“Me suena más a un ataque contra el sindicato y a tratar de romper la unión gremial”, dice sentado en una pizzería de Buenos Aires un dirigente aceitero local. Acaba de terminar la reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación que dictó la conciliación obligatoria por los 44 despidos en la planta de Cargill de Villa Gobernador Gálvez. El dirigente rosarino está hambriento cuando son casi las cinco de la tarde de una jornada larga en “un escenario muy duro”. Mientras aguarda la comida reflexiona que las cesantías en la principal cerealera del país –una agroindustria global con enormes ganancias en Argentina– no responden al cambio de perfil laboral declarado por la compañía sino que obedecen a un objetivo indecible: “disciplinar” al movimiento obrero, que opera como obstáculo de las medidas neoliberales impulsadas por la Casa Rosada.

El conflicto se originó el martes 30 de enero pasado cuando 44 trabajadores de la planta Punta Alvear de Cargill no pudieron ingresar a cumplir su deber laboral.

Según denunció la Federación de Aceiteros, no les informaron previamente que iban a prescindir de su fuerza de trabajo. Los subieron, como todos los días, al colectivo de la empresa que los traslada hasta la planta. Allí, sí, les dijeron que estaban despedidos.

“Los despidos se notificaron en puerta de fábrica, luego de haber sido trasladados los compañeros en los propios colectivos de la empresa hasta el lugar, sumándole ensañamiento a una situación que ya es violenta para el trabajador, a quien se le quita la fuente de sustento de su familia”, señaló Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera.
La compañía había anunciado, a fines del año pasado, su objetivo de abrir un proceso de retiros voluntarios en sus plantas santafesinas.

Los distintos gremios aceiteros con jurisdicción en la región se opusieron a la medida y, en el caso del de de San Lorenzo le propuso negociar la medida en el Ministerio de Trabajo provincial, al entender que podía ser beneficiosa para aquellos empleados con mayor antigüedad y más cercanía a la edad jubilatoria. Pero sólo para ellos. La respuesta, luego de un impase, fue el envío de 44 telegramas.

Nuevos desafíos

Cargill, la principal empresa del sector oleaginoso del país, explicó a través de un comunicado que los despidos no obedecían a una necesidad de reducir la planta de personal o de tercerizarla, avivada que en algún momento olfateó el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, cuando se anunciaron los retiros voluntarios.

Vale recordar que una de las modificaciones propuestas por el gobierno de Mauricio Macri, en la aún no tratada reforma laboral, consiste en quitarles a las empresas la responsabilidad solidaria que hasta ahora poseen sobre las firmas tercerizadas que contratan para desempeñar tareas en sus plantas.

El comunicado de la empresa sostiene que Cargill “se encuentra comprometido en un proceso de transformación de las operaciones de las plantas de molienda de soja y puertos en Argentina”.

Así, ese proceso “involucra el reemplazo de determinados perfiles con el objetivo de adaptarlos a las nuevas necesidades del negocio, en un entorno cada vez más exigente y desafiante”.

Suena curioso el cambio de perfil laboral, dijo a El Eslabón Sergio Díaz, secretario de prensa del Sindicato de Aceiteros de Rosario, si se lo contrasta con la antigüedad de la mayoría de los despedidos.

“Hay algunos que tienen hasta doce años de antigüedad, los que menos tienen son de tres o cuatro años en la planta, no se trata de personal de un año en la empresa”, describió el gremialista. Y recordó que en estos años la empresa ofreció “un balance tremendamente exitoso”.

De acuerdo a la Federación de Aceiteros, Cargill es la “empresa líder en el complejo oleaginoso con una facturación de 47.580 millones de pesos sólo en 2017”.

En el comunicado de la empresa, Cargill promete reemplazar con nuevo personal a los despedidos. Dice: “El proceso que se inició con un plan de retiro acordado a principios de mes, en nuestras plantas de Santa Fe y Bahía Blanca. Continúa ahora con la desvinculación de un grupo limitado de empleados, los cuales fueron notificados, de sectores operativos de dichas plantas. Las posiciones serán reemplazadas con nuevo personal contratado como empleados de Cargill en cada una de las zonas y en las mismas condiciones de contratación actuales”.

“El objetivo de esta medida –abunda el comunicado– no es la eliminación de puestos de trabajo ni su tercerización sino garantizar la continuidad de las operaciones de forma efectiva y eficiente, compatibles con los nuevos desafíos del negocio”.

De paro

El modo en que Cargill Argentina decidió enfrentar “los nuevos desafíos del negocio” en el que tan bien le va motivó un paro por tiempo indeterminado en las plantas santafesinas y en la bonaerense de Bahía Blanca de la cerealera, decretado por la Federación de Aceiteros.

“Exigimos la inmediata reincorporación de todos los despedidos y repudiamos absolutamente el accionar arbitrario de la patronal, que no puede argumentar ninguna explicación sobre presuntas dificultades económicas para justificar estos despidos, siendo empresa líder en el complejo oleaginoso con una facturación de 47.580 millones de pesos sólo en el 2017”, dijo Yofra, el titular de la Federación.

Al día siguiente de la medida de fuerza, el miércoles 31 de enero, el Ministerio de Trabajo provincial convocó a las partes. Como resultado de la reunión en la sede Rosario, la cartera dictó la conciliación obligatoria, que suponía retrotraer los despidos en el caso de Cargill y abstenerse de realizar medidas de fuerza, en el caso del sindicato.
Pero el entendimiento en sede oficial se hizo añico en la planta de la compañía. Cuando por la tarde los trabajadores regresaron a sus puestos, los 44 despedidos fueron impedidos de ingresar.

El sindicato pidió la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. El miércoles 31 se reunieron en Buenos Aires y la cartera a cargo de Jorge Triaca –recién regresados de vacaciones modo exilio– dictó la misma medida, pero en esta ocasión la empresa cerealera la acató.

La medida se extenderá por quince días y el miércoles de la próxima semana las partes volverán a reunirse en busca de un acuerdo. Cosa que, por el tenor del primer encuentro, no resultará fácil.

El miércoles irrumpió Prefectura en la planta de Cargill.

Disciplinar

“Nos encontramos con un escenario muy duro, fue muy difícil revertir la decisión de la empresa, es una gran conquista frente a una situación de angustia que se genera”, explicó a este semanario una dirigente del Sindicato de Aceiteros de Rosario que participó del encuentro en Buenos Aires.

Explicó que el objetivo de la entidad gremial es que los despidos no se hagan efectivo, tarea que le demandará un gran esfuerzo.

“Hay una ala dura y una negociadora en la empresa, ahora parece que prevalecen los duros”, abundó sobre los pormenores de la negociación contra los despidos.

En cuanto a la motivación, no dudó: “Me suena más como un ataque contra el sindicato y a trata de romper la unión gremial”.

En esa línea, recordó que las partes deben discutir, en los próximos 60 días, la paritaria 2018.
“Va a venir apretada, ellos van a venir a romper, porque quieren imponer un 15 por ciento y nosotros pedimos un 26”, sostuvo la misma fuente.

El dirigente consultado para esta nota apuntó que los despidos buscan “el disciplinamiento” de las entidades representativas de los trabajadores, que como segundo brazo de una tenaza tiene al gobierno nacional –y los medios que le ofician de voceros– avivando la corrupción sindical.

“Nosotros no somos chorros, somos laburantes. La mayoría del gremialismo está integrado por gente noble, que cumple un función”, añadió. “Pero –concluyó– somos un sindicato muy combativo y los trabajadores van a pelear”.

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