Ni batalla final ni una marcha más. La movilización que cerrará un verano caliente que comenzó en diciembre con la masiva protesta contra las reformas del régimen macrista, será el punto de inicio de un año en el que chocarán dos modelos de país que se excluyen entre sí.
“Mientras Moyano avanza con su marcha del 21, los funcionarios de Salud y Trabajo evalúan con sindicalistas afines destrabar fondos comprometidos”. La bajada del artículo firmado por Mariano Martín en Ámbito Financiero el pasado martes redondea el esfuerzo que el régimen de Mauricio Macri viene realizando para quebrar el frente gremial a la luz de la convocatoria a la marcha del 21 de febrero, que excede por mucho a los deseos de Hugo Moyano de mostrar sus uñas frente al modelo de saqueo.
Permeables a esas negociaciones, que ponen en juego la nada despreciable cifra de 5.000 millones de pesos, los gordos de la CGT se atropellaron entre sí en los últimos días para anunciar que no participarían o que se bajaban de la movilización.
No importa que sepan que negociar con el enemigo no garantiza que los fondos aterricen en las cajas de la seguridad social gremial. No cuenta para esa dirigencia la experiencia de los incontables incumplimientos de las promesas macristas. Hacia adentro, se trata de uno de esos argumentos pragmáticos que tanto entusiasman a cierta dirigencia sindical, en especial a aquella a la que le cuesta poco ser oficialista de todo oficialismo.
Otro de los intentos del macrismo por desprestigiar el reclamo gremial es la despiadada operación político-mediática contra el plan de lucha de los trabajadores bancarios, que amenaza con lastimar el corazón del sistema financiero, una de las cuatro patas sobre las que se asienta el modelo que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015.
Desde la burda acusación al líder de los bancarios, Sergio Palazzo, por una amenaza de paro de dos meses que nunca expresó, hasta las innumerables notas de los medios hegemónicos subrayando los “perjuicios” que ocasionó el paro del viernes 11 y los que se realizarán el lunes y martes de la semana que viene, el Gobierno pretende socavar el sólido cimiento sobre el que se mueve el gremio bancario para responder a la infame y provocadora oferta del 9 por ciento de aumento que echaron a rodar las cámaras patronales en la paritaria bancaria.
La naturaleza del conflicto social, y las características del núcleo de poder dominante anticipan un año de dura y acaso decisiva confrontación. En ese marco, la unidad política y gremial jugará un rol determinante, y es el factor que más molesta a Macri y sus socios, que saben lo que se juegan: la oligarquía jamás venció desde el poder al pueblo unido en resistencia y lucha. Es más, cuando lo intentó, más tarde o más temprano debió alejarse anticipadamente del poder.
Un toma y daca mentiroso
Lo que parece una oferta imposible de rechazar por el “capricho” de un dirigente –como quieren presentarlo los gordos al llamado a marchar el 21F– es una más de las engaña pichangas con que el macrismo ha seducido al ala más claudicante del movimiento obrero organizado.
El gobierno nacional pretende que el flujo de financiación de las alicaídas obras sociales –que debería recordarse en buena medida están así por el retaceo de los aportes patronales– lo paguen los que menos tienen.
Un auspicioso primer párrafo de una nota que publicó la web iProfesional echa luz sobre la cuestión: “A través de un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo incrementará el financiamiento del sistema de salud y, en particular, de las obras sociales que administran los sindicatos”.
Lo que se ve como un esfuerzo del Estado por restañar algo del daño cometido por él mismo y los grandes predadores de la economía se cae como un castillo de naipes en el siguiente párrafo: “Se analiza aumentar los aportes que efectúan los monotributistas por la atención médica en prestadoras sindicales y prepagas, y que actualmente alcanzan a 536 pesos mensuales cualquiera sea la categoría del pequeño contribuyente”.
Más adelante, el sitio arroja más data acerca del criminal planteo de financiación del macrismo. “Para ello, se analizan dos esquemas posibles: por una parte disponer una contribución adicional por cada miembro del grupo familiar del monotributista y a la par establecer una escala en el monto de los aportes de acuerdo al nivel de facturación del contribuyente”.
Todo ello es explicado y avalado por –señala el medio digital– uno de los gremialistas que participa de las negociaciones con el Gobierno: «No puede ser que todos paguen el mismo aporte, se está planeando una escala según qué categoría se trata, y que también se aporte por la familia porque sino el sistema es insostenible».
O sea, el Estado no pone un peso, la plata para financiar el sistema saldrá de los bolsillos de los monotributistas, y los defensores argumentales son los dirigentes gremiales que dicen que no marcharán el 21F porque no se puede dejar a mitad de camino el “diálogo” con el Gobierno, en éste y otros temas, que Macri & Cía resolverán seguramente con la misma generosidad que en el caso de las obras sociales.
El diario La Nación no encontró razones para andar con rodeos respecto del tema y el sábado pasado tituló: “La obra social de Moyano tiene los números en rojo y necesita cobrarle al Estado”.
Muy lejos de ese titular, al diario de los Mitre se le cae un párrafo muy ilustrativo acerca de los motivos de esa desfinanciación: «Estamos preparando una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que envíen veedores a la Argentina. El Gobierno está reteniendo el dinero de la salud de los trabajadores y le debe a Oschoca –la obra social de los camioneros– 1.500 millones de pesos. Nos discriminaron cuando anunciaron la reparación de la deuda con las obras sociales sindicales». La aclaración la hizo Daniel Llermanos, abogado penal de Moyano.
La Nación, que se diferencia de Clarín y al menos informa en el cuerpo central de sus notas aún a riesgo de desmentirse a sí misma y a sus propios títulos, publicó este dato revelador, que cualquier medio bien informado posee: “En agosto de 2016 Mauricio Macri, fruto de un acuerdo con la CGT, anunció el pago de una deuda histórica con las obras sociales sindicales. De una caja de 27.000 millones de pesos, se determinó que 2.704 millones serían destinados al pago de prestaciones de salud de alto costo, mientras que otros 14.000 millones serían colocados en bonos 2020 (Bonar 20) a nombre de la Superintendencia de Seguridad Social (SSS) para que los intereses sean integrados al Fondo Solidario de Redistribución que se reparte entre las obras sociales. Oschoca reclama una parte sustancial de esos fondos, mientras se fondea con dinero del gremio”.
De tal modo, los camioneros bancan a su obra social con fondos propios mientras el Estado macrista no hace frente a la deuda que tiene con la prestadora de servicios médico-asistenciales del gremio. Cabe recordar que la obra social de los camioneros atiende a casi 200 mil pacientes entre trabajadores y familiares. No es joda, Hugo lo sabe, y Macri también.
Ese presunto toma y daca, del que sólo se cumple el toma, no alteró en absoluto la voluntad del secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, quien aseguró que la movilización del próximo 21 será “multitudinaria”, y añadió que espera que Macri “entienda que no se puede seguir gobernando para un solo sector”.
El hijo de Hugo, contundente, agregó: “Hay que salir a la calle y demostrar que no vamos a abandonar la lucha”, luego de participar el martes pasado del acto de firma de un convenio de cooperación entre el comedor infantil Pequeños Camioneritos y la Asociación Civil Isauro Arancibia.
Está claro que ni los carpetazos, ni el apriete por los fondos de la obra social, ni la amenaza de meterlos presos por la causa que investiga la Justicia sobre presuntos desaguisados en el club Independiente lograron hacer un poquito de mella en la voluntad confrontativa de los Moyano, un rasgo que podrían imitar algunos dirigentes muy presurosos por alcanzar la unidad del peronismo pero que se bajaron con prisa de la convocatoria a la marcha del miércoles próximo.
Banqueros y bancarios frente a frente
El otro frente que el régimen macrista quiere petardear y hostigar es el que generó la respuesta de la Asociación Bancaria frente a la burla que representa el ofrecimiento de las cámaras patronales de un 9 por ciento de aumento salarial. El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, acompañado por todas las regionales a nivel nacional, lanzó un plan de lucha que comenzó el viernes 11, con un paro por 24 horas que generó movimientos tectónicos en las capas geológicas del poder financiero, que de todas maneras no quiso evitar la siguiente medida de fuerza, que se realizará entre el lunes 19 y martes 20 si no mejoran sustancialmente esa mezquina oferta.
Una operación de pinzas entre el Gobierno y el dispositivo hegemónico de medios pretendió ubicar a Palazzo como un desquiciado que amenazó con decretar un paro bancario de dos meses de duración. El dirigente salió a desmentir rápidamente esa operación, y explicó que buscan “desacreditar las protestas y reclamos de los trabajadores de la actividad”.
La adhesión y el duro efecto que logró el paro del viernes 11 puso muy nerviosos a banqueros, funcionarios y dispositivo mediático, y el titular de la Asociación Bancaria desvirtuó la operación montada en principio por Clarín, que llegó a titular “El video con la dura advertencia de Sergio Palazzo: “¿Aguantan un mes o dos sin bancos? Se les incendia el país”.
El referente, que también encabeza la Corriente Federal Sindical, opinó: “Sólo intentan desviar la atención respecto del real ofrecimiento empresario de mejora salarial del 9 por ciento. Todo aquel que haya asistido a la última y masiva asamblea general –de donde fueron tomadas sus palabras– y haya visto ese video sabe que jamás hice un planteo de ese tipo. Solo sostuve que, con mucho esfuerzo, los trabajadores pueden aguantar dos o tres meses sin la firma de un nuevo acuerdo salarial, pero no así el sistema financiero”.
En realidad, lo que hizo el dirigente durante la asamblea general fue trazar un diagnóstico en torno del conflicto, la coyuntura en la que se produce el mismo, y las consecuencias de la provocación de las cámaras patronales al ofrecer es 9 por ciento a los trabajadores: “Nosotros podemos aguantar dos meses, tres meses con mucho sacrificio no tener un acuerdo salarial. Ahora, ¿ellos aguantan un mes o dos meses sin bancos? Se les incendia el país porque somos una actividad que lastima cuando para”. En modo alguno anunciò un paro de dos meses ni amenazó con llevarlo a cabo.
Pero Palazzo dejó en claro algo que, obviamente, ni los medios ni el Gobierno mencionan: si los bancos se salen con la suya “implicaría que casi 7 mil millones de pesos no vayan a los bolsillos de los trabajadores bancarios”.
Como se ha señalado en estas páginas, el régimen macrista se apoya en cuatro patas: el sector energético, dominado por Shell a través de su (¿ex?) CEO Juan José Aranguren; la minería; el conglomerado agroexportador y el sistema financiero. Éste último es uno de los más beneficiados en los dos años largos de saqueo y expoliación que han llevado adelante Macri y sus socios. Que la banca nacional y transnacional hayan sido la punta de lanza de un esquema de salarios a la baja que se pretende imponer a sangre y fuego explica dos cosas: a qué está dispuesto el núcleo de poder dominante, y el por qué de una conflictividad de la que el 21F apenas asoma como la punta del iceberg.
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