La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información alertó sobre la gravedad de la situación en España. “2017 ha sido un muy mal año”. Artistas, periodistas y colectivos sociales críticos deben enfrentar la cárcel solo por opinar en las redes sociales, acusados de “alentar el terrorismo”.

El 16 de mayo de 2016, entre múltiples críticas y con un recurso presentado por los socialistas en el Tribunal Constitucional, entró en vigencia en España una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos. Oficialmente, se denomina Ley de Seguridad Ciudadana, pero popularmente es conocida como Ley Mordaza, por las restricciones que impone a la libertad de expresión, reunión e información.

Esta norma se viene discutiendo y enmendando desde hace tiempo, y la oposición pretende derogarla, porque vulnera las garantías constitucionales.

La mala fama de esta ley dictatorial traspasó las fronteras de España. Amnistía Internacional España (AI) exigió una ley orgánica de Seguridad Ciudadana “más garantista en materia de derechos humanos y acorde a los estándares internacionales y a las recomendaciones que llegan desde la ONU y Europa”.

Para la delegación española de AI esta norma “podría estar limitando ilegítima, innecesaria y desproporcionadamente el ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información”.

“No podemos dejar pasar esta ocasión de reformar una ley que está limitando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información”, dijo el director de AI España, Esteban Beltrán, que consideró que esa norma también “se está utilizando contra periodistas y contra el activismo social, específicamente contra los que defienden el derecho a la vivienda”.

Criminalización de la disidencia y la protesta

Lo cierto es que la norma todavía está vigente, y que en el marco de su aplicación, las garantías constitucionales en España se ven menguadas. El gobierno de Mariano Rajoy la utiliza para perseguir la protesta social y pena con la cárcel el delito de opinión.

En este sentido, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) alertó sobre la gravedad de la situación e hizo una lista de algunos de los abusos cometidos durante 2017.

Por ejemplo, se produjo, según denunció esta organización, un aluvión de condenas a prisión “por enaltecimiento del terrorismo” contra periodistas, artistas y usuarios de redes sociales que critican al gobierno.

La PDLI, organismo que vela por los derechos de libertad de información y de expresión en España, definió el 2017 como «el año de los delitos de opinión».

Su presidenta, Virginia Pérez Alonso, ha declarado que “cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI, es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”.

Según denunció PDLI, el 2017 comenzó con el procesamiento de la tuitera conocida como Cassandra, para quien la fiscalía solicitó 2 años y 6 meses de cárcel, más 3 de libertad vigilada, por hacer parodias sobre el general franquista Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973, en una serie de tuits publicados desde noviembre de 2013 hasta enero de 2016. El auto del fiscal la acusaba de un “delito de humillación a las víctimas del terrorismo”, previsto y penado en el Código Penal, y consideraba que sus tuits eran “graves mensajes de enaltecimiento del terrorismo”. Cassandra, con 21 años de edad, fue condenada a un año de cárcel por la Audiencia Nacional.

También en enero fue condenado a un año de prisión y seis meses de inhabilitación absoluta el cantante César Strawberry. Su delito fue publicar seis tuits en los que ironizaba sobre ETA o la muerte de Carrero Blanco, y en los que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entendió que existía “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas”.

Al mes siguiente, en febrero, la Audiencia Nacional impuso una pena de tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc, al considerar que el contenido de sus canciones incurría en los delitos de “injurias a la Corona y de enaltecimiento del terrorismo”. La PDLI consideró esa condena “un ataque muy grave a la libertad de expresión e inaceptable en un estado plural y democrático”.

En noviembre, según denuncia la organización que defiende la libertad de expresión, otros doce raperos fueron condenados a 2 años y un día de cárcel, inhabilitación para cargos públicos durante nueve años y una multa de 4.800 euros. Se trata de los doce miembros del colectivo La Insurgencia, que según la Audiencia Nacional cometieron delitos de enaltecimiento del terrorismo a través de las letras de sus canciones.

La sentencia destaca que en las letras de las canciones hay “continuas alusiones que, desprovistas de cualquier otra consideración, entrañan abiertamente una loa a la organización terrorista GRAPO”. Dicha organización terrorista, cuyo nombre es el acrónimo de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, desapareció hace más de una década.

La PDLI también se pronunció sobre la condena a estos doce raperos, y la describió como “un nuevo atropello a la libertad de expresión y una vulneración de este derecho fundamental, contrario a los estándares internacionales a los que está sujeta España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

En marzo de 2017 la Audiencia Nacional “fue motivo de alarma”, señala la PDLI, por celebrar nada menos que siete juicios por “enaltecimiento del terrorismo en redes sociales”. De estos casos, para evitar condenas mayores, cuatro de los acusados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de uno a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación.

Además, amparados en esta norma, la policía española multa a periodistas por sólo ejercer su trabajo.

Por ejemplo, el periodista Raúl Solís fue el primero en ser sancionado mientras cubría una protesta contra el autobús de la asociación ultracatólica Hazte Oír, que difundía mensajes contra la transexualidad de los niños. Se le multó con 150 euros por “poner en riesgo” la integridad de los agentes de la Policía Nacional, que aseguran en su informe que “el denunciado se salta el cordón policial, introduciéndose en la zona de seguridad acotada, pidiendo explicaciones de manera despectiva a los agentes, cuestionando y menospreciando la actuación de los mismos, y realizando grabaciones con su cámara”.

Solís, que publicó un artículo con su versión de los hechos, se negó a abonar la multa, argumentando que “no podemos aceptar como normal lo que es una anomalía democrática, un retroceso en libertades”.

Otro de los trabajadores de prensa multados en 2017 fue Mikel Sáenz de Buruaga, de la emisora vasca Hala Bedi. El 18 de mayo fue identificado por estar grabando con su teléfono móvil durante una actuación policial en la localidad de Vitoria. Mikel mostró su acreditación de prensa, pero fue sancionado igualmente. La PDLI también reaccionó en su momento y presentó su queja ante la Defensoría del Pueblo.

Ese mismo día, la periodista Cristina Fallarás también fue sancionada con una multa de 600 euros, cuando participaba en una concentración frente a la Embajada mexicana en Madrid, en protesta por los asesinatos de informadores en México.

Asimismo, la PDLI denunció que con la buena intención de combatir las noticias falsas se ha convertido en “excusa para un posible control político de los medios, tal como viene apuntando en sus sesiones la comisión mixta de seguridad nacional”.

En un manifiesto firmado junto a diversos medios de comunicación y asociaciones profesionales y publicado el 13 de Diciembre de 2017, la PDLI rechazó de manera expresa “las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta”.

La plataforma en defensa de la libertad de información

La PDLI nació en diciembre de 2016 para combatir la censura y toda forma de amenaza a los derechos a la libertad de expresión e información. Está formada por organizaciones y personas del ámbito jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales y ciudadanos.

Se constituyó a partir de la militancia de un grupo de profesionales, activistas y colectivos y hoy está integrada por organizaciones y personas del ámbito jurídico (Unión de Fiscales Progresistas, Ilustre Colegio de Abogados y Comisión Legal Sol), del periodismo (Federación de Sindicatos de Periodistas, eldiario.es, 20 minutos, Disopress y la revista Mongolia) y de una serie de movimientos sociales y ciudadanos.

La PDLI lucha para ponerles límites a las normas que obstaculizan el acceso a la Justicia, y contra las prácticas que pretenden el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines. Y se dedica además a monitorizar y difundir los ataques a la libertad de información, contra periodistas y medios, activistas, movimientos sociales o ciudadanos.

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