El Espacio Carta Abierta Rosario presentó en el Concejo Municipal un documento en el que manifiesta su preocupación por la calidad institucional y democrática que atraviesa hoy el país y su impacto en la ciudad y la provincia.
El texto, titulado «Unidos en Defensa del Estado de Derecho y de las conquistas sociales adquiridas», fue firmado por distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, y presentado a ediles y edilas, quienes expresaron su adhesión y adelantaron que están trabajando en un documento colectivo, con posiciones comunes.
Del encuentro participaron Norma López y Roberto Sukerman (FpV-PJ); Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular); Eduardo Toniolli (Movimiento Evita); Andrés Giménez (La Cámpora), y Pedro Salinas (Ciudad Futura).
Carlos Pérez Cortés, uno de los integrantes del Espacio Carta Abierta, señaló: “Estamos entregando un documento que circuló en amplios sectores de la sociedad y que fue suscripto por sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, personalidades políticas y muchísima gente que se sumó porque como dice el documento, estamos muy preocupados por la evolución de los acontecimientos que están llevando a que entre en crisis el Estado de Derecho y con las últimas leyes que han sido votadas, sabemos que está en juego el deterioro de la sociedad”.
En tanto, los concejales presentes, al término de la reunión, afirmaron: “La avanzada del gobierno nacional en los distintos poderes del Estado, la manipulación de la Justicia, la militarización del Congreso, la persecución política a referentes de la oposición (Cristina Fernández, por ejemplo), la presión y amenazas a los gobernadores para conseguir los votos para convertir en ley la Reforma Previsional son muestra clara de las decisiones políticas de Mauricio Macri y de su gabinete”..
Texto completo del documento Unidos en Defensa del Estado de Derecho y de las conquistas sociales adquiridas:
“La República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro, los límites al poder se borran, no es momento de discutir preeminencias ni de hacer especulaciones”.
Estamos presenciando con suma preocupación la degradación del Estado de Derecho vigente desde la llegada de La Democracia y la pérdida de las Conquistas Sociales de nuestro pueblo.
La tentativa del Gobierno de Mauricio Macri de nombrar a dos ministros de la Corte Suprema “en comisión” por vía de decreto, fue una actitud inconstitucional nunca vista en nuestra historia.
El Juicio político a los jueces que no responden con sus sentencias a las presiones emanadas del Poder Ejecutivo. Según palabras del Presidente publicadas por el diario Clarín el 1 de junio de 2017 “Los jueces deben saber que buscamos la verdad o buscaremos otros Jueces que nos representen”.
La calificación pública de mafiosos a los jueces laboralistas y el cuestionamiento a los jueces de la Cámara del Trabajo de reconocida trayectoria y respeto por sus fallos favorables a los trabajadores.
La coacción por todos los medios a la Procuradora General de la Nación hasta provocar su renuncia.
La derogación de leyes debatidas y votadas por amplia mayoría en el Congreso de la Nación con Decretos de Necesidad y Urgencia.
El desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
La modificación del Decreto Reglamentario del Régimen de Sinceramiento Fiscal, permitiendo acceder a los beneficios a los familiares de los funcionarios incluidos los del Presidente, que habían sido expresamente excluidos por la ley votada en el Congreso Nacional.
La persecución a políticos opositores con detenciones como la de Milagro Sala que incumplen las normas legales, desconociendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La detención de funcionarios del gobierno anterior disponiendo prisiones preventivas cuando no median riesgos de fuga ni de perturbación en la investigación de supuestos delitos no juzgados y por lo tanto no probados, mostrándolos en los medios de manera agraviante para su persona.
La represión a los reclamos populares ejercida de manera violenta, sobre todo cuando se trata de los pueblos originarios, donde debemos lamentar la muerte de personas en situaciones no aclaradas, en algunos casos como el joven mapuche Rafael Nahuel de 21 años de edad, con balas de plomo y por la espalda. O poco tiempo atrás, Santiago Maldonado.
Ante esta situación escuchamos a la Sra. Ministra de Seguridad en conferencia de prensa junto al Ministro de Justicia asegurar que el Gobierno considerará como verdad lo que afirmen las fuerzas de seguridad causantes de la muerte, cuando su función y su deber jurídico es el de controlar el buen y legal desempeño de estas fuerzas.
Estos hechos son apenas algunos ejemplos que muestran el desprecio que el gobierno de la Alianza Cambiemos tiene por las normas legales cuando se trata de imponer su proyecto político.
Proyecto político que está realizando una enorme transferencia de recursos de los sectores menos pudientes a los más ricos, con la consiguiente pérdida de conquistas sociales y deterioro de sus condiciones de vida.
Las políticas de ajuste que implementa el Gobierno Nacional, sumadas al incremento descomunal de las tarifas de los servicios públicos, origina el deterioro del mercado interno, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de miles de puestos de trabajo, y la baja del poder adquisitivo empujando a amplios sectores de la población a la exclusión y la pobreza.
Los proyectos de reforma Previsional, Laboral y Fiscal que el Gobierno pretende imponer, utilizando el apriete económico a los Gobernadores y legisladores de las provincias, rebaja de jubilaciones, rebaja de salarios y empobrecimiento de la población con el fin de compensar la merma de los ingresos al Estado ocasionados por los descuentos de retenciones e impuestos con los que ha beneficiado y beneficia a las grandes corporaciones, grupos financieros y sectores poderosos de la economía.
Vemos azorados como se estigmatiza en manifestaciones públicas a todo el gremialismo argentino y se cuestionan los derechos laborales conquistados por los trabajadores mediante años de luchas, argumentando la necesidad de una falsa modernización que en los hechos retrotrae más de 70 años la legislación laboral. Repitiendo experiencias fracasadas que nos trajeron solo sufrimiento y postergación, vemos incrementar la Deuda Externa Pública en moneda extranjera de manera exorbitante y advertimos que como en aquellos tiempos, el mayor porcentaje del dinero que ingresa, se fuga sin generar puestos de trabajo sino por el contrario con la conocida “bicicleta financiera” promovida desde el Banco Central, lo que produce enormes intereses que tendremos que pagar nosotros, nuestros hijos y nietos en los próximos 100 años.
No dudamos que no se trata de reclamar la corrección del rumbo de un gobierno que toma medidas equivocadas, sino de la resistencia a una política que arrasa derechos universales consagrados en nuestro país como el derecho a la salud, la educación o el sistema previsional de reparto, tendiendo a la segmentación de esos derechos con planes como la CUS o la revisión de las pensiones por discapacidad, etc.
No debemos dejar de señalar la preocupante situación que estamos viviendo en relación a las garantías de los derechos civiles y las libertades públicas a través de mecanismos de control policial y militar que remiten a un pasado que creíamos superado. Política represiva que se da en un contexto de concentración de la información por parte de monopolios mediáticos con el consiguiente deterioro de la libertad de expresión y la pluralidad de voces, cercenando la posibilidad de acceder a los hechos desde diferentes perspectivas. Vemos como muchas voces son calladas prevaleciendo modos de construcción de los acontecimientos que reproducen la visión de los grupos concentrados que detentan el poder.
Es por ello que los abajo firmantes manifestamos la necesidad imperiosa UNIRNOS y convocar a un amplio espectro de sectores sociales, que incluya a estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, sindicatos, diferentes religiones, partidos políticos, artistas, grupos con la ideología que tengan, que no quieran ser meros espectadores ante las violaciones a la Constitución y las leyes.
A ustedes señores Concejales, como representantes del pueblo de la ciudad de Rosario les solicitamos se sumen a este reclamo en defensa el Estado de Derecho y la Defensa de Conquistas Sociales logradas a lo largo de estos años de Democracia.
Rosario 20 de diciembre de 2017″.
