La Dirección provincial que controla a represores con prisión domiciliaria le reclama a La Rosada, sin éxito, tobilleras electrónicas. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación primero exigió a sus abogados locales que dejen de pedir la revocación de las medidas que benefician a genocidas, y luego directamente los despidió.

El informe sobre los genocidas de la última dictadura cívico militar que disfrutan de la prisión domiciliaria en Rosario, publicado por el El Eslabón el sábado pasado, provocó una serie de nuevos interrogantes sobre el polémico beneficio. Entre los mensajes que llovieron a esta redacción están las preguntas como “¿quiénes y cómo controlan que los condenados cumplan con su régimen de detención?” o la propuesta “¿por qué no hacen un mapa con las caras y las direcciones de esos asesinos vendepatria?”. Un desafiante cibernauta de inocultable simpatía por Cambiemos inquirió: “¿Con qué medidas concretas el gobierno nacional favorece en esta ciudad, a la impunidad de los represores como ustedes dan a entender?”. Ante tantas consultas, este medio averiguó por ejemplo que la Dirección del Ministerio de Justicia de Santa Fe, en quien se delega la tarea de control, solicitó tobilleras electrónicas para estos reos sin obtener respuesta. Y que a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la gestión de Mauricio Macri primero bajó línea a sus abogados locales para que dejen de pedir la revocación de las cuestionadas resoluciones judiciales, y que después los despidió dejando sin representantes legales al Ejecutivo en los juicios por crímenes de lesa humanidad en la ciudad.

Genocidas sueltos, opositores encarcelados

Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno –quien ha ido desmantelando los programas  de Memoria, Verdad y Justicia que se habían convertido en política de Estado durante las gestiones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner– la Justicia Federal se muestra cada vez más flexible ante los pedidos de los represores de la dictadura. El 2×1 de la Corte Suprema sobre el que luego tuvieron que recular, gracias a la movilización popular, es su máxima expresión.  

Al mismo tiempo que se persigue y encarcela a opositores políticos, violando garantías procesales y con causas de escasa o nula prueba, cada vez más represores de la dictadura consiguen lo que solicitan al Poder Judicial. Tal cual se publicó en este medio la semana pasada, mientras que en 2015 los represores presos en cárceles comunes eran 603 y 439 los que tenían domiciliaria, en 2016 la ecuación se revirtió de 519 a 460. El registro de 2017 indica que 549 “cumplen condena” en casa y 435 permanecen recluidos en unidades penitenciarias.

El artículo 33 de la Ley 24.660, que regula las domiciliarias, plantea que el juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria en los casos que “al interno enfermo la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”; “al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal” ; “al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”; “al interno mayor de setenta (70) años”; “a la mujer embarazada”; “a la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo”.

La razón última de la Justicia para otorgar una domiciliaria, por más informes médicos que se presenten, siempre tiene un componente subjetivo, por tanto también político. Los ejemplos Milagro Sala y Luis D’Elía valen para analizar las distintas vara con que se aplican o no las domiciliarias en tiempos de Macri, más allá de lo arbitrario de sus detenciones y el “dibujo” de sus causas que todos los organismos de derechos humanos denuncian por insustanciales.

A diferencia de los represores de la dictadura –que son enviados a casa por “sus problemas de salud”–, al dirigente social de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) y el Movimiento Miles, Luis D’Elía, le niegan ese beneficio, a pesar de ser doblemente insulino dependiente, con abertura de esternón y tener tres bypass.

A diferencia de los genocidas –en Rosario ninguno posee guardia–, la referente del movimiento Tupac Amaru de Jujuy tiene casi un destacamento de Gendarmería frente a su domicilio, al que llegó luego de varios reclamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Represores descontrolados

Los represores con prisión domiciliaria –como cualquier otro preso en esa condición– no tienen custodia en la puerta de casa, salvo por alguna cuestión particular de seguridad u otra índole que pueda determinar la Justicia. La normativa así lo estipula. Si se les canta violar su régimen, pueden salir. Si los pescan, deberían revorcales el beneficio, tal cual sucedió con el ya fallecido Ariel Puma Porra, a quien se lo quitaron luego de una denuncia que presentó este medio a la también fallecida fiscal Mabel Colalongo.

La Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe (ex Patronato de Liberados), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, es la encargada de relevar que los detenidos por crímenes de lesa humanidad, beneficiados con el régimen de prisión domiciliaria, cumplan con su arresto.

Con los represores que cumplen prisión en su casas de Rosario y zona, ocurre lo mismo que con cualquier preso del Sistema Penitenciario Federal. Como Nación no tiene cárceles en la provincia, los condenados o procesados por la Justicia Federal se alojan en el Sistema Penitenciario de Santa Fe, a través de convenios entre los Ejecutivos de ambas jurisdicciones. Para los casos de arresto domiciliario el Gobierno Nacional también delega la tarea en la Provincia.

Según las fuentes de la dependencia provincial consultadas para esta nota, el tema de los represores con domiciliaria es considerado prioritario dentro del área. “Nosotros, sólo aceptamos presos condenados, pero en los casos de lesa humanidad, también tomamos casos de imputados que estén sólamente procesados”, afirman desde la Dirección.

Las mismas fuentes, indicaron que el control sobre los condenados y procesados se lleva a cabo de “modo manual”. Esto significa que personal civil del Ministerio hace visitas periódicas y sorpresivas a las direcciones informadas por la Justicia Federal.

¿Cómo se hace el control? Los empleados se presentan al lugar, tocan timbre, consignan que la persona esté y le hacen firmar una constancia. Las visitas se realizan en horario laboral de los empleados públicos, en el rango que va entre las 8 y las 15. Fuera de ese horario, el descontrol es total, y el cumplimiento del arresto, queda librado a la buena fe del detenido.

Si encuentra alguna irregularidad, la Dirección de Control la debe notificar al juez federal a cargo de la causa en la que está involucrado el detenido, y el magistrado puede revocar la domiciliaria, como ocurrió una vez con el fallecido ex Comandante del Segundo Cuerpo Genaro Díaz Bessone.  

“Es fundamental que se aplique el programa que tiene nación de tobilleras electrónicas, de esa manera, son monitoreados las 24 horas”, explican, desde la dependencia provincial. La Dirección de Control realizó el pedido el año pasado, pero desde el gobierno nacional no responden.

Nación banca las domiciliarias

Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano son dos abogados que hasta el año pasado contrataba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para llevar adelante su querella en varias decenas de expedientes por crímenes de lesa humanidad en Rosario y la región. Ambos, integrantes además del equipo jurídico de Hijos y Abuelas, fueron despedidos en distintas maneras y momentos y hoy Nación ya no tiene representante legal. El 7 y el 15 de marzo comienzan dos juicios orales (la causa Klotzman y Feced III).

“Ya en la causa Guerrieri tres (de mayo de 2017), en el último alegato que hicimos por Nación, en el que estaba Santiago, empezaron a bajar línea para que los abogados de la Secretaría no se sumen al pedido conjunto de las querellas de revocatoria, de oposición, a las prisiones domiciliarias de los represores”, contó Natalia a El Eslabón.

“Esa bajada de línea fue tal cual dice Natalia. Me acuerdo que fue la primera vez que sólo pedimos la revocatoria de las domiciliarias por Hijos y no por la Secretaría”, remarcó Santiago, quien era el único de los dos abogados de Nación que tenía la representación para estar presente en un juicio oral, mientras que Natalia trabajaba sólo en las causas que tramitaban su etapa de instrucción.

Un mes después del juicio Guerrieri III, Bereciartúa fue despedido y recibió un fuerte respaldo del movimiento de derechos humanos de Rosario y de distintos lugares del país, que denunciaron el hecho como un caso de persecución política, por su militancia y sus opiniones contrarias a la gestión Macri.

A partir de ahí, sin lograr la reincorporación de Santiago, la permanencia de Natalia en la Secretaría se hizo cada vez más insostenible. Continuaron las bajadas de línea en el mismo sentido, “cosa que pudimos ver que ocurría con abogados de la Secretaría en otros lugares del país”, refirió. “Incluso pedían que no habláramos de represores, sino de imputados”, agregó. Finalmente, desde Nación directamente dejaron de pagarle el sueldo a Moyano.

Ahora, la Secretaría de Derechos Humanos ya no sólo se callará ante los dictados de las prisiones domiciliarias de los genocidas, sino que tal vez ni siquiera participe de los juicios contra criminales de lesa humanidad, otra tendencia nacional que se impone en tiempos de Macri.

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