La localidad de Suardi, ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, se sacudió con el temblor sociolaboral que generó el anuncio de cierre de la planta láctea que fabrica y comercializa productos Ilolay. La empresa ofreció “traslados” o “acuerdos” a los 65 trabajadores. La empresa norteamericana Cargill, que según el presidente Mauricio Macri iba a invertir en el país, concretó 45 despidos en sus plantas de Punta Alvear, en el Gran Rosario, y en Bahía Blanca. Los mineros de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Sur, sufren el vaciamiento y ajuste que el Estado nacional está realizando en la empresa Yacimientos Carboníferos. Allí el gobierno se despachó con 500 telegramas de despido, sobre un total de 2.500 trabajadores. La misma política de vaciamiento, como resabio de los años 90, se llevó puestos 250 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Hubo cesantías en los ingenios azucareros El Tabcabal, San Isidro, La Esperanza y Ledesma de Salta y Jujuy, en el norte del país.

Los de arriba son apenas algunos pesares que tocan vivir en tiempos del carnaval del ajuste. Todo este deterioro del tejido socioeconómico al que asistimos es parte de un plan enmarcado en una nueva –y vieja a la vez– experiencia neoliberal. “Lo más importante es es el cambio cultural que estamos haciendo”, destacó Macri recién llegado del foro económico mundial de Davos, en Suiza, donde empresarios de corporaciones multinacionales, CEOs y políticos buscan cumplir con el objetivo globalizador de debilitar el poder de negociación de los trabajadores. El aumento exponencial de la tasa de desocupación en alrededor de un 50 por ciento y la caída estrepitosa del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y planes sociales, van en esa dirección.  

Los despidos masivos en el ámbito público y privado no se detienen. Las historias detrás de cada cierre de empresa o telegrama reviven tiempos de lo más infelices. Aumentos alocados de precios y achatamiento salarial estrujen bolsillos. En tren de generarse nuevos enemigos y desviar la atención de los verdaderos problemas (la “pesada herencia” y el “se robaron todo” dieron y aún dan buenos resultados), el gobierno apunta contra las “mafias sindicales”.

CGT, CTA y movimientos sociales avanzan en el armado del 22F. / Foto: Clarín.

Los Moyano, con Hugo a la cabeza, volvieron a la primera línea de fuego. El presidente de Independiente, acechado por la Justicia, supo coquetear con el macrismo, hasta que empezó a gobernar. La movilización de Camioneros contra las políticas de ajuste del gobierno convocada para el próximo 22 de febrero fue cargando adhesiones: buena parte de la CGT, la CTA y movimientos sociales también saldrán a la calle.  

Entre otras lecturas, la previa a la manifestación gremial, con la reaparición de Moyano padre, puso de relieve la crisis que atraviesa la CGT, donde la posibilidad de una fractura es cada vez más expuesta. En la central obrera más grande del país, que eligió el camino de la negociación permanente y estuvo falta de reflejos en los 25 meses que lleva la gestión Cambiemos, se abren instancias de puja interna entre los diferentes sectores. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, a la sazón referente de la Corriente Federal de Trabajadores, dijo que ellos acompañarán la movilización camionera del 22F. Consultado sobre el discurso y las políticas antisindicales que aplica el gobierno, Palazzo opinó: “Macri persigue un mundo sin sindicatos para que haya trabajadores desprotegidos y así avanzar contra sus derechos”.

Hay motivos, y de sobra, para la protesta. Los bancarios se anticiparán con un paro nacional para el 9 de febrero en rechazo a la oferta de las entidades financieras de una suba salarial del 9 por ciento. El cese de actividades por 24 horas en los bancos de todo el país marcará el ya tradicional, pero esta vez más recargado, tire y afloje de las negociaciones salariales, que se vislumbran peliagudas en la temporada 2018. Algunos sectores van negociando paritarias, pisadas por el techo del 15 por ciento que quiere imponer el gobierno de Macri.  

Trabajadores estatales santafesinos activaron la cláusula gatillo, contemplada en la paritaria 2017, y sumaron al sueldo de enero un 1,1 por ciento de incremento. Los mecánicos de Smata acordaron 6 por ciento de aumento para el primer trimestre del año. Si se proyecta, la suba anualizada daría 24 por ciento, muy por encima de la meta que trazó el oficialismo. Aceiteros de San Lorenzo, que no comulgan con la Federación, parecieron tirarle un centro al ministro Jorge “no vengas porque te voy a mandar a la c…de tu madre” Triaca. Y cerraron paritarias en el 15 por ciento, aunque la letra chica disimula un 5 por ciento adicional, cláusula gatillo y un sueldo complementario.   

La sede local del Ministerio de Trabajo provincia, es una constante de las manifestaciones de los trabajadores.

Déficit gubernamental

“Al cabo de dos años de gestión de Cambiemos, estimamos que el salario real todavía se ubica por debajo de 2015. Los cambios en la composición del empleo ralentizan la recuperación salarial y, si bien es un fenómeno relativamente incipiente, sus implicancias distributivas son de muy difícil reversión”, se señaló en el último informe de coyuntura del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala.  

“El balance de cambios sigue mostrando señales de debilidad en todos sus componentes. Por un lado, se profundiza el déficit de cuenta corriente, es anémico el ingreso por inversión extranjera directa y pierden dinamismo los préstamos financieros. Por el contrario, es sostenido el ingreso por deuda pública, gana fuerza la inversión de cartera (especulación financiera), al tiempo que se acelera fuertemente la salida por formación de activos externos (fuga de capitales)”, se lee en el mismo reporte.  

La alianza PRO-UCR hizo crecer la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares y batió récord histórico con el déficit fiscal. “El gobierno de Cambiemos ha sostenido, desde su primer día, la necesidad de realizar un importante ajuste fiscal con el fin de reducir el déficit heredado del gobierno anterior. Las medidas adoptadas, sin embargo, implicaron un incremento en la brecha fiscal en estos dos primeros años, y no parecen correctamente encaminadas a lograr la sustentabilidad en el mediano plazo”, se analizó en un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), dependiente de la CTA.  

Según precisó la publicación de Cifra, “las reducciones impositivas -especialmente la quita y reducción de retenciones a las exportaciones- provocaron un incremento del déficit primario como proporción del PBI respecto de 2015, incluso a pesar de la caída del total de gastos. Este déficit hubiera sido incluso mayor de no haber sido por el efecto positivo que el régimen de blanqueo de capitales tuvo sobre la recaudación en 2016 y 2017”. Entre las principales conclusiones del informe, se agregó: “En la tendencia de largo plazo puede advertirse que los niveles actuales de déficit financiero no se verificaban en el país desde los años finales de la década de 1980, signados por la crisis de la deuda externa, la hiperinflación y la insustentabilidad fiscal”.

En medio de una nueva puesta en escena sacada del manual de marketing político duranbarbeano, el presidente Mauricio Macri anunció un nuevo ajuste en el Estado, congelando sueldos de altos funcionarios que rondan los 150.000 pesos, eliminando cargos creados durante los dos años de gestión Cambiemos, echando parientes acomodados por el propio gobierno. “¡Que ejemplo de austeridad!”, comentan los intratables programas y medios oficialistas. La imagen de Macri cae en picada en las encuestas y él lo sabe. Es que buena parte de la Argentina está descontenta (por qué no desilusionada) con las políticas que lleva adelante y busca profundizar la Alianza Cambiemos.  

La Bancaria se planta fuerte al techo salarial del macrismo.
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