De uno y otro lado de la cordillera, la misma historia, los mismos retrocesos. La derecha quiere sangre, muerte e impunidad para genocidas. Los pinochetistas le piden a Piñera que reponga la pena capital y les conceda prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad. Igual que acá

La restauración conservadora que tiene lugar en la región, más allá de las profundas diferencias, y de las características únicas y particulares de cada país y cada proceso histórico, tiene elementos comunes derivados de una misma matriz ideológica: la mano dura y el desprecio por la vida y los derechos humanos están entre ellos.

Por eso la pena de muerte y la impunidad para los genocidas y los terroristas de Estado constituyen un clamor que se verifica tanto en la derecha chilena (de raíz pinochetista) como en la derecha macrista argentina (con disfraz democrático), por sólo tomar dos ejemplos separados por el macizo andino.

Casi al mismo tiempo, mientras en la Argentina el gobierno de Mauricio Macri alienta el fusilamiento por la espalda de militantes sociales y delincuentes comunes, y la amnistía o, al menos, la prisión domiciliaria, para terroristas de Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad, los pinochetistas piden, en sintonía con sus hermanos argentinos, pena capital para los que cometen delitos comunes y arresto domiciliario para los terroristas de Estado.  

Lo que sucede del otro lado de la cordillera aclara y sincera lo que sucede de este lado. Es como un eco que desnuda una misma pertenencia ideológica, es un gesto que derriba máscaras, desmiente y derriba los disimulos del gobierno argentino y quienes los apoyan.

De este lado de la cordillera, el macrismo todavía juega, aunque cada vez menos, es cierto, al cinismo, al histérico balbuceo institucionalista. Incluso se ofenden, o fingen ofenderse, si se los vincula con la dictadura. Los chilenos no.

Sebastián Piñera, empresario de derecha neoliberal que retorna para reimplantar la ceocracia, ganó las elecciones con el apoyo de la ultraderecha pinochetista pro-genocidio.

Y los muchachos ya empezaron a pedirle al presidente electo. Sin vueltas. Con obscenidad incluso.

Primero, pidieron reimplantar la pena de muerte. Y después arresto domiciliario para los pocos, poquísimos represores presos que hay en Chile.

Cinco diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que reivindica abiertamente el ideario del asesino Augusto Pinochet, pidieron al presidente electo de Chile que llame a un plebiscito para determinar si debe reponerse la pena de muerte, derogada en 2001.

“La pena de muerte y su reposición es un concepto que debe ser discutido por los chilenos”, señalaron los parlamentarios de la UDI en una carta remitida al multimillonario presidente electo.

“Hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos”, señalaron los legisladores de ultraderecha en referencia a los delincuentes comunes, asesinos y violadores, pero excluyendo a quienes cometieron esos mismos delitos en el marco del plan sistemático de exterminio instaurado durante la dictadura de Pinochet, avalada por EEUU y la CIA, según ya fue reconocido por la propia CIA y por el Congreso de EEUU.

Pero los dirigentes de la UDI no parecen enterados de las investigaciones que los propios estadounidenses llevaron adelante acerca de las atrocidades cometidas por los servicios de inteligencia de ese país y de Chile. Para ellos la obsesión sigue siendo la izquierda y quienes defienden los derechos humanos.

“Si en Chile se puede o no reponer la pena de muerte es una decisión que es controvertida y los que niegan su reposición son básicamente abogados y ONG liderados por la izquierda chilena”, agregaron los legisladores, que además utilizaron un doloroso hecho de alto impacto mediático para cursar su petición: el caso de una niña a la que su padre golpeó, violó y asfixió en Puerto Montt, en el sur de Chile.

La carta fue firmada por los diputados Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez Salamanca y Sergio Bobadilla.

La pena de muerte fue derogada en 2001, durante el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos, y reemplazada por la prisión perpetua calificada, en la que el condenado no puede solicitar la libertad condicional antes de haber cumplido efectivamente 40 años de reclusión.

Pero eso no fue todo. Hubo una segunda misiva para Piñera. Esta vez de los asesinos de uniforme.

La segunda petición llevaba la firma de 60 militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, detenidos en el penal de Punta Peuco.

Los reos, condenados por crímenes de lesa humanidad reclamaron al futuro gobierno de derecha que les otorgue el arresto domiciliario.

En la carta, según detalló el abogado de los genocidas, Raúl Meza, los delincuentes sostienen que “la familia militar entregó un voto de apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera bajo una condición fundamental: que se cumplan las exigencias, por primera vez, y las promesas que se hicieron en el programa de gobierno” del electo mandatario.

Según informó el diario Página|12, la carta fue elaborada por Miguel Estay Reyno, alias “el Fanta” y condenado por el llamado “caso degollados”, con referencia al secuestro y asesinato de tres dirigentes comunistas en 1985.

Durante su campaña proselitista, Piñera se comprometió a promover una ley para conmutar la pena a los reos con enfermedades terminales, para que puedan pasar en sus casas sus últimos días. El próximo 11 de marzo asumirá su segundo mandato.

UNA ALIANZA ENTRE EMPRESARIOS, CEOS Y REPRESORES PINOCHETISTAS

El ex presidente y millonario (que ya gobernó Chile entre 2010 y 2014) obtuvo el 54 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 17 de diciembre de 2017. Derrotó con contundencia al periodista y senador Alejandro Guillier, de Nueva Mayoría (NM) que representa la continuidad de la actual presidenta Michelle Bachelet, quien cosechó el 45 por ciento de los sufragios.

La sinergia con su amigo Mauricio Macri no augura nada bueno para los intereses populares y continentales. Y ya asoma una misma agenda, una misma concepción de la “seguridad” y, sobre todo, el mismo desprecio por los derechos de la ciudadanía.

Cuando ganó Piñera, festejaron en los barrios más ricos de Chile. Los mismos que salieron a pedir por la destitución de Salvador Allende hasta lograr el golpe de 1973. “El zurderío está de luto”, tituló un portal tras el triunfo de Piñera.

Algunos manifestantes incluso sacaron a pasear fotos y bustos del genocida Augusto Pinochet. Y ahora se entiende bien el porqué. La restauración conservadora que viene haciendo estragos en buena parte de la región se refuerza con un nuevo giro a la derecha que contiene muchos elementos de la ultraderecha más rancia, reaccionaria, antipopular y pro-genocidio.

El Piñera que regresa acaso sea una versión recargada con relación al anterior, porque el contexto regional y mundial es otro. El continente se ha derechizado. Cuando el multimillonario ejerció la candidatura por primera vez, entre 2010 y 2014, la derecha no estaba tan envalentonada. Donald Trump no era el presidente de EEUU. En la región, Cristina Fernández gobernaba la Argentina y Dilma Rousseff ejercía la primera magistratura en Brasil. Ahora los planetas están alineados de otra manera.

Se consolida, cordillera de por medio, un eje inter-ceocracias, inter-empresarial Piñera-Macri. Son amigos, homólogos en sus maneras de concebir la forma de gobernar-gerenciar-hacer negocios en favor propio, de sus empresas, de sus amigos y de las grandes corporaciones.

De hecho, uno de los mayores escándalos de la campaña presidencial chilena lo protagonizó el presidente argentino, quien en un hecho con pocos precedentes grabó un video en apoyo a Piñera, lo que motivó una queja formal de la Cancillería de Chile.

No es un hecho anecdótico. Significa que dirigentes empresariales devenidos mandatarios, como Piñera y Macri, vienen a licuar las instituciones y destruir los derechos en favor de los intereses corporativos. No les importan las normas, las leyes ni el derecho. El lucro está primero. La lógica empresarial, del mercado, de la ganancia, fagocita la democracia, que pasa a ser apenas un medio para que las corporaciones se hagan del poder del Estado.

Y también se consolida, de ambos lados de la cordillera, una misma cosmovisión a favor de los genocidas y la implementación de un nuevo Plan Cóndor, esta vez embozado y con una pátina de legalidad.

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