Cuando cerca de la medianoche del 22 de octubre Mauricio Macri y la troupe estable de la derecha en el poder se lanzó a practicar aquella danza macabra celebrando haber ganado en los principales distritos del país las elecciones legislativas, el mensaje fue claro: Cambiemos se vio ungido con la legitimidad necesaria para arremeter contra todo lo que después de casi dos años su fuerza de tareas había dejado en pie de la gestión peronista 2003-2015.

La esforzada reconstrucción de la soberanía política, la recuperación parcial de la autonomía económica y la restauración de buena parte de los derechos y conquistas arrebatados a los sectores más vulnerables desde el Rodrigazo hasta la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, fueron virtualmente arrasadas en los primeros meses de administración macrista.

No es éste el espacio en el que se analizarán las causas de que tan fulminante ofensiva fuera posible en tan corto lapso, pero sí puede decirse que una porción considerable de la oposición sobreactuó el rol de derrotada y magnificó la legitimación de una victoria que había sido exigua e incluso sorpresiva para los propios triunfadores.

Con la excepción esperable del kirchnerismo puro y duro –la aclaración es hija del rápido desgajamiento de los bloques legislativos en Diputados y el Senado de lo que durante 12 años fue el Frente para la Victoria–, las fuerzas elegidas para ejercer la oposición adoptaron un discurso indulgente que se puede resumir en tres consignas: “garantizar la gobernabilidad”, “darle tiempo al nuevo Gobierno”, y “si a Macri le va bien, le va bien al país”.

En síntesis, durante dos años al oficialismo le costó bastante poco que –siendo minoría en ambas cámaras– se aprobaran los proyectos que envió al Congreso, algunos de los cuales fueron la piedra de toque que permitió el ciclo de pavoroso reendeudamiento en el que está sumida la economía nacional, habilitó a conculcar derechos readquiridos en el período anterior, y delimitó con fiereza autoritaria las fronteras de la libertad de expresión.

Los comicios de medio término permitieron al núcleo duro del macrismo sacar una conclusión temeraria: si con una ventaja del 1,5 por ciento se pudo disciplinar al massismo, al peronismo de la estampida, al carpeteado, a buena parte de los partidos provinciales vía apriete a los gobernadores, ganando las legislativas, y especialmente derrotando a Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién nos para? Cambiemos se dispuso a ir por todo lo que faltaba para consumar la restauración oligárquico-conservadora.

En el brillo de los ojos y del papel metalizado que sobrevolaba el escenario del triunfo de aquel domingo 22 de octubre, en los torpes pasos de baile con el que celebraron los CEOs –a pocas horas de la aparición del cadáver de Santiago Maldonado–, en la euforia revanchista que exudaban quienes brincaban debajo del proscenio donde se meneaban las Lilitas, los Horacios, las Michettis, Mauris y Mariús, pudo percibirse claramente que la mitad más infame de la Argentina más feroz advertía con cuerpo y sin alma que se disponían a perpetrar una venganza.

Una desfachatada cacería y la licuadora de poder

Los medios hegemónicos potenciaron esa victoria, omitiendo que un sector nada despreciable de la ciudadanía no había votado al macrismo, y que era una osadía describir los resultados como una victoria aplastante.

Nadie pedía que se soslayara la importancia que tuvo para el oficialismo haber vencido en distritos de tanta relevancia como la CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero pocos tomaron nota de la caída de más de 9 puntos desde el balotaje, y que la diferencia con Unidad Ciudadana en territorio bonaerense alcanzó para enarbolar una victoria contra CFK pero no para posicionar a María Eugenia Vidal, que fue quien se puso al hombro la campaña, para una eventual reelección o, de máxima, para una sucesión presidencial.

Dicho todo esto, lo cierto es que la batería de medidas que pronto sacó a relucir el propio Macri fueron de tal magnitud y dureza que sorprendió a propios y a extraños, pese a que eran las recomendaciones surgidas desde el seno del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la banca trasnacional.

Foto: Manuel Costa.

El mensaje de esos factores de poder, antes de las elecciones, fue claro: para seguir accediendo a la toma de deuda, primero hay que ganar, y después de ganar hay que reformar el sistema previsional, el tributario y abaratar los costos laborales. Si no, se corta el chorro. Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años no dudó en ponerse de acuerdo con tamañas demandas, e incluso las condimentó con perversión propia del empresariado vernáculo.

Pero la etapa abierta por Cambiemos excedió con creces las cuestiones macroeconómicas. Para dar marco a la puesta en marcha de esas medidas draconianas, el Gobierno de Macri intensificó la persecución política a opositores, accionando causas judiciales, promoviendo el desafuero del ex ministro Julio De Vido, a quien se detuvo apelando a una inusual interpretación: las viejas influencias del ex funcionario le permitirían entorpecer la investigación, por lo tanto se le dictó la prisión preventiva.

Las posteriores prisiones de Luis D’Elía, Amado Boudou, Fernando Esteche, entre otros, los procesamientos del ex canciller Héctor Timerman y CFK, se inscriben en esa estrategia de disciplinamiento, que en las últimas horas amenaza con cargarse a los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y de La Matanza, Verónica Magario.

Así, metiendo presos a los opositores molestos, apretando gobernadores, amenazando a gremialistas, intimidando a legisladores sensibles a los carpetazos, el macrismo terminó de redactar los proyectos de reformas jubilatoria, impositiva y laboral. Y las primeras complicaciones las tuvo con esta última, que fue rechazada primero tibiamente por parte del triunvirato que conduce a la CGT, y con más energía por sectores internos de la central obrera, como la Corriente Federal Sindical (CFS) y el moyanismo, y por las dos CTA, la de los Trabajadores y la Autónoma, lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, respectivamente.

Las negociaciones con la CGT generaron fuertes contradicciones hacia el seno del Consejo Directivo, al punto de que en su momento, cuando el Gobierno quiso ganarle de mano a los díscolos y anunció que ya tenía prácticamente abrochado un acuerdo con los triunviros, rápidamente reaccionó Pablo Moyano, de Camioneros, y Sergio Palazzo, de la Bancaria, a su vez conductor de la CFS.

Pero además, desde la política, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un Encuentro de Mujeres Peronistas en Tucumán, salió a rechazar de plano las tres reformas. Fue la primera voz, dentro del peronismo político, que se alzó para confrontar en toda la línea el intento del macrismo. No habló de cambios en la iniciativa del Gobierno, ni planteó remiendos o modificaciones al proyecto de ley. Sentenció que esas reformas “son tres patas de un mismo proyecto que apunta a destruir derechos”, y se preguntó: “¿Qué es este apuro repentino de tratar todo? ¿Miedo a qué y a quién?”.

En paralelo la CFS, en un plenario del que participaron 1.200 delegados en Luján, y asistieron como invitados el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano y las dos CTA, anunció una marcha hacia el Congreso para enfrentar la reforma, y el líder de los Camioneros anticipó que a esa movilización se sumarían “otros sindicatos que integran el Consejo Directivo” de la central de trabajadores, lo cual tuvo un impacto decisivo hacia el interior de la CGT.

Esa creación de hecho de un frente contra la precarización laboral con tres patas –la CFS, el moyanismo y las dos CTA– diseminó en todo el escenario político la certeza de que el movimiento obrero será un hueso duro de roer para el macrismo en su etapa de intento de demolición de derechos y conquistas laborales.

Como no podía ser de otra manera, la denominada reforma laboral, que tras ese nombre esconde el mayor intento de precarización de los derechos y conquistas de los trabajadores desde la creación del peronismo, terminó empantanada en el Congreso Nacional gracias a la resistencia del movimiento obrero organizado, que desde abajo le marcó la cancha al mismo tiempo al gobierno de Mauricio Macri, al triunvirato que dice conducir a la CGT, y a la dirigencia política del peronismo en general.

Foto: Manuel Costa.

El secreto fue la unidad conseguida en las calles, lo cual se tradujo en una reculada en chancletas en el Senado, donde Miguel Pichetto, que parecía tener controladas todas las variables, debió toparse con una marcha de 300 mil trabajadores que le bajaron el pulgar a esa intentona macrista, y tuvo que comunicarle al Gobierno que este año ni en sueños saldría esa reforma. Una vez más, el movimiento obrero organizado se convirtió en una licuadora del poder de los sectores dominantes.

Los jubilados en la mira

Tras esa derrota, que le fue endilgada hasta por medios como La Nación y Clarín, Macri –como ya es costumbre– huyó hacia adelante a toda velocidad, y planteó que era imperioso que las otras dos reformas, la previsional y la tributaria, salieran antes de fin de año.

Ese tono imperativo fue la génesis de un descontento que ganó tanto a gremios como a un vasto sector dirigencial cuyo capital político está de algún modo anclado en el universo de los jubilados, pero también de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensionados y ex combatientes de Malvinas. A todos ellos la reforma previsional les mete la mano en los bolsillosA todos ellos la reforma previsional les mete la mano en los bolsillos por un monto cuantificado entre 70 y 100 mil millones de pesos, que tiene como descarado destino la campaña política de Vidal camino a 2019..

Macri y su maquinaria criminal no percibieron con antelación las consecuencias del apriete, que consistió en hacer firmar a casi todos los gobernadores –la honrosa excepción fue Alberto Rodríguez Saá, de San Luis– una carta de rendición que se camufló tras el pomposo título de “Consenso fiscal”, en cuyo texto se mencionaba la “necesidad” de llevar adelante una reforma previsional.

Jamás se había visto en los años previos a la llegada del macrismo al poder el nivel de extorsión que el Gobierno federal aplicó a las provincias para que firmen ese “Consenso Fiscal” y apoyen la reforma tributaria, la cual permitirá un fenomenal despliegue de recursos para brindar sustentabilidad económica artificial a las gestiones de la CABA y provincia de Buenos Aires y que esas administraciones jueguen con desvergonzada ventaja en el terreno político electoral.

El aberrante disciplinamiento que quiso imponer Cambiemos a la oposición política y gremial, a través de amenazas, carpetazos o armado de causas judiciales, todo ello respaldado por el accionar cartelizado de los medios de comunicación oligopólicos, en algún momento tenía que generar un profundo rechazo.

Cuando se produjo el bochornoso plenario de comisiones en el que se debatió el proyecto de reforma previsional, del cual surgió un dictamen a las apuradas luego de una escaramuza en la que Agustín Rossi debió calmar los ánimos para que no se produjera una batalla campal, se supo que el oficialismo estaba dispuesto a todo, pero nunca se pensó que al día siguiente se convocaría a una sesión especial a desarrollarse 24 horas más tarde, el jueves 14.

El resto se conoce: al menos dos diputruchos intentando fraguar un quórum que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, insistía en considerar válido, el arremolinamiento de diputados opositores intentando hacer entrar en razones al ex peronista bonaerense que, sacado por completo, le arrojó un manotazo a Leopoldo Moreau, y el levantamiento de esa sesión, mientras afuera del Congreso la Gendarmería brava de Patricia Bullrich reprimía a destajo, flanqueada por la Policía Federal, más desencajada aún que Monzó, pero con los fierros en la mano.

Ningún Gobierno que no esté desesperado responde a un escenario de esa naturaleza amenazando con sacar la ley a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), decisión que rápidamente fue rechazada por una de las socias del poder, Elisa Carrió, que lo tildó de inconstitucional.

Pero de ese pantanal, Macri volvió a correr hacia adelante y convocó a otra sesión especial para el lunes 18, volvió a cercar el Congreso, y redobló el apriete a los gobernadores, a quienes les recordó que para algo habían firmado la hipoteca fiscal.

Sin embargo, el jefe de Gabinete planeó que ese lunes Monzó se sacara una foto con la mayor cantidad posible de gobernadores, en el Congreso, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como demostración de fuerza y para enviar un mensaje a los legisladores díscolos. De los 23 firmantes, sólo consiguió que 11 se prestaran para ponerle la cara a los flashes.

Esa sesión que comenzó el lunes terminó en la mañana del martes 15, cuando a las 7.05 de la mañana el oficialismo logró que el proyecto de expoliación a jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas y beneficiarios de la AUH se impusiera por apenas 12 votos, en medio de una represión tan descomunal como la del jueves 14, con alocuciones de la oposición, que reclamó en numerosas oportunidades el levantamiento de la reunión por los dramáticos sucesos que se desarrollaban en toda la zona circundante.

Como se publicó en Redacción Rosario ese mismo día, pocas veces la política puso con tanta claridad, en negro sobre blanco, los dos modelos de país que están en pugna desde hace más de 200 años.

El silencio del oficialismo, a la espera de levantar la mano, desinteresado por las innumerables cuestiones de privilegio y mociones de orden, los tibios argumentos en favor de una ley que establece el Punguismo de Estado, metiéndole a los jubilados los dedos manchados con sangre en los bolsillos, resultaron una muestra de cinismo que quedará grabada a fuego en la historia parlamentaria de la Argentina.

Ninguna  de las espadas de Cambiemos o sus desvergonzados aliados pudo responder a las preguntas más elementales: ¿Por qué el apuro? ¿Por qué sesionar en ese marco de balazos, gases, palos y carros hidrantes? ¿A quién le sirve ese tratamiento express?

Los medios oficialistas ensayaron hasta el hartazgo algunas explicaciones que rozaban el terrorismo económico, al sugerir que de no aprobarse la reforma el Gobierno duraba hasta abril, y en algunos casos menos aún. El vencimiento, el mismo martes que se aprobó la ley, de 400 mil millones de Letras del Banco Central (Lebac) también fue enarbolada como fuente de desgracias colectivas si el proyecto no prosperaba. Como si la mera emisión de esos títulos no fueran la verdadera espada de Damocles que pende sobre la cerviz del Pueblo argentino.

La paradoja política que demuestra la endeblez de las argucias de los economistas neoliberales es que, luego de aprobada la infame norma, casi el 30 por ciento de los tenedores de Lebacs no renovó y se pasó a dólares.

Durante esa sesión de la vergüenza imperó el cinismo y el silencio, con el único objeto de justificar el saqueo.

A lo largo de esa extensa jornada, quienes siguieron el debate asistieron azorados a los fallidos de Eduardo Amadeo, titular de la Comisión Previsional y Luciano Laspina, presidente de la de Presupuesto. El primero, afirmó que con la reforma previsional el Estado cumplirá sus obligaciones “con los jubilados y los demás pobres”. El otro, santafesino, defendió la iniciativa con una frase que ranquea como confesión: “Les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación, eso es una mentira”.

Carrió, ajena al olor a pólvora, a los gases lacrimógenos y de pimienta, a los chorros de agua amarilla a presión, llegó a hacerse la graciosa cuando juraron algunos legisladores: “En los juramentos, ¿se puede jurar por los ex maridos?”.

A Cambiemos también le llegó el cambio

Al atardecer de ese día tenebroso, y hasta bien entrada la noche, comenzó a producirse un fenómeno que hacía rato no se veía. En diversos barrios de la CABA se organizaron espontáneamente cacerolazos en rechazo a la reforma, y vecinos de Boedo, Almagro, Caballito, San Cristóbal, Constitución, Colegiales, San Telmo y Villa Crespo, entre otros sectores, salieron a protestar en forma ruidosa y pacífica.

En Rosario, los cacerolazos se dieron, al principio, en puntos clave, como Roca y Montevideo; España y Catamarca; Pellegrini y Maipú; San Luis y Ovidio Lagos; Paraguay y Pellegrini, y Presidente Roca y el río, pero luego miles de personas se autoconvocaron a través de las redes sociales al Monumento a la Bandera.

El conurbano bonaerense y Córdoba, otras dos capitales macristas, no se quedaron atrás, y por mucho que el dispositivo de blindaje mediático lo ocultó, los centuriones de la Casa Rosada percibieron que a la gigantesca movilización de gremios, movimientos sociales y fuerzas políticas que rodearon el Congreso, se sumó buena parte de su núcleo duro de votantes, y con los mismos instrumentos que usaban para denostar a CFK, les estaban saliendo a la calle para rechazar el robo a gran escala a los jubilados.

El Gobierno nunca pensó que le saldrían cacerolazos en los distritos donde ganó en octubre, y es probable que Macri y sus CEOs tampoco imaginaron que el 18 de diciembre pasará a la historia como una jornada que dio inicio a una etapa en la que ya nada será igual.

Macri se fue de vacaciones para tomar distancia de un escenario en el que la epidermis social fue alcanzada por la intensidad de las mentiras en campaña, cuando sus candidatos eludieron asumir que llevarían adelante esta brutal transferencia de recursos.

El 22 de octubre Macri pensó que había sido habilitado a ir por todo, y pisó el acelerador, y los resultados están a la vista: la movilización popular ya excede a los sectores gremiales y políticos. Una porción importante de la ciudadanía que no milita orgánicamente y no está sindicalizada tomó partido. Y muchos de esos actores sociales fueron votantes de Macri, y en la Argentina esos segmentos suelen torcer los procesos históricos.

Tras esa triste y larga jornada, todo comenzó a oler a final abierto. Algo cambió, y si hay alguien que lo sabe ése es Macri.

Fuente: El Eslabón

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