El video que circula por redes sociales que muestra a un obrero rodeado por otros trabajadores leyendo la lista de los nuevos despedidos en la planta de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán, que incluye su nombre, con caras desoladas y lágrimas en los ojos, a dos días de la Nochebuena, envuelve una violencia simbólica fortísima que ni se compara con la imagen del gordo rasta con mortero que los medios de comunicación pro gobierno repitieron hasta el cansancio para hablar de los “violentos inadaptados” y los destrozos en plaza Congreso y tratar así de camuflar el robo a los jubilados vía reforma previsional. Para esos mismos medios, el destrozo de proyectos de vida de 35 familias no merece divulgación, ni un minuto de aire. Es parte de la falsa y engañosa construcción que hace la divina TV. Lo cierto es que Cambiemos entró a su tercer año de gestión como empezó: acrecentando el número de desocupados con cesantías en el ámbito público y facilitando despidos en el sector privado.

Las 35 nuevas bajas en Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán son parte de los recortes que encaró el Ministerio de Defensa. También hubo reducción de personal en las plantas de Villa María y Río Tercero. En Santa Fe hay movilizaciones que exigen la reincorporación, acompañadas por otros sindicatos del cordón industrial del Gran Rosario. El plan de ajuste se extiende a otras reparticiones estatales como parte de la nueva ronda de despidos de fin de año. Según un relevamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro nacional para el 4 de enero, en los últimos días se contabilizan unos 600 despidos en organismos del Estado nacional como Fabricaciones Militares, Ministerio de Defensa, Enacom, Senasa, Ministerio de Energía, Modernización, Jefatura de Gabinete, Presidencia, Incaa, Ansés y en el Ministerio de Cultura.

Técnicos y empleados de la Televisión Digital Abierta (TDA), con alcance nacional, denunciaron que se viene el cierre de todas sus señales y la salida del aire. Unos 180 trabajadores de la TDA –algunos con siete años de antigüedad– recibieron en medio de las fiestas la noticia de que el último día de este año vencerán sus contratos. Con esta decisión, el gobierno nacional también vacía los canales Paka Paka, Encuentro y DeporTV. En TDA Contenidos se realizan coberturas de eventos de Casa Rosada, el Centro Cultural Kirchner y los de Presidencia. Los trabajadores creen que “van a tercerizar con productoras privadas” la realización de estas tareas. La noticia, con la misma suerte que corrió Fútbol para Todos, se conoció días después del “bono navideño” que el gobierno de Mauricio Macri otorgó al Grupo Clarín, al habilitar la fusión entre Cablevisión y Telecom.

Con sus políticas neoliberales y medidas económicas a favor de las clases privilegiadas, el gobierno, que avanzó con su paquete económico en el Congreso, alienta despidos en el sector privado, lo que da cuenta de una reforma laboral de hecho antes de intentar convertir en ley los cambios estructurales que propone para el mundo del trabajo. En la provincia de Santa Fe estallaron varios conflictos. El más resonante quizá fue la decisión de la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli, ubicada en la ciudad de Firmat, de despedir 52 operarios metalúrgicos como parte de su plan de achique, que se intensificó desde la llegada de la alianza PRO-UCR al gobierno. El Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria por dos semanas ante la negativa de la empresa de rever su decisión que justificó en un supuesto “exceso de personal”. La UOM realizó protestas callejeras y no resigna los puestos de trabajo. Mientras, el macrismo rebaja retenciones a la soja y bombardea la actividad industrial, donde se cuenta el mayor número de despidos (unos 70 mil en todo el país) en los dos primeros años de Cambiemos.

La retracción del mercado interno, caída en las ventas, tarifazos y suba de costos hicieron correr un escalofrío por La Mucca, la fábrica de quesos ubicada en el pequeño pueblo santafesino de Díaz (departamento San Jerónimo), que se despachó con 25 telegramas de despido. La empresa, que surgió como un emprendimiento familiar, es controlada por la multinacional francesa Lactalis, también dueña desde 2011 del grupo italiano Parmalat. Lactalis es la mayor productora de lácteos del mundo y la segunda alimentaria en Francia por detrás de Danone, y está siendo investigada por el gobierno galo por contaminación en leche infantil.

Una cerámica de Arroyo Seco está con candado en los portones desde hace tres meses y sus 30 empleados sin cobrar sus sueldos, mientras esperan el anuncio de cierre definitivo. En tanto, empleados de la empresa Oil Combustibles, de la ciudad de San Lorenzo, se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente ante el temor por la pérdida de 400 puestos de trabajo debido al entorpecimiento en la venta de la firma. A fines de octubre la planta sanlorencina fue adquirida por OP Investments, con planes de recapitalizar la firma y preservar fuentes de empleo. Tras la detención de los mandamás del Grupo Indalo, el juez Julián Ercolini dispuso investigar el proceso de venta de Oil, y, en caso de declararla inválida, esto podría provocar, según el gremio, que el nuevo dueño “no inyecte capital y la empresa vaya a la quiebra”. También hay preocupación y hasta amagaron con un paro en el gremio de los empleados de estaciones de servicio.

Los despidos no son exclusivos de Santa Fe. En el ingenio azucarero La Esperanza la policía del gobierno jujeño de Gerardo Morales desató una feroz represión y cacería contra trabajadores despedidos. A la falta de pago de salarios se sumó la angustia de 400 familias que recibieron telegramas de cesantía justo a fin de año en el marco del acuerdo con la empresa Omega, compradora del ingenio, de recibir la planta fabril con sólo 600 trabajadores. En tanto, la multinacional de origen brasileño, Brasil Foods (BRF), informó su intención de despedir 180 trabajadores, la totalidad de un turno de producción, de la plantilla de 450 empleados que ocupa en su planta bonaerense de Baradero.

Pesadillas amarillas

Mientras el gobierno juega la Superliga de Desocupados, el modelo M entra en un atolladero. El “reformismo permanente” apunta a implementar la ansiada agenda del establishment por amputar el “costo argentino”. El último informe de coyuntura del Centro Scalabrini Ortiz (Ceso), que dirige el economista Andrés Asiaín, señaló que “la reforma laboral apunta a reducir el costo laboral, la reforma previsional a bajar los aportes patronales a la seguridad social y la reforma tributaria a achicar los costos impositivos”. Y continuó: “En el imaginario oficialista, esas reformas permitirían un incremento estructural de nuestra competitividad que, de la mano de una profundización de los acuerdos comerciales internacionales, insertarían exitosamente a la Argentina en los mercados mundiales. Una utopía que promete la expansión de la actividad y el empleo, con generación de divisas que vuelvan sustentable el actual esquema de endeudamiento externo”.

El documento del Ceso advirtió que “los sueños oficiales pueden transformarse en pesadillas, tanto por causas internas como por el contexto mundial. En el plano interno, el principal escollo es imponer social y políticamente la reducción del ‘costo argentino’ que, visto del otro lado del mostrador, es nada más y nada menos que el ingreso de los argentinos. Bajar el costo laboral implica reducir el ingreso de los trabajadores, hecho que genera la resistencia de parte de sus organizaciones sindicales”.

Según el reporte del Ceso, “el modelo M naufraga por su falta de realismo social y geopolítico, enmarcado en un proceso de endeudamiento insustentable (la deuda en divisas con acreedores privados se duplicó en estos dos años, en simultáneo con un agravamiento estructural del déficit de cuenta corriente), la coyuntura económica del próximo año se muestra también compleja. La parálisis post electoral de la obra pública (que se frenó desde octubre), las subas del costo ‘anti-argentino’ (tarifas y altas tasas de interés), las bajas metas de paritarias presentadas como ‘metas de inflación’ y la reducción del presupuesto de las familias que deben pagar los créditos Argenta e indexados que tomaron en el año electoral, amenazan la dinámica de la inversión y el consumo”. Para este 2018, el gobierno “promete una economía en estado vegetativo, es decir, con un leve crecimiento (0,5 – 1,5 por ciento), según los escenarios de paritarias y de inflación”.

En una conferencia liderada por el ministro de Gobierno Marcos Peña, elegido “CEO del año” por la revista Forbes, el gobierno “recalibró” su meta de inflación para el Año Nuevo, que estimó en 15 por ciento. Lo hizo un día después de que el Senado aprobara el Presupuesto 2018, que ya fue incumplido. Tras los anuncios, en medio de un rojo comercial récord que Cambiemos tapa con deuda, el dólar trepó a 19 pesos. En 2016 y este año que se va las “metas” oficiales quedaron muy por detrás de los registros inflacionarios. La utópica “meta” del gobierno, las reformas económicas y la nueva ola de despidos –para muchos argentinos que en estas vacaciones se quedarán sin poder disfrutar de las olas del mar, mientras Macri “descansa” en un country de Villa La Angostura y exhibe felicidad navideña– dejan ver que por detrás de tanto libreto marketinero e hipocresía asoma un pie grande para pisotear con más fuerza el bienestar y los bolsillos de los argentinos.

 

 

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