Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos de la ciudad y el país reclaman la “libertad de presas y presos políticos” y el “fin de la persecución a opositores” del gobierno nacional. Actos en Rosario y Buenos Aires.

Con declaraciones, marchas y actos en distintos puntos del país, diferentes espacios denuncian la “persecución a militantes sindicales, políticos y sociales”.

En Rosario, el Espacio Juicio y Castigo, que nuclea a organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, publicó este jueves una declaración en la que reclama “la libertad inmediata de las presas y presos políticos”, el “cierre de las causas contra luchadores sociales y gremiales”, y el fin “de la persecución a militantes y dirigentes opositores que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri”.

“Denunciamos que mientras se encarcela a luchadores sociales y opositores, por otro lado se deja en libertad o se envía a prisión domiciliaria a genocidas como Etchecolatz, Musa Azar o Bianco”, señala el comunicado en el que además se repudia “la represión a las comunidades originarias y a los trabajadores en todo el país”.

En el texto, se rechaza el inicio de causas contra diputados nacionales de Unidad Ciudadana y el Frente de Izquierda y los Trabajadores “por participar de la protesta contra la reforma previsional, que fue salvajemente reprimida, y donde fueron agredidos por Gendarmería, entre otros, los legisladores Victoria Donda (de Libres del Sur) y Leonardo Grosso (del Peronismo para la Victoria)”.

Además, Juicio y Castigo repudió “la pantomima de los servicios de inteligencia contra el Partido Obrero, montada con un “«explosivo casero»”.

“Pedimos la libertad de César Arakaki y de los detenidos del 14 de diciembre y reclamamos el cese de la persecución a Sebastián Romero y Dimas Ponce”, exige el comunicado.

“Denunciamos que esta estrategia de persecución político-judicial –continuá el texto de Juicio y Castigo–, se inició apenas comenzado el gobierno de Mauricio Macri con la inmediata prisión de Milagro Sala en Jujuy, continuó con Facundo Jones Huala preso en la Patagonia, siguió luego con detenciones en las que se violaron todas las garantías procesales, tal cual ocurrió con dirigentes como Luis D’Elía, Fernando Esteche, Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini o Héctor Timerman, y se profundiza con esta última cacería contra militantes y luchadores sociales opositores que se manifestaron contra la reforma jubilatoria”.

Para el espacio Juicio y Castigo, “producto de esta política de represión a opositores y quienes reclaman por sus derechos, llevada a su extremo más violento, fueron muertos por fuerzas nacionales Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por quienes seguimos exigiendo Verdad y Justicia”.

Acto en Rosario

Este mismo jueves, el sindicato de los docentes universitarios (Coad), convocó, “junto a organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos” a un acto a las 19 en plaza 25 de mayo (Córdoba y Buenos Aires), luego de la ronda de Madres, para “repudiar la escalada represiva del gobierno de Macri”.

“Contra la persecusión a militantes sindicales, políticos y sociales”, “Por la restitución plena de las garantías democráticas”, “Contra los despidos y el ajuste fiscal, previsional y laboral”, son algunas de las consignas de la actividad.

En Buenos Aires

En tanto en Capital Federal, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y el Frente de Izquierda se movilizará este jueves desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar la libertad de los militantes del Partido Obrero (PO) detenidos en diciembre pasado y protestar por la prisión domiciliaria otorgada al represor Miguel Etchecolatz.

El PO anunció la realización de la marcha el viernes pasado, luego de que se conociera la aparición de un explosivo frente al Departamento Central de la Policía Federal junto a un panfleto de ese partido, hecho al que calificaron una miserable provocación política” para “ensuciar” a esa fuerza política.

La convocatoria fue reforzada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia el último martes en conferencia de prensa, donde denunciaron una “escalada represiva del Gobierno” debido a las detenciones de los manifestantes del PO y apuntaron contra el beneficio de la prisión domiciliaria para Etchecolatz.

A ello sumaron el rechazo al ascenso que le fue otorgado al gendarme Emmanuel Echazú, imputado en la causa judicial que investiga la muerte del joven Santiago Maldonado en Chubut, y a la liberación del policía Dante Berisone, acusado de atropellar con su moto a una persona durante las protestas del 18 de diciembre.

 

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