La Asamblea por los derechos de la niñez y la juventud reclamó la confirmación de los procesamientos contra los 30 policías de la provincia, acusados por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014. El joven de Florencio Varela fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ma, y una semana después su cadáver apareció en el río Paraná.

“A más de tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Ezequiel Casco, nos encontramos a las puertas de ir a juicio oral, si la Cámara Federal de Apelaciones conformada por los jueces Aníbal Pineda, Jorge Gallino y Fernando Barbará confirma finalmente los procesamientos dictados oportunamente por el juez federal de primera instancia, Carlos Vera Barros”, señaló la Asamblea a través de un comunicado de prensa difundido este martes

El demanda de la Asamblea, cuyos abogados representan al hijo y la hermana de Franco Casco, llega luego de cuatro semanas en las que se celebraron las audiencias de apelación contra la resolución del juez Federal Carlos Vera Barros, mediante la cual procesó a 30 policías –25 pertenecientes a la Seccional 7ª y 5 a la Unidad Especial de Asuntos Internos–, por los delitos de “desaparición forzada de persona seguida de muerte de Franco Casco, torturas y encubrimiento agravado”.

Conclusiones del caso

“Creemos que más allá del titánico esfuerzo de las defensas de los/as procesados/as, no han podido revertir las conclusiones a las que llegara el juez de grado, coincidentes con la hipótesis que hemos sostenido desde un principio la familia, las organizaciones, las querellas y la fiscalía”, plantea el comunicado.

Según la Asamblea, está probado que Franco Casco fue detenido ilegal y arbitrariamente el día 6 de octubre por la noche en cercanías a la estación de trenes Rosario Norte, cuando pretendía regresar a su casa en Florencio Varela. Y que de allí fue trasladado a la seccional 7ª, donde fue “sometido durante la madrugada a torturas, vejaciones y maltratos hasta perder la vida, siendo posteriormente arrojado al río a los fines de ocultar su muerte”.

De acuerdo al relato de la organización defensora de los derechos de los niños y adolescentes debido a que “la mayoría de las personas privadas de libertad en la comisaría habían tomado contacto con Franco”, los funcionarios policiales “debieron fraguar un procedimiento para «blanquear» la detención, siendo notorias y evidentes las «irregularidades» que demuestran que se trató de un armado para ocultar lo sucedido”.

“Las contradicciones del vecino que realizó la denuncia al mismísimo celular del comisario –continúa el texto de la Asamblea–, la discordancia entre los gps de los móviles y el supuesto lugar de detención de Franco, las actas sin firma y con fechas sobrescritas, las constancias de atención de una médica que nunca pasó por la comisaría, las modificaciones en los datos personales de Franco (en cuanto fue registrado bajo su apellido materno y con cambios en su número de DNI), la negativa a brindarle información a la familia cuando se acercó a la dependencia, son algunas de las más salientes maniobras que intentó el personal de la seccional 7ª para tapar la muerte de Franco y que fueron confirmadas en la resolución que procesó a los/as agentes”.

En el raconto de hechos, la organización suma “aquellos tendientes a desviar la investigación o a encubrir lo sucedido”. Situación que ejemplifica con “la plantación de pistas falsas que ubicaban a Franco deambulando por distintos lugares de la ciudad de Rosario o la primera autopsia realizada por el doctor Félix Rodríguez”.

“Asimismo –prosiguió el comunicado–, la familia debió enfrentar una tenaz negativa para reconocer la responsabilidad del personal de la 7ª en la desaparición de Franco por parte del Ministerio Público de la Acusación, en cabeza del fiscal Guillermo Apanowicz, quien ordenó las primeras medidas investigativas recién el 24 de octubre, es decir, 16 días después de que fuera denunciada su desaparición”.

En el texto de la Asamblea, se destaca que tanto las querellas como las defensas coinciden en que “el gran ausente” de la investigación es Guillermo Apanowicz. “Sólo se limitó a responder por escrito un interrogatorio en el que intenta velar su responsabilidad por no haber hecho absolutamente nada productivo para averiguar lo sucedido con Franco, contribuyendo denodadamente a evitar que el caso pase a la Justicia Federal”, indicó el comunicado sobre el primer fiscal de la causa, cuando el expediente se encontraba en poder de la Justicia Provincial.

“Durante estas cuatro semanas hemos escuchado cómo las defensas atacaban a Franco y a su familia, hablaban de teorías conspirativas, denigraban a las personas privadas de libertad, en definitiva, buscaban infructuosamente refutar la elocuente y sólida evidencia en contra del personal de la 7ª”, señala el texto de la Asamblea.

En informe de la Asamblea, se detalla que la prueba acumulada “compromete seriamente a los y las agentes de la seccional por haber detenido ilegalmente a Franco, haberlo sometido a torturas y matado, así como por no haber brindado información sobre su suerte o paradero, siendo que a nadie en la comisaría podía serle extraño lo sucedido”. “Ha quedado evidenciado el pacto de silencio existente entre el personal de la comisaría”, remarca la organización.

“Desde la querella constituida por el equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, en representación de Thiago Casco y Malvina Godoy —hijo y hermana de Franco–, hemos sostenido y solicitado al tribunal que confirme todos los procesamientos y que revoque las excarcelaciones concedidas por el Juez Vera Barros, y así esperamos que resuelva para que avancemos pronto hacia el juicio oral y sea Justicia”, concluye el comunicado.

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