El sonoro cachetazo que el movimiento obrero organizado le propinó este miércoles al gobierno de CEOs que encabeza Mauricio Macri quiso ser ninguneado, pero sus primeras reacciones vaticinan choques aún más virulentos.

Clarín, como vocero virtual del gobierno nacional, sintetizó en su título principal la reacción oficial frente a la contundencia del 21F: “Mauricio Macri no afloja en su pelea con los gremios: quiere cambiar el reparto de plata a las Obras Sociales”. Y más abajo, redondeó esa réplica: “El Gobierno reflotó un proyecto para crear un ente que controle la distribución de fondos para los tratamientos médicos más costosos”.

Como acostumbra la nave insignia del dispositivo mediático delincuencial que impera en términos hegemónicos en la Argentina, no cita fuentes con nombre y apellido, pero las huellas digitales y el ADN de quienes serán cómplices del macrismo son tan evidentes que no hace falta un equipo de CSI para saber que los gremios más claudicantes ante el poder macrista serán los directos beneficiarios.

“Uno de los organizadores de este cambio esencial para los sindicatos admitió ante Clarín que el nuevo esquema incluirá «premios y castigos» para aquellos gremios que no tengan sus cuentas en relativo orden”, escribe el operador de prensa Nicolás Wiñazki, naturalizando lo que a todas luces es manifiestamente ilegal, ya que los fondos de las obras sociales sindicales son de los gremios y los administra el Estado.

Pero la amenaza oficial sirve para mensurar dónde y cómo decidió pararse Macri y su Gabinete luego del cachetazo político que le infligió la mayoría real de los trabajadores, más allá de las dirigencias ausentes y las conducciones claudicantes.

En un intento por minimizar la masiva movilización, antes de la misma el Gobierno ya había intentado circunscribirla a Hugo Moyano, “necesitado” según el oficialismo, de frenar los embates de “la Justicia” en contra suyo y de su hijo Pablo. Este miércoles la respuesta no sólo se escuchó de boca del líder camionero, sino de los propios trabajadores que se lanzaron a las calles.

Pero a su vez, antes de la marcha, el mismo miércoles, Macri estuvo en Entre Ríos y se despachó contra lo que definió a favor de un país “sin aprietes, extorsiones, comportamientos mafiosos y sin buscar privilegios”.

Cualquier desprevenido podría haber pensado que el jefe de Estado estaba refiriéndose a cambios en el accionar de su propia administración, que es la que lleva adelante con más desparpajo esas prácticas, pero hablaba de los gremios. No de todos, sólo de los que intentan enfrentar el criminal ajuste que ejecuta el régimen que encabeza.

Un Gobierno que puso su principal esfuerzo en cuantificar la marcha en un número que movió a risa a sus organizadores –las estimaciones oficiales ponderaron en 90 mil los asistentes que colmaron la avenida 9 de Julio–, no entendió el contundente mensaje de la calle, y si quiere compensar políticamente ese duro impacto con un plan que profundiza la expoliación a los trabajadores, ingresa a un peligroso e imprevisible escenario de confrontación a todo o nada.

El tour que algunos ministros del Gabinete nacional llevaron adelante este miércoles por los canales de televisión a la noche intentando reducir la monumental movilización a un apoyo de dirigentes a Moyano, que quiere con eso escapar a las redes de la Justicia es, además de poco creíble, un síntoma preocupante.

Reuniones y chamuyos

El diario Página 12 menciona, por otra parte, que Macri mantuvo “una reunión de coordinación por la mañana, en la que estuvo, entre otros, el jefe de Gabinete, Marcos Peña”, en la que, se especula ni se discutió el tema de la marcha.

Sin embargo, hubo dos reuniones que pueden ser tomadas como indicadoras del grado de importancia real que el mandatario le otorgó a la movida de los trabajadores. La primera de ellas fue a solas con un radical que fue clave en el armado de la alianza Cambiemos: Ernesto Sanz. La otra fue con la conducción de la UCR, y los motivos del cónclave los interpreta Clarín: “Fue luego de que sus socios criticaran los errores no forzados del Gobierno en una cumbre partidaria”.

Sobre el primer encuentro, los voceros oficiosos de la Casa Rosada lo confirmaron, aunque nadie deslizó su contenido. Resulta misterioso, sin embargo, que el mendocino haya desmentido la reunión. Cuando un medio lo consultó, Sanz respondió: “Estoy de paso por Buenos Aires por asuntos profesionales”.

La reunión en Olivos con la nueva conducción del radicalismo duró algo más de 30 minutos, y en lo formal fue la recepción a otro mendocino, Alfredo Cornejo, quien fue elegido como titular de la UCR en diciembre pasado, pero a nadie escapa que Macri quiere suturar cualquier punto de fuga, y en los últimos días, el radicalismo mantuvo una cumbre en el Hotel Savoy, donde las críticas al Gobierno excedieron a la política: se manifestó una profunda preocupación por la marcha de la economía.

Tal vez para ahuyentar esos fantasmas, Clarín subrayó que “Macri ofreció números económicos para abonar el optimismo, como el repunte de la actividad turística y ratificó la política de «gradualismo»”.

No deja de parecer una humorada que el mandatario les haya dedicado a sus socios radicales, según el diario de Héctor Magnetto, una frase al estilo Polémica en el bar: “Hay que cuidar el mango”.

Por lo demás, desde el Gobierno ensayaron diversas tácticas para empañar el acto de este miércoles. El “costo país” de la movida fue un blooper: mientras intentaban ningunear el impacto de la movilización algunos funcionarios deslizaban que el 21F le “costó” al país la friolera de 4.800 millones de pesos por el paro de hecho que llevaron adelante los gremios asistentes o, medido en PBI, el 1 por ciento de lo que la Argentina produce diariamente.

Uno de los espadachines oficialistas, Federico Pinedo, no insinuó siquiera un mínimo de originalidad y disparó: “Cuando hay una investigación judicial no es un tema de huevos, es un tema de si uno cumple la ley o no”.

El senador que fue presidente por unas horas completó su análisis como desenfundando una 45: “Ningún gobierno democrático va a aceptar que ninguna persona diga que el gobierno se tiene que acabar. Va tanto para Moyano como para su coequiper que es (el ex juez de la Corte Eugenio) Zaffaroni”.

Con el descarado ministro de Trabajo Jorge Triaca opinando que en el escenario del 21F no se escuchó “ninguna propuesta” y que apenas hubo “un conjunto de argentinos defendiendo privilegios”, el síntoma más visible que exhibe el Gobierno nacional es el de un autismo que, cabe esperar, no provoque efectos aún más dramáticos sobre los sectores más vulnerables que los que ya generó en poco más de dos años de infame gestión.

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