Pese al clamor macrista de que sus reformas ayudarían a erradicar el trabajo informal, la Afip dio de baja tres áreas fundamentales a la hora de fiscalizar el empleo no registrado, un coletazo del modelo de “desburocratización”.
Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial –la 21-E/2018–, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) anunció el cierre de tres direcciones que hasta el momento tienen como misión relevar y fiscalizar el empleo no registrado.
El organismo que conduce Alberto Abad defendió la medida argumentando que reasignará funciones al personal desafectado, pero lo cierto es que funcionarios de carrera y trabajadores se encargaron de explicar que ese movimiento de fichas impactará negativamente en en nivel y la calidad de las inspecciones.
Las reparticiones alcanzadas por la resolución de la Afip son subsidiarias de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, encargada de fiscalizar el trabajo no registrado: Supervisión y Evaluación Operativa, regionales de los Recursos de la Seguridad Social y la de Control del Monotributo.
La movida oficial en modo alguno puede desvincularse de los objetivos que tiene la administración que encabeza Mauricio Macri en materia de precarización laboral, fin que enmascara bajo el eufemismo de “reforma laboral”.
Es interesante observar los datos que este miércoles publica Página 12 en torno de los alcances de la precarización laboral: “Durante el tercer trimestre de 2017 (el empleo no registrado) alcanzó al 34,4 por ciento de los asalariados, un incremento de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. El registro fue el más elevado desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Los datos están en línea con los valores observados a lo largo de los últimos cinco años cuando osciló entre 31,9 y 34,6 por ciento”.
El matutino porteño indicó que “los cambios en la Afip fueron precedidos por una serie de modificaciones que socavan las herramientas de fiscalización del trabajo no registrado”, y recordó que “el primer paso llegó con el desembarco de un directivo de la Sociedad Rural (SRA) a la conducción del Registro de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que vela por el cumplimiento de la legislación en uno de los sectores con mayores niveles de precarización, el campo. Abel Guerrieri es el ex director de acción gremial de la patronal agropecuaria que cuando integró la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en representación de la SRA en 2008, votó en contra de eliminar las jornadas laborales de sol a sol y fijar un régimen de 8 horas diarias (Resolución 71/2008)”.
Las acciones en favor de una política de “vista gorda” se reforzaron con la reducción de las sanciones previstas para aquellas empresas que no cumplen con las normas laborales y los costos económicos que conllevan esas penalidades.
El diario compara la permisividad macrista con la Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que data de 2014, y que “apuntaba a fortalecer la sanción y exposición de los empresarios evasores”.
El listado de infractores creado por aquella normativa implica “un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas sancionadas no compitan en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas”.
Ahora, las empresas que tengan personal en negro ni siquiera serán inspeccionadas, según advierten anónimamente voceros del funcionariado de carrera y trabajadores de la Afip.
