en que el tema es un ejemplo claro del poder que ejercen los poderes fácticos. “Con el concejal Salinas sabíamos el callo que estábamos pisando, pero de esto se trata”, aseguró.

Fuente: El Eslabón.

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