Luego de haber sido defendido por el gobierno de Mauricio Macri, el funcionario debió dimitir, sin poder explicar por qué tenía 1,2 millón de dólares en una cuenta offshore en Andorra, que nunca había declarado.
Díaz Gilligan no era cualquier funcionario. Era subsecretario general de la Presidencia, apenas por debajo del titular del área Fernando De Andreis. Cuando se hizo público que le habían encontrado una cuenta no declarada en un banco de Andorra con depósitos por más de un millón de dólares, el Gobierno hizo todo lo posible por justificarlo, entre otras razones porque el propio ministro de Finanzas, Luis Caputo, se encuentra en la misma situación.
Este lunes, Díaz Gilligan fue denunciado penalmente por el diputado nacional del Frente Para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade, quien pidió que sea investigado por lavado de activos y omisión maliciosa.
Ese hecho apresuró todo, y el ex funcionario debió cumplir lo prometido durante el fin de semana, cuando dijo que llevaría las pruebas de su inocencia a la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Laura Alonso, que se especializa en defender a los integrantes del Gobierno en lugar de investigar las numerosas irregularidades que se vienen denunciando desde que Macri asumió en 2015.
Pero lo cierto es que el ex funcionario, antes de renunciar, apenas remitió un escrito de tan sólo seis líneas a la OA, en el que indicaba que en el futuro aportaría la documentación que terminaría probando su inocencia.
Al ex subsecretario lo dejaron solo incluso los aliados del PRO –radicales y de la lilista Coalición Cívica–, quienes no trepidaron en reclamar su renuncia.
Curiosamente, a pesar de haber renunciado, Díaz Gilligan dejó a alguien muy allegado con un cargo en el Estado: su hermana, María Inés Díaz Gilligan, quien también se desempeña en la Secretaría General de la Presidencia, designada en diciembre de 2015.
Una larga lista de cuenteros off shore
Si bien es cierto que el caso era indefendible, no presenta diferencias sustanciales con el que protagonizaron desde Macri hasta Caputo, ambos con cuentas off shore que nunca fueron declaradas.
Un listado que publica este martes el diario Página 12 da cuenta de que en el régimen macrista las cuentas en guaridas fiscales no son la excepción sino la regla.
La nómina la encabeza el propio Macri. Según el estudio contable panameño Mossack Fonseca revelò que el Presidente actuó y aún figura en algunos caso como director de dos empresas: Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, acompañando a Franco, su padre, y a Gianfranco, su hermano.
Le siguen Luis Caputo, el ministro de Finanzas, quien administró el fondo de inversión Alto Global Fund en Islas Caimán y Noctua Partners LLC, la gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware. Caputo, por otra parte, no informò nunca en su declaración jurada haber sido “el principal accionista de sociedades offshore entre agosto de 2009 y julio de 2015, entre ellas Princess International Group, radicada también en Islas Caimán”, subraya el diario porteño.
En el mismo ranking se puede observar al ministro de Energía Juan José Aranguren; el intendente de Lanús Néstor Grindetti; el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; el intendente de Vicente López Jorge Macri; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Pablo Clusellas, entre otros prominente funcionarios y dirigentes del macrismo.
Precisamente en torno de Caputo, Tailhade le señaló al matutino: “No podemos caer en la trampa que está proponiendo el oficialismo. Lo de Luis Caputo es mucho más grave. No sólo porque los conglomerados de sociedades offshore que eran de Caputo movieron 350 millones de dólares en negro, sino porque además está comprobado que esos fondos de inversión que manejaba compraron títulos de deuda externa argentina, que emite el propio Caputo”.
