La Legislatura dio luz verde al Consenso Fiscal Lifschitz-Macri

Foto: Aire de Santa Fe

El Senado y Diputados aprobaron –en trámite express y con los diputados peronistas en contra– el pacto fiscal firmado por el gobernador Miguel Lifschitz con el presidente Mauricio Macri, y la reforma tributaria provincial.

Tratamiento express

Ambos proyectos tuvieron este jueves tratamiento y aprobación express en sesiones extraordinarias en la Legislatura. En la Cámara alta, fue clave la voluntad de la aplastante mayoría que integran los senadores peronistas por aprobar ambos proyectos. Pero las iniciativas fueron aprobadas, fundamentalmente, por la mayor{ia circunstancial compuesta por el Frente Progresista, Cívico y Social (socialismo más radicales aliancistas) y Cambiemos (Unión PRO más radicales macristas).

Previamente, sin embargo, legisladores peronistas y de otros espacios estuvieran reunidos con representantes del Movimiento Obrero Santafesino (MOS), quienes manifestaron su preocupación por esta adhesión de la provincia al “consenso fiscal” propuesto por Macri.

Además del bloque mencionado, se sumaron a la reunión con el MOS el bloque Frente Justicialista para la Victoria- PJ, que integran Roberto Mirabella, Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo; los legisladores peronistas Leandro Busatto y Luis Rubeo; Mercedes Meiery y Carlos del Frade, de la bancada Frente Social y Popular, y Rubén Giustiniani, quienes manifestaron su rechazo.

Pero los titulares de ambas cámaras legislativas no recibieron a los dirigentes gremiales como habían prometido. Uno de los referentes del MOS, el secretario general de la Festram, Claudio Leoni, se quejó de que los presidentes de ambas cámaras –Antonio Bonfatti de Diputados y Carlos Fascendini del Senado– incumplieron el compromiso público de convocar a esos mismos gremios para escuchar su postura antes de tratar la ley.

El jefe de los municipales recordó: “Habían prometido que nos convocarían antes de discutir estos proyectos, y eso no ocurrió. Esto implica llevar adelante políticas sin la participación de los trabajadores y de los sectores afectados. Acá no se cumplieron los compromisos, por eso queremos pedir que estas iniciativas no se traten hasta que el conjunto de los representantes del movimiento obrero sean escuchados. No queremos que este tipo de leyes sean votadas entre gallos y media noche”.

Entre las pocas voces que salieron a defender el Consenso Fiscal, el diputado Sergio Mas Varela, de Cambiemos, remarcó: «Si hay algo que este consenso fiscal tiene es que ha respetado la institucionalidad. Nadie está poniendo, a pesar de que existen condicionantes, una (pistola) Smith & Wesson en la frente de nadie para firmar este consenso fiscal».

El legislador macrista agregó, con exceso de obviedad: «Apoyamos la adhesión por estar de acuerdo con la política impulsada por el gobierno nacional, que es el sustrato de este consenso».

Diputados peronistas al rojo

A través de un comunicado de prensa, el bloque Frente Justicialista para la Victoria- PJ salió rápidamente a advertir las consecuencias de las dos iniciativas homologadas por la Legislatura, argumentando que “afectan la autonomía de la provincia”.

Silvia Simoncini, en una dura crítica, indicó que “el peronismo se opuso a al pacto fiscal que firmó Lifschitz con Macri y la reforma tributaria provincial, que tuvieron aprobación express en la Legislatura porque “hay un claro compromiso del gobernador con la política neoliberal del Gobierno nacional”.

Lo cierto es que la bancada peronista sostuvo que los pactos fiscal y tributario contienen elementos cuestionables: “Prohíbe el ingreso de personal en áreas claves como salud, educación y seguridad y pone en duda el pago de lo adeudado por la Nación a la provincia por la detracción indebida del 15 por ciento de coparticipación federal”, cuestionaron los legisladores.

Por otra parte, señalaron que “este Pacto Fiscal no es un proyecto aislado, sino que forma parte de una concepción ideológica que funda las políticas públicas del gobierno nacional. Políticas que atentan contra los derechos de los trabajadores, los jubilados y pensionados, los sectores sociales más vulnerables, que está provocando una fenomenal transferencia de recursos desde los sectores populares”.

En otro párrafo, recordaron otro de los efectos del Pacto Fiscal. “El gobierno nacional le dirá a los santafesinos cuanto deberá gastar, en qué deberá hacerlo y de dónde deberá obtener el recurso”, indicaron los legisladores, quienes explicaron que se trata de una ley que va en contra de las decisiones autónomas de las provincias, porque limita el incremento de lo que llama “gasto primario” –solo por inflación– y congela la planta de personal al 31 de diciembre de 2017. “Es decir, no podrá incorporarse a nadie más independientemente de las necesidades de los recursos humanos que se requieran, por ejemplo en área claves como salud, educación y seguridad, a fin de garantizar esos derechos”, reprocharon.

El pacto, a su vez, “exige acordar antes del 31 de marzo de 2018 el monto y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anteriores a este Consenso Fiscal”, aseguraron desde el bloque, lo que no modifica la situación vinculada al pago de la deuda por coparticipación que cuenta con fallo de la Corte desde noviembre de 2015, ya que el mismo obliga a las partes a convenir la deuda –y no establece ningún criterio para su actualización ni para la forma de pago– por lo cual “existe la misma incertidumbre y dudas respecto de la posibilidad llegar a un acuerdo justo, supeditando el pago de lo adeudado por la Nación a la aprobación de este Pacto”.

Los legisladores remarcaron que “mientras tanto, el gobierno nacional, anticipándose a la decisión de la Corte Suprema con referencia a la presentación de la provincia de Buenos Aires en reclamo por fondos del conurbano, le otorgará a la gobernadora María Eugenia Vidal una compensación de 21.000 millones de pesos en 2018 y de 44.000 para 2019, actualizable por inflación, por renunciar a dicho litigio, del cual la Corte no se había expedido al momento de la firma del Pacto Fiscal”.

Para el bloque, “en el mismo sentido, también hay que considerar que haber firmado este pacto implicó que la provincia de Santa Fe no haya recibido la parte proporcional del Fondo Solidario, con el consecuente perjuicio a municipios y comunas”.

El Consenso elimina progresivamente el impuesto a los sellos –siendo definitiva a partir del 1º de enero de 2022–, lo que representará una pérdida de ingresos para la provincia del orden de los 6.000 millones de pesos anuales a valores de 2017.

“Por otra parte, la firma de este pacto tiene un efecto aplastante sobre las autonomías de municipios y comunas y sus administraciones, dado que se establece que «las tasas municipales deberán adecuarse a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio», imposibilitando obtener recursos propios como el Derecho de Registro e Inspección (Drei), vitales para la gestión en las administraciones locales”, subrayaron los diputados peronistas.

Asimismo, puntualizaron que “el pacto plantea la modificación del artículo 19 del proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para el ejercicio 2018, estableciendo del artículo 7º de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo la eliminación de la coparticipación automática a municipios y comunas establecidas en las anteriores leyes de presupuestos nacional y nunca cumplida en nuestra provincia, convalidando la discrecionalidad política en los envíos de fondos a nuestras localidades y la mora tantas veces reclamada y denunciada”.

Finalmente los legisladores manifestaron su enérgico rechazo a la bandera del 82 por ciento móvil que se agita como victoriosa desde el Ejecutivo nacional, porque sólo alcanzará a una sola categoría de jubilados, y no a quienes trabajaron en negro, ni a quienes accedieron a las moratorias, ni a los pensionados. Esos ciudadanos, que a criterio del gobierno nacional parecen ser de segunda, no tendrán ese derecho porque considera «beneficiarios» a los jubilados y pensionados y no sujetos de derecho. A quienes les pagarán una compensación vergonzosa por única vez”.

Lluvia de críticas

Entre quienes se opusieron, Luis Rubeo, del bloque PJ, opinó que el consenso fiscal “favorece a la provincia de Buenos Aires”. El legislador rosarino exigió “una reforma tributaria en la provincia a la inversa, donde los que más paguen sean los que más tienen”.

La diputada Simoncini, entre los variados fundamentos que tuvo el voto en rechazo a las dos iniciativas, aseguró que “la firma del gobernador en el pacto fiscal ratifica un claro compromiso con la política neoliberal que pretende instituir el Gobierno Nacional”, a la que calificó como “una matriz ideológica que atrasa 100 años y avala el recorte de derechos sociales, laborales y previsionales”.

Para la vicepresidenta del bloque Fjpv, el análisis del proyecto, al que definió como “claramente coercitivo”, “no puede escindirse de los que impulsa y ejecuta Macri a nivel nacional como la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional”. Y agregó: “No son proyectos o cambios aislados –aclaró–, sino que forman parte de una concepción ideológica que funda sus políticas públicas, políticas que atentan contra los derechos de los trabajadores, los jubilados y pensionados, los sectores sociales más vulnerables, y que está provocando una fenomenal transferencia de recursos desde los sectores populares a los más poderosos, con la vieja, perimida, injusta y fracasada teoría del derrame”.

Impuestazo y tarifazo

En ese sentido, Simoncini consideró que todo este bagaje se ve reflejado en la reforma del código tributario que propuso el Ejecutivo provincial, y que tendrá repercusiones sobre el bolsillo de los ciudadanos e impactará en las autonomías provinciales y municipales. “Los santafesinos pagarán impuesto inmobiliario rural y urbano altísimo, impuestazo que se suma a los tarifazos de luz, agua y gas”.

Para la legisladora, todos estos efectos son “consecuencia de las decisiones políticas del Estado Nacional que suprimió los subsidios y dejó en manos de los CEO de las compañías energéticas las políticas tarifarias y el precio del combustible, y del Estado provincial que desde hace años deja que las empresas estatales de servicios públicos como la Empresa Provincial de la Energía o Aguas Santafesinas se manejen con la lógica de las empresas privadas, eludiendo su rol de garante de la accesibilidad a los servicios básicos de toda la población”.

La ex ministra de Salud consideró al respecto que “el Estado le quita el cuerpo a la compensación que pudiesen necesitar estas firmas (EPE y ASSA) para que los ciudadanos tengan una tarifa razonable, que se pueda pagar, todo esto en el marco de políticas de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pérdida de empleo, achicamiento del mercado interno, crecimiento de las importaciones y reducción de las jubilaciones y pensiones”.

Simoncini concluyó: “No estamos de acuerdo con el pacto fiscal firmado por el gobernador y no estamos de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria que responde irrestrictamente al mismo, por eso votamos negativamente en ambos casos”.